Para qué utiliza el servicio secreto los fondos reservados

Tras mi artículo de la semana pasada sobre los fondos reservados, algunos me habéis preguntado cuál es el uso concreto que se da a esa partida presupuestaria. El secretismo que lo ampara impide acceder a esa información, pero en mis años de investigación sobre la materia me he encontrado con varios casos en los que el CNI ha utilizado dinero procedente de esos fondos. Os cuento algunos.

Liberar secuestrados

El comisario José Villarejo se tomó como un ataque personal el intento de implicar a su amigo policía Carlos Salamanca, incluso a su propio hijo, en el caso Emperador contra la mafia china y actuó en consecuencia. Le llegó información de que el director del CNI, Félix Sanz, había ordenado una guerra abierta contra él y no pensó en dar marcha atrás ni rendirse. Envió un informe a sus superiores en el que informaba de que en el rescate pagado por la liberación de dos periodistas españoles en Siria —Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova— se habían perdido por el camino tres millones de euros de los fondos reservados.

Aunque ni en esta ocasión, ni en las anteriores o posteriores, se reconoció oficialmente, siempre se ha pagado rescate. Por el pesquero vasco Playa de Bakio, secuestrado por piratas somalíes en abril de 2008, se entregaron cerca de un millón de euros, que procedieron de los fondos reservados del servicio de inteligencia. Teóricamente, se estableció que los armadores del pesquero devolverían más tarde una parte de lo pagado, aunque existen dudas de que lo hayan hecho. En los secuestros de cooperantes de diversas ONG y de periodistas, el rescate salió íntegramente de esos fondos reservados. Dinero que no solo era para pagar a los secuestradores, sino también a los facilitadores que intervenían para conseguir llevar a buen término el intercambio.

Este es uno de los motivos por los que es el CNI y no la Policía quien interviene en los secuestros. El servicio posee delegados en el exterior que conocen la idiosincrasia de los países, mantienen buenas relaciones con los servicios secretos de la zona en que se haya producido y disponen de personal especializado en la resolución de estos conflictos. Además, si hay que saltarse la ley española o alguna otra, los espías están preparados para hacerlo y asumir las consecuencias: niegan información a los jueces, como ya han hecho, amparándose en que sus actuaciones son secreto de Estado. Todo por la buena causa de salvar vidas de españoles.

Campaña de imagen en Cataluña

En 2013, el servicio secreto puso en marcha una campaña en Cataluña para hacer frente a las numerosas críticas hacia el Estado español lanzadas desde internet, unidas a los innumerables apoyos a la independencia. Como en otros terrenos, los grupos partidarios de la ruptura habían tomado las redes sociales con sus mensajes, sin dejar resquicio a los partidarios de una España unida, que apenas entraban en los foros de debate, donde eran masacrados por sus oponentes.

Para intentar revertir esta situación, se pusieron en contacto con Alejandro de Pedro, uno de los más destacados especialistas en reputación online. O, lo que es lo mismo, en conseguir respaldos y simpatías para personas o asuntos conflictivos. De Pedro debería programar un apoyo en las redes sociales a todas aquellas ideas que ayudaran a explicar las ventajas de que Cataluña siguiera unida a España. Al mismo tiempo, debería hacer frente a los planteamientos independentistas y a sus argumentos contra España.

Durante más de un año, De Pedro trabajó intensamente para el CNI, que le pagaba con cargo a los fondos reservados. Un sistema que obliga al receptor a firmar una hoja en la que se especifica cuánto y por qué trabajos va a cobrar, pero sin posibilidad de quedarse una copia para justificar esos ingresos que no hay que declarar a Hacienda. El único problema que puede suscitar es si el cobrador se ve inmerso en un delito de cualquier tipo y las Fuerzas de Seguridad encuentran en su poder el dinero en efectivo, lo que lo convierte en sospechoso de haber participado en algún delito de corrupción.

Esto fue precisamente lo que le pasó a Alejandro de Pedro. Mientras trabajaba para el CNI, también hacía otros trabajos de reputación online para el Partido Popular que fueron considerados ilegales, lo que llevó a su detención en 2014 y a que la Guardia Civil encontrara en su casa 82.250 euros en efectivo, la mayor parte pagados por el servicio de inteligencia, pero imposible de demostrar sin que este lo reconociera.

