Terremoto en la Policía y la Guardia Civil por el decreto de Interior sobre la jubilación anticipada

El proyecto de real decreto del Ministerio del Interior que regula la jubilación anticipada para la Policía Nacional ha provocado un terremoto entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La medida, de la que se beneficiarán los agentes encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social —en torno al 40% de policías en activo—, ha generado división entre los sindicatos policiales por no beneficiar a todos los funcionarios policiales y, sobre todo, gran enfado en la Guardia Civil, que se ha quedado fuera de esta medida. Por su parte, Jupol, el sindicato mayoritario del Cuerpo, ha celebrado que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska haya dado el paso para desbloquear esta reivindicación histórica tras años de presión sindical y judicial.

La propuesta no corresponde a una iniciativa voluntaria del ministerio. Es una consecuencia directa de una sentencia ganada en mayo de 2025 por el citado sindicato en el Tribunal Supremo. Hace dos semanas, tras el silencio de Interior, el TS obligó al Ejecutivo a actuar forzosamente y reconocer un derecho durante años negado a miles de policías. El fallo judicial corregía una desigualdad entre la Policía Nacional y otros cuerpos autonómicos y locales, que disfrutan de la jubilación anticipada desde hace años. No obstante, esa opción solo es para aquellos funcionarios que se incorporaron al Cuerpo a partir de 2011 y que cotizan por el régimen de la Seguridad Social.

El Supremo dejó fuera a los agentes encuadrados en el régimen de clases pasivas, en el que están dos tercios de la plantilla del Cuerpo, unos 50.000 agentes. La regulación, además, tampoco era de aplicación para la Guardia Civil. De esta forma, Interior ha decidido no beneficiar con la medida a más de 130.000 funcionarios, entre policías y guardias civiles, pese a que estos últimos reivindican este derecho igualmente desde hace años. El enfado entre las siete asociaciones de la Benemérita en el decreto ha llegado a tal extremo que han anunciado, en un comunicado conjunto, su salida del Consejo del Instituto Armado hasta que se convoque una mesa de diálogo para evitar su exclusión de la medida.

«Su naturaleza militar»

«Desde las asociaciones representativas no podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de real decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales. El motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar, pese a que de forma insistente venimos demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías», han denunciado las organizaciones UO, ASESGC, AUGC, JUCIL, APC-GC, AEGC e IGC.

A juicio de los guardias civiles, la exclusión del decreto es una «ofensa a la propia institución» tras la que no podían quedarse de brazos cruzados. Por este motivo, han decidido dejar de participar en el Consejo de la Guardia Civil y en los próximos grupos de trabajo, comisiones y plenos, donde las organizaciones impulsan mejoras en las condiciones de todos los agentes. Lo harán hasta «ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o el ministro del Interior para la apertura de una mesa de diálogo y alcanzar las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales». 

«Interior ha cruzado una línea roja»

Del mismo modo, la plataforma por una jubilación digna, que aglutina a una docena de organizaciones policiales, ha calificado de «insulto sin precedentes» el texto del Interior por «ignorar a la mayoría de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y condenar al olvido a los funcionarios en Clases Pasivas, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda», reza el comunicado. Los sindicatos y las asociaciones consideran que el «Ministerio del Interior ha cruzado una línea roja […]» y que los criterios que establecen los coeficientes reductores en la edad de jubilación son «insuficientes y discriminatorios».

Policías y guardias civiles denuncian, por otro lado, que esta maniobra del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska oculta una realidad política: que el «Gobierno se niega a reconocer el riesgo y la penalidad de nuestra profesión e igualar las jubilaciones de los miembros de las fuerzas de seguridad con las del resto de cuerpos policiales que operan en nuestro país». La plataforma exige la inclusión inmediata en el real decreto de todos los funcionarios policiales del Estado, tanto de clases pasivas como de seguridad social. La medida beneficia a quienes entraron más tarde en el Cuerpo, es decir, a los más jóvenes, y castiga a los que están más cerca de la jubilación.

Presupuestos

En cualquier caso, cabe destacar que la materialización de esta norma es aún lejana. Interior supedita esta propuesta a la aprobación de unos nuevos presupuestos, lo que por ahora carece de fecha en el horizonte, habida cuenta de la falta de apoyos que tiene el Gobierno en el Congreso para sacar las cuentas desde hace varios años. El texto de la propuesta establece que la aplicación de los coeficientes reductores implicará necesariamente un incremento en las cotizaciones sociales del colectivo afectado. Y esa cotización es «una condición indispensable» para que pueda reducirse la edad de jubilación sin comprometer el equilibrio financiero del sistema. En otras palabras, se necesitan presupuestos sí o sí. Y, por tanto, la aprobación del decreto podría extenderse durante años.