Albares, obligado a revelar el coste de la repatriación aérea de la flotilla de Gaza

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación deberá facilitar el coste total y desglosado de los billetes de avión de los miembros de la flotilla a Gaza, que fueron trasladados desde Israel el 5 de octubre de 2025 después de acceder a una «zona de exclusión». Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a una reclamación de THE OBJECTIVE le obliga a facilitar estos datos en un plazo máximo de diez días después de haber ocultado esta información en un dictamen anterior de la cartera de José Manuel Albares.

El mencionado organismo independiente ha estimado la reclamación presentada por este diario después de que el Ministerio se escudase en una supuesta protección de datos personales para no proporcionarlos. La excusa de Exteriores no se sostenía, ya que la solicitud realizada no pedía identificación de nadie, sino el coste de los billetes, como ha reconocido después el Consejo de Transparencia.

Exteriores, que dirige José Manuel Albares, había rechazado tres peticiones de este medio en las que deseaba conocer el alcance del desembolso. En tres párrafos de copipega, presentes en otras respuestas idénticas que han llegado a esta redacción en ocasiones anteriores, la cartera de Albares trata de dar carpetazo a una de las preguntas que aún rodea la actuación del Gobierno de Sánchez ante este episodio. La nueva resolución, que da la razón a THE OBJECTIVE, concluye que la solicitud no pedía datos de carácter personal, sino información económica relativa a un gasto público concreto, por lo que la negativa del Ministerio no estaba suficientemente justificada.

¿Cuánto ha costado a los españoles el abono de decenas de billetes de avión, el flete de una aeronave militar A400M y todos los gastos consulares en los que han incurrido los miembros de la flotilla, entre ellos los dos etarras que se negaron a volver en un avión del Ejército? Para Exteriores, «no es posible hacer público el listado individualizado de las ayudas concedidas» por la «regulación sobre protección de datos de carácter personal», pese a que este diario nunca preguntó dato personal alguno, sino una estimación de costes.

En consecuencia, el Consejo de Transparencia obliga a Exteriores a remitir a este medio en un plazo de diez días hábiles —como máximo— el coste total y desglosado de los billetes de avión correspondientes a la operación. Además, este organismo de segunda instancia pone de manifiesto que la cartera de José Manuel Albares no cumplió sus obligaciones por un segundo motivo: respondió a la solicitud de este medio fuera del plazo legal establecido. Por último, subraya que Exteriores no presentó alegaciones durante la tramitación de esta reclamación interpuesta, lo que ha dificultado el análisis del caso.

La protección de datos como escudo ante la Ley de Transparencia

Según los últimos datos oficiales de seguimiento publicados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cerca del 40% de las resoluciones estimatorias dictadas frente al Gobierno constan como no cumplidas entre enero y junio de 2025 en el ámbito nacional y actualiza su estado a 30 de septiembre. De acuerdo con ese balance, solo un 60% de las resoluciones favorables al solicitante figuran como cumplidas, mientras que el resto permanece en situación de «no consta cumplimiento», como informó este diario meses atrás. Este órgano tutela el derecho al acceso a la información a los ciudadanos, pero no tiene capacidad para imponer sanciones ni para ejecutar forzosamente sus decisiones. En la práctica, el cumplimiento de las resoluciones queda en manos del propio órgano administrativo afectado. En las reclamaciones de ámbito nacional resueltas, casi dos de cada tres concluyeron con una resolución favorable al ciudadano.

Este órgano tutela el derecho al acceso a la información a los ciudadanos, pero no tiene capacidad para imponer sanciones ni para ejecutar forzosamente sus decisiones. En la práctica, el cumplimiento de las resoluciones queda en manos del propio órgano administrativo afectado. En las reclamaciones de ámbito nacional resueltas, casi dos de cada tres concluyeron con una resolución favorable al ciudadano.

El 45,5% de reclamaciones motivadas por silencio administrativo refleja un incumplimiento reiterado de una obligación básica: contestar. No se trata de interpretar los límites del derecho de acceso, sino de cumplir los plazos. Las principales justificaciones para la denegación de información se basan en razones de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y seguridad pública, tal y como ha informado en múltiples ocasiones este periódico. Ocho de cada diez negativas tienen que ver con estas causas —según los últimos datos disponibles—, recogidas en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia. El otro motivo, como ocurre en este caso, tiene que ver con la no publicación de datos personales, que se contempla en el artículo 15 de la misma ley.

La resolución recuerda que el derecho de acceso a la información pública debe interpretarse de forma amplia, y que cualquier limitación debe estar debidamente motivada, no como en esta ocasión, en la que aducir protección de datos es improcedente. En este caso, el Consejo subraya que no se ha acreditado la existencia de un perjuicio real que impida facilitar los datos solicitados, especialmente si pueden proporcionarse de forma agregada o sin identificar a personas concretas.

Ada Colau, Greta Thunberg y Susan Sarandon y el resto de miembros de la Flotilla

La Global Sumud Flotilla (2025), conocida popularmente como ‘La Flotilla’, fue una iniciativa internacional que decía querer entregar ayuda humanitaria a Gaza, pese a saber que las fuerzas armadas de Israel les impedirían el paso en plena operación militar. Varios Gobiernos, incluido el de Pedro Sánchez, expresaron preocupación por la seguridad de los participantes, que fueron interceptados por las autoridades hebreas, tal y como se esperaba, y puestos en libertad en octubre de 2025. Este periódico ha preguntado por el coste de sus billetes de regreso a España. Según algunas fuentes, más de 800.000 euros de fondos públicos fueron destinados al episodio del buque, incluyendo dietas y coste técnico.

Entre sus miembros más conocidos, la exalcaldesa Ada Colau, que participó en muchos programas de televisión durante esta travesía, la conocida activista Greta Thunberg, la actriz Susan Sarandon (del comité organizador), Ana María Alcalde (activista española conocida como Barbie Gaza