Casi 3.000 presos trabajan desde la cárcel para 88 empresas españolas
El objetivo de los programas es facilitar la reinserción laboral y social de los reclusos mediante la experiencia profesional
Un preso soldando una pieza metálica. | EP
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dado luz verde a que 88 empresas desarrollen actividades laborales dentro de centros penitenciarios de España. Esta iniciativa ha permitido que alrededor de 2.700 presos trabajen cada mes en actividades productivas durante 2025, según una resolución oficial del Ministerio del Interior a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE a través de una solicitud del Portal de Transparencia.
El documento, emitido por la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, detalla el listado completo de compañías implicadas, entre las que se encuentran firmas industriales, logísticas, tecnológicas y de servicios. Entre ellas figuran nombres como Aceper SL, Ficosa Automotive SLU, Knorr Bremse España SA, Plásticos Industriales Geca SA y Zalux, SA.
Según los datos, el número de presos empleados apenas ha experimentado variaciones a lo largo del año. En marzo de 2025 se alcanzaron los 2.700 trabajadores, con un pico de 2.805 internos en julio. La media anual se mantiene alrededor de los 2.700, muy similar a la de 2024.
Este modelo de trabajo se desarrolla a través de talleres en colaboración con empresas externas, que son las encargadas de dirigir estas actividades dentro de los centros penitenciarios. La Administración regula las condiciones laborales y establece los módulos retributivos, aprobados por el Consejo de Administración, y que no varían en función de la empresa colaboradora.
Aunque el documento no especifica el tipo de tareas realizadas por los internos en cada empresa ni el salario por hora, sí deja claro que el objetivo de estos programas es facilitar la reinserción laboral y social de los presos mediante la experiencia profesional.
CCOO reclama una oferta de empleo público extraordinaria
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) reclamó el pasado 2 de marzo una oferta de empleo público extraordinaria para las prisiones, ante la falta de personal en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio de Interior, donde aseguran que hay «una ratio reclusos/personal un 40% superior a las recomendaciones europeas».
En un comunicado, el sindicato insistió en «la necesidad de una Oferta de Empleo Público extraordinaria que alivie estos déficits y permita abordar los graves problemas que acechan al modelo penitenciario español», ya que las ofertas de empleo público de los últimos años «son insuficientes para dar respuesta a los problemas del sistema público penitenciario».
La sección sindical de CCOO en Instituciones Penitenciarias señaló que «hay 3.000 plazas vacantes en las prisiones» y, además, que los trabajadores sufren agresiones ante la «indiferencia del Ministerio, lo que genera que sea muy difícil que avance la reinserción».
«La población reclusa está en un proceso de crecimiento sostenible. Desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2025 ha crecido un 11,71% (7,53% en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior), mientras que el personal ha aumentado en el mismo periodo en un 2% efectivo».
También denunciaron el «desmantelamiento» de la sanidad penitenciaria, donde la asistencia primaria a la población reclusa está «totalmente cuestionada, privando del derecho a la salud por estar en prisión». CCOO hizo especial hincapié en el «abandono de la salud mental, donde las prisiones se han convertido en instituciones psiquiátricas, sin psiquiatras ni recursos adecuados».
El déficit de personal «repercute directamente sobre la calidad del servicio, la seguridad de los establecimientos y, fundamentalmente, sobre la carga de trabajo y la salud del personal penitenciario», ha continuado, destacando una enfermería «que está obligada a hacer guardias que llegan a superar el máximo de jornada anual de la directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo».
En este sentido, el sindicato señaló «el incumplimiento de la Ley Orgánica General Penitenciaria de que haya una persona interna por celda de forma continuada» y sentenciaron que «decenas de módulos permanecen cerrados por falta de personal».