La Policía investiga al comisario jefe del Senado por acoso continuado a decenas de agentes
Recursos Humanos ha abierto una inspección psicosocial tras recibir denuncias de policías a través de dos sindicatos
Una entrega de condecoraciones policiales en la Cámara Alta. | Senado
La Policía Nacional ha abierto una investigación interna sobre acoso laboral en la Comisaría Especial del Senado, ubicada en la Cámara Alta, tras recibir decenas de denuncias de agentes contra el responsable de este departamento policial, el comisario Julián P. M. La Subdirección General de Recursos Humanos, dirigida por la comisaria Gemma Barroso, ha ordenado una inspección psicosocial para indagar en el asunto después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policías (UFP) aglutinasen y elevasen al Ministerio del Interior hace semanas las quejas sobre la situación de «acoso, estrés y malestar generalizado» que habría creado el comisario jefe entre la plantilla, según revelan fuentes policiales a THE OBJECTIVE.
Los escritos de las organizaciones sindicales, a los que ha tenido acceso este diario, sostienen que el clima laboral es «consecuencia directa de los patrones conductuales y el estilo de liderazgo nocivo ejercido por el jefe de la unidad». En este sentido, el SUP ha documentado «graves atropellos» contra los derechos de los trabajadores. Entre ellos, según reza el dosier, el castigo a agentes «con cambios de puesto de trabajo por ejercer derechos consolidados, como el disfrute de un permiso de paternidad»; o ataques a la salud laboral y a mujeres embarazadas, con la «retirada de sillones de la sala de descanso, sustituyéndolos por las sillas rígidas, contraviniendo la normativa de seguridad».
En cualquier caso, indican fuentes policiales, lo que ha convertido en insostenible el trabajo de los agentes es el tono «amenazante constante» con que el mando se dirige a los subordinados. «Todo son amenazas. ‘Te echo si no haces esto, te fundo si no haces lo otro‘. El clima es de auténtico terror», aseguran estas fuentes. Hasta la llegada de este comisario, la Comisaría Especial del Senado era un destino muy solicitado en la Policía. Ahora es todo lo contrario. «La mayoría de policías quiere irse. Otros incluso se han visto obligados», sostienen. Al parecer, el responsable también habría forzado a agentes próximos a la jubilación a solicitar la segunda actividad o retirarse anticipadamente tras negarles una adaptación de su puesto de trabajo.
«Huida» de agentes
El presunto mobbing del mando policial ha empujado a una quincena de agentes a dejar la comisaría en el último año, según revelan fuentes policiales. «Se ha constatado una disminución progresiva y alarmante del número de funcionarios destinados en la comisaría. Un descenso que no puede atribuirse exclusivamente a causas ordinarias de rotación o jubilación, sino que guarda estrecha relación con el deterioro del clima laboral, lo que ha generado una pérdida o huida de funcionarios/as policiales que compromete seriamente el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a esta unidad», advierte en su escrito la Unión Federal de Policías.
Una circunstancia «especialmente preocupante si se tiene en cuenta la relevancia institucional del lugar donde los funcionarios prestan sus servicios, cuya operatividad y servicios no puede verse menoscabada», señala el citado sindicato. Fuentes policiales advierten de que el mando ha impuesto ahora que los agentes estén en el túnel del garaje del Senado para revisar los maleteros de los vehículos, pese a estar expuestos a los gases tóxicos. «Las alarmas de contaminación han saltado varias veces y los policías han seguido allí. Todos los días se marchan del trabajo con cefaleas».
Los sindicatos relatan «tensiones internas de carácter continuado y una creciente sensación de desprotección profesional entre los funcionarios destinados» en la Comisaría del Senado. Una situación que «lejos de ser puntual se ha consolidado como una problemática estructural que afecta de forma directa al bienestar y a la salud laboral de los agentes». Además, también ponen en el foco diversos incidentes «que han tenido una notable repercusión en redes sociales y medios de comunicación» y que «han expuesto públicamente a los funcionarios de la unidad» en circunstancias que posteriormente «no han ido acompañadas del necesario respaldo institucional», como ocurrió con el altercado entre el activista ultra Vito Quiles y la analista televisiva Sarah Santaolalla.
«Un historial de abusos»
La investigación que ha iniciado la Subdirección General de Recursos Humanos contra el responsable de la Comisaría del Senado no es la primera inspección a la que se enfrenta. El mando policial arrastra «un preocupante historial de abusos» en sus destinos previos y ha dejado «un reguero de incidencias» en distintos departamentos policiales, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Entre esas prácticas recurrentes, destaca un gran número de expedientes disciplinarios, un elevado número de quejas y alteraciones arbitrarias en puestos de trabajo de sus subordinados.
De hecho, el citado sindicato ya solicitó una evaluación psicosocial en julio de 2024 cuando el responsable dirigía la Comisaría de Policía de Leganés, en Madrid. Entonces, «el miedo infundido bajo la amenaza constante de expedientes disciplinarios llevó a los agentes a percibir su destino como un castigo». El clima laboral era tan perjudicial que la tensión diaria, el estrés y el miedo a las represalias llevaron a los policías de la localidad madrileña a evitar usar los baños de la comisaría, prefiriendo salir a los bares de los alrededores por temor a encontrarse con el jefe policial, revelan fuentes sindicales.
Su etapa en los antidisturbios
Esa inspección, sin embargo, nunca se realizó. Cuando se iba a proceder a esa revisión del entorno laboral, el mando fue reubicado en la Comisaría Especial del Senado. De tal forma que las condiciones psicosociales de dicha área policial se modificaron tan rápido que la evaluación de la comisaría de Leganés dejó de tener sentido. Cabe destacar que el responsable policial era un mando muy próximo al exDAO José Ángel González, investigado por una presunta agresión sexual a una subordinada. Ahora, sin embargo, no será así. La Policía ha repartido ya cuestionarios entre los agentes del Senado y tiene previsto llevar a cabo entrevistas a todos los implicados en los próximos días.
Por otro lado, su etapa policial en la Jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, tampoco estuvo exenta de polémicas. En esa época, el clima laboral que instauró Julian P.M. derivó en la baja y posterior jubilación de un agente. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una sentencia en firme en la que estableció un nexo de causalidad directa entre el «ambiente tóxico y acoso laboral generado en la unidad y el trastorno adaptativo ansioso severo que sufrió el policía». En el informe forense, los facultativos ponían el foco en que «esos actos lesivos consistían en humillaciones, insultos e incluso burlas» por parte del mando.