Policías denuncian que la regularización prioriza «el trámite administrativo frente a la seguridad»
El Gobierno prevé refuerzos para las oficinas que recibirán y revisarán solicitudes pero no para las plantillas policiales
Personas esperando frente a la oficina de extranjería. | EP
La preocupación crece en la Policía Nacional a medida que el Gobierno ultima los flecos del proceso de regularización extraordinaria. El Ejecutivo ha diseñado un plan de contención para hacer frente a la avalancha de solicitudes que, a juicio de las fuentes policiales consultadas por THE OBJECTIVE, da prioridad «al trámite administrativo frente a la seguridad pública». El último borrador del decreto anuncia la apertura de oficinas de Correos y de la Seguridad Social para recabar las peticiones del casi millón de personas que se encuentran en situación irregular; y además establece que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) de Galicia, dependiente del Ministerio de Migraciones, centralice la gestión de todos los expedientes. Anteriormente, en otras regulaciones, lo habían hecho oficinas provinciales de Extranjería, dependientes de Función Pública.
Estas medidas anunciadas por el Ejecutivo han creado más desasosiego en la Policía, habida cuenta de que en la víspera de que se inicien los trámites —previstos a partir del 1 de abril— no hay ningún plan equivalente para reforzar la carga de trabajo que recaerá sobre el Cuerpo. Según ha denunciado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), esta situación generará un «desequilibrio evidente». Mientras se organiza la gestión burocrática de cientos de miles de expedientes con un gran despliegue de medios, no hay previsto ni un solo refuerzo para otro elemento clave del proceso: el control policial de seguridad.
Funcionarios «sin capacidad»
Con el borrador del decreto —que puede no ser el definitivo—, el Gobierno ha despejado una incógnita clave: que la citada oficina del Ministerio de Migraciones será finalmente la que se ocupe de revisar y acreditar los documentos que presenten los solicitantes. La regularización masiva está prevista para todo aquel que estuviera en España antes del 1 de enero de 2026 y haya permanecido cinco meses consecutivos en el país antes de la citada fecha. No obstante, todavía es una incógnita la forma en que los solicitantes podrán demostrar ese periodo de residencia. El otro requisito es que el inmigrante irregular no tenga antecedentes penales.
La Policía «duda de la capacidad» de los funcionarios de Migraciones para evaluar cada expediente y advierte de que ese trámite se convertirá en «un coladero de seguridad». «¿Servirá un ticket de compra como medio de prueba? ¿El certificado de antecedentes será auténtico? ¿Servirá un pasaporte caducado?», cuestionan fuentes policiales. Desde el Ministerio de Función Pública, que también pujaba para que las oficinas de Extranjería, dependientes de las subdelegaciones de Gobierno, se hiciesen cargo de ese trámite, advierten del mismo extremo: no cuentan con personal especializado y, aunque se refuerce, los trámites se dilatarán. En un principio, el Gobierno quiere resolver cada petición en un plazo máximo de tres meses.
Fuentes policiales también advierten de los retrasos que acumulan algunas oficinas de extranjería con trámites similares. De hecho, según denunció el SUP a mediados de febrero, en estas unidades el sistema informático que permitía el filtrado masivo de antecedentes llevaba más de dos meses sin estar operativo, lo que obligaba posteriormente a los agentes a hacer esas comprobaciones de forma manual. Una circunstancia que la Dirección General de la Policía solventó, pero que durante semanas multiplicó por 10 el volumen de trabajo al que debían hacer frente los funcionarios.
El papel de la Policía
La Comisaría General de Extranjería será la encargada de verificar posibles irregularidades en los expedientes, una vez sean detectados por la UTEX de Galicia. Desde los sindicatos, no obstante, advierten de que las unidades todavía no han tenido tiempo de recuperar la normalidad tras los errores en el citado sistema informático y ahora se enfrentarán a una carga extraordinaria sin refuerzo alguno. Al margen de que no se haya previsto un incremento de la plantilla, fuentes policiales señalan que la Policía también cuenta con limitaciones técnicas, como los propios sistemas de comunicación policial que, advierten, no están preparados para soportar un volumen masivo de intercambio de documentación.
Además, los requisitos que exige el Gobierno para la regularización masiva introducen «elementos preocupantes desde el punto de vista de la seguridad», sostienen fuentes policiales. Se refieren a la posibilidad de sustituir certificados de antecedentes por declaraciones responsables, en un contexto en el que el acceso a la información penal de países de origen es limitado o inexistente. Organizaciones policiales como el Sindicato Unificado de Policía alertan de que «la ausencia de antecedentes en España no equivale a ausencia de historial en el país de origen, por lo que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone un riesgo evidente».
En definitiva, la Policía Nacional será la encargada de realizar informes, verificar identidades y detectar posibles riesgos, pero sin medios adicionales y con unidades saturadas, lo que, vaticinan fuentes del Cuerpo, puede convertir el filtro de seguridad en simplemente otro trámite administrativo. El anuncio de la regularización extraordinaria, además, se produce en un momento de presión migratoria creciente, con nuevas rutas detectadas, algunas de ellas con origen en países europeos; y un incremento de entradas por vías como la aérea o marítima, como ha sucedido en Ceuta, lo que incrementa la carga operativa sobre la Policía Nacional en materia de control, identificación y gestión de expedientes.