Conseguir el servicio de un hacker forense

Matías Bevilacqua, un reconocido informático que trabajaba en Cataluña, fue detenido por la Policía junto a otras muchas personas al desmantelar la Red Pitiusa, dedicada a espiar a gente famosa, como la hermana de la reina Letizia. Su especialidad era el trabajo forense: destripar ordenadores para sacar a la superficie la información que permanece oculta.

El CNI le entregaba discos con la memoria de un ordenador y le indicaba el tipo de datos que buscaba. Al estilo de los investigadores de CSI, analizaba toneladas de información en la que aparecían incluso los datos que el usuario creía haber borrado, pero que permanecían en la memoria del ordenador. Otras instituciones prestigiosas, como el Consejo de Europa, también le pidieron trabajos similares, aunque este último no le pagó como el CNI, que le entregó dinero en metálico procedente de los fondos reservados. Al ser detenido, como le pasó a Alejandro de Pedro, nos enteramos de su vinculación con el servicio secreto y de la forma en la que cobraba.

El pago de chantajes

Una de las historias más famosas de la democracia es el chantaje de Bárbara Rey al rey don Juan Carlos. A finales de 1994, para evitar la difusión de vídeos y fotos íntimas y pagar el silencio de la actriz en efectivo, le consiguieron en TVE un contrato bien remunerado en el programa Esto es espectáculo, que presentó junto a Ramón García. Cuando Manglano abandonó la dirección de La Casa en 1995, el tema estaba controlado gracias a la fama y el dinero que habían regresado a la vida de la actriz. Habían conseguido dormir a la fiera, pero solo durante un tiempo.

En 1996 el programa concluyó y los problemas volvieron a la monarquía y al servicio secreto, que esta vez optó por tirar de fondos reservados para evitar la salida a la luz del material comprometido.

Aznar ocupó el Palacio de la Moncloa el 5 de mayo de 1996 y no tardó en enterarse de que estaban pagando una cantidad mensual a Bárbara Rey a costa de la partida dedicada a solucionar problemas del Estado. Cuentan los investigadores de aquella época que ordenó cortar por lo sano: el Estado no iba a sufragar el mantenimiento del silencio sobre una aventura del Rey: «Los fondos reservados no están para solucionar problemas de bragueta, por muy reales que estos sean».

Dudo que sucediera de esa forma y, si actuó así, su decisión fue fugaz. Con rapidez le convencieron de que cerrar el grifo les colocaría al borde del precipicio. Nada más comenzar su andadura, sería muy perjudicial para su Gobierno un escándalo protagonizado por el monarca: estaba en peligro la tan socorrida seguridad nacional.

Hay una frase demoledora en los servicios secretos: «Al traidor o se le paga o se le mata», y en este caso nadie estaba dispuesto a acabar con la vida de la actriz, así que había que buscar una solución por otros medios.

Encargar informes a grandes especialistas (no fue el caso)

Con la potestad que ofrece el cargo de director del servicio secreto, Javier Calderón encargó informes a su amigo José Luis Cortina, cuando ya no estaba en el servicio y había abandonado el Ejército, sobre diversos temas pagados con cargo a los fondos reservados.

Una parte de esos trabajos tenía que ver con el terrorismo de ETA y la situación en el País Vasco, asunto en el que precisamente el servicio siempre había dispuesto de muy buena información. Calderón le encargó un análisis meses antes de las elecciones en el País Vasco de mayo de 2001.

El informe terminó en manos de Ramón Ichaso, jefe de la División de Inteligencia Interior y responsable de la lucha antiterrorista. Persona de gran integridad; en cuanto lo leyó, detectó que contenía información procedente de informes anteriores de La Casa. No tenía sentido el pago de tanto dinero de los fondos reservados y presentó su dimisión.

Calderón se indignó por su actitud, aceptó su renuncia y nombró para sustituirlo a un coronel cuyo alias era Peces. Este tardó pocos meses en presentar también su dimisión por la misma causa, alegando discrepancias con la gestión del director en un tema vinculado a los gastos reservados.