El PSOE hizo consejero de Caja Segovia al abogado que conecta tres tramas corruptas

Un despacho de abogados en el número 76 de la calle Serrano de Madrid. Esa dirección, a menos de dos minutos a pie de la sede central de la empresa Forestalia, se ha convertido en una de las coordenadas más relevantes de las investigaciones sobre corrupción que sacuden al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde allí operaba Roberto Pérez Águeda, un abogado cuyo nombre aparece, de forma recurrente, en el centro de tres causas judiciales distintas: el caso Forestalia, el caso Koldo y el caso SEPI; tres causas que afectan de lleno al PSOE, formación que hace década y media facilitó a Pérez Águeda, al que la Guardia Civil califica de «testaferro», un puesto en el consejo de la Caja de Ahorros de Segovia.

La relación de este abogado con círculos del PSOE se remonta, al menos, a 2007. En julio de ese año, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó la designación de los consejeros generales de las cajas de ahorro de la comunidad autónoma. Roberto Pérez Águeda figura en la lista como consejero general de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (bajo el nombre comercial de Caja Segovia). Entre paréntesis, «socialista», en referencia al grupo parlamentario de las Cortes que le propuso para el cargo.

Este puesto no llevaba aparejado sueldo, pero según figura en documentos oficiales del Consejo de Administración de esa caja —que desapareció como tal en 2013—, cada consejero cobraba entre 8.000 y 11.000 euros anuales por acudir a una docena de reuniones cada ejercicio.

Pérez Águeda es un asesor vinculado a cientos de empresas del sector energético cuyo despacho en la calle Serrano se ha convertido en una dirección recurrente en varias investigaciones de la Guardia Civil. No es un nombre que aparezca en los titulares con frecuencia. Su papel, precisamente, consistía en no aparecer. En permanecer en la sombra mientras gestionaba un entramado societario de enorme complejidad.

Los investigadores consideran que el letrado creaba estructuras societarias para, presuntamente, mover negocios y ocultar a sus beneficiarios. En el marco del caso Forestalia —uno de los presuntos escándalos de corrupción ambiental más graves de la historia reciente de España— la Unidad Central Operativa de Medioambiente (Ucoma) de la Guardia Civil lo sitúa como presunto «testaferro» del dueño del gigante energético aragonés, Fernando Samper.

El 3 de marzo de 2026, los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda fueron arrestados junto a Samper, el notario Javier de Lucas y Cadenas y Eugenio Domínguez, exsubdirector de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Domínguez habría recibido millones de Forestalia a cambio de otorgar autorizaciones ambientales irregulares.

Dentro de la empresa, Pérez Águeda no era un asesor más. El volumen de trabajo que Forestalia aportaba a su consultora era tal que ambas partes convinieron en instalar un pequeño despacho en las propias instalaciones del gigante aragonés. Entre la plantilla, se referían a él simplemente como «el abogado».

Fue el propio Domínguez quien, ante los investigadores, relató que Pérez Águeda le mostró en su despacho de Serrano un esbozo de cómo crearía la estructura societaria para desarrollar proyectos de energías renovables, donde presuntamente recaerían los beneficios derivados de la explotación de los parques eólicos. Así, según los informes policiales, funcionaba el mecanismo del soborno: no en metálico, sino a través de participaciones en sociedades interpuestas que se revalorizarían con las licencias obtenidas de forma irregular.

Un extraño robo

Uno de los episodios más llamativos de esta investigación tiene que ver con un robo desvelado en exclusiva por este diario. En la primavera de 2024, la Policía Nacional se personó en las oficinas de Forestalia en Madrid tras una denuncia: alguien había accedido a un despacho apartado y cerrado con llave, del que sustrajo el ordenador portátil de Pérez Águeda, un dispositivo que, a priori, contenía información confidencial que podría explicar parte de la presunta operativa corrupta. El portátil nunca apareció. La investigación quedó archivada sin identificar al autor.

Sin embargo, aquel incidente quedó grabado entre la dirección de Forestalia —se intentó que no trascendiese más abajo— precisamente porque se conocía la importancia estratégica del material que manejaba Pérez Águeda. Y por una particularidad: quien accedió a Forestalia para realizar el robo parecía conocer al detalle no solo la distribución de la sede, sino la ubicación concreta del pequeño despacho que albergaba este portátil, una sala que ni siquiera estaba a mano. Los ladrones obviaron otro material de valor en su camino hacia el despacho de Pérez Águeda.

Conectando tramas

Lo que hace especialmente singular la figura de Pérez Águeda es su presencia cruzada en investigaciones que, hasta hace poco, se seguían de forma separada. La coincidencia de su despacho en tres investigaciones distintas —Forestalia, el entorno empresarial del caso Koldo y las ayudas públicas vinculadas a la SEPI— ha llevado a los investigadores a analizar si las distintas tramas compartieron infraestructuras jurídicas y societarias.

En el caso SEPI, Pérez Águeda figura como representante legal de Arapellet, empresa del grupo Forestalia que recibió financiación pública a través de Sepides, y a la que habría pagado para conseguir una ayuda pública de 17 millones de euros.

Su huella alcanza también al caso Koldo. Según los registros mercantiles, Antxon Alonso —socio en secreto del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán— adquirió en septiembre de 2022 la empresa Next Generation Caliope Innova de Roberto Pérez Águeda, quien la había fundado meses antes. Curiosamente, se deshizo de ella el pasado mes de noviembre, el mismo día en que Cerdán salió de prisión. No está de más recordar que la Guardia Civil sospecha que Cerdán y Alonso eran socios en secreto de más empresas aparte de Servinabar, tal y como ha informado TO.

Con la investigación abierta, Forestalia ha comenzado a desmantelar las estructuras que lo vinculan a Pérez Águeda. Tras los registros de la Guardia Civil, la empresa elevó a público el cese de Pérez Águeda como miembro del órgano rector de Levitec Sistemas, una de las principales compañías del grupo.

El juez instructor ha suspendido plazos procesales hasta el 31 de marzo, cuando comenzará a computarse, entre otros, el plazo del recurso de reforma interpuesto por la representación de los hermanos Pérez Águeda. La causa, mientras tanto, podría trasladarse a la Audiencia Nacional, dada su complejidad y su alcance territorial.