Sin dinero suficiente, ¿cómo paga el CNI sus gastos reservados?

¿El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenía suficiente en 2013 con 19,8 millones de euros para financiar sus gastos reservados? Estoy seguro, con la información de que dispongo, de que no podían afrontar sus necesidades vitales como el pago de confidentes y colaboradores, compra de información, financiación de operaciones encubiertas, hacer frente a situaciones conflictivas en España y el extranjero o la adquisición de material o viviendas y locales que nadie debe saber que les pertenecen. Pues 13 años después, imagínense cuál debe ser la situación cuando el dinero que les entrega el Estado para cumplir esas labores tan vitales sigue siendo exactamente el mismo.

El presupuesto total del servicio de inteligencia es de 337 millones, al que hay que sumarle 106,36 millones incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, un incremento muy considerable y muy necesario, según los expertos en la materia, que les permitirá hacer frente a asuntos complicados como el de la ciberseguridad.

La única posibilidad para entender esa congelación en gastos reservados es que esos fondos opacos tienen una mala imagen en la sociedad por el oscurantismo que necesariamente les envuelve, y que los mandos de la Casa tengan que sacar el dinero de otros capítulos presupuestarios o que, como hacían antaño, rebañen dentro y fuera del servicio para sumar el dinero que necesitan y no les entregan. Porque es incomprensible que desde 2013 solo hayan gastado anualmente esos 19,8 millones de euros.

¿De dónde sacar más dinero?

Lo que da sentido a un servicio secreto es precisamente su participación en misiones que deben permanecer escondidas en las alcantarillas. Es ese dinero que gastan y no deben justificar en ningún documento oficial porque sirvió para actuaciones inconfesables sin las que no habrían podido resolver problemas vitales para el país.

Este ha sido históricamente un problema para los espías. Ya existía cuando en 1981 Emilio Alonso Manglano fue designado director y tuvo que buscar una solución imaginativa que perduró durante al menos 20 años. Lo que hizo fue crear una caja B a fin de cubrir esos desembolsos excepcionales para los que el presupuesto oficial no les llegaba. Manejaron cantidades muy altas que, al cambio, pudieron estar alrededor de los 15 millones de euros.

La llave que abrió el arcón y expuso a la luz el secreto mejor guardado comenzó con un hecho casual. Un experimentado agente llamado Diego Camacho, destinado en 1995 en la División de Inteligencia Exterior, había trabajado en las delegaciones del servicio en Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Marruecos y Francia en la década de los ochenta, siempre con su familia a cuestas. Un día, un amigo le preguntó si en cada una de sus mudanzas de ida y vuelta al extranjero le habían pagado la llamada «indemnización por destino en el exterior». Era una cantidad estipulada en el 10% del sueldo, a la que tenía derecho por una norma estatal, igual que los diplomáticos.

Se quedó sorprendido; a él no le habían sufragado nada de sus desplazamientos. Se informó y descubrió que ninguno de sus compañeros de división había percibido esa indemnización legal y que los diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores siempre la cobraban. Después corroboró que no era el servicio secreto el que tenía que desembolsarla de sus arcas, sino que era el Estado el que la incluía en los Presupuestos, dentro de la cantidad que anualmente transfería al servicio secreto. Antes de decir nada, también comprobó que el Estado había enviado al Cesid las cantidades correspondientes y entonces se quedó pasmado: La Casa se había quedado con las indemnizaciones de todos los que habían sido destinados al extranjero durante al menos 13 años.

Fondo oculto para gastos especiales

Camacho había tocado sin pretenderlo una de las prácticas más camufladas en el interior del servicio de inteligencia: la existencia de una caja B. Emilio Alonso Manglano había creado un fondo oculto para gastos especiales que no podía cubrir con el presupuesto que le daba el Gobierno. Se desconoce de dónde procedía la mayor parte de los millones que contenía —entonces de pesetas—, pero una parte era el dinero para cubrir las indemnizaciones por destino en el exterior. También se descubrió que el servicio secreto —entonces Cesid— informaba a las autoridades políticas de determinados capítulos presupuestarios que no iba a gastar el Ministerio de Defensa y les pedía que se los pasaran antes de perderlos.

Félix Miranda, el sustituto de Manglano, se quedó pasmado cuando se enteró de la existencia de ese fondo sin declarar, de procedencia nada legal, e intentó traspasárselo al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Miranda abandonó unos meses después el puesto sin haber conseguido trasladarle el embolado a su jefe político.

En 1996, José María Aznar nombró director del Cesid a Javier Calderón. Poco tiempo después, Diego Camacho le expuso en su despacho lo que había descubierto en relación al dinero que les habían birlado por indemnización cada vez que él y sus compañeros salían a un destino en una delegación en el extranjero. Le reconoció que tenía razón, «pero no te la voy a dar porque tendría que meter en la cárcel a 20 tíos».

Años después, nadie se explica cómo hace el servicio secreto para hacer frente a esas partidas tan vitales. Quizás el Gobierno debería dejarse de exquisiteces y entregarles una cantidad real con la que afrontar esos gastos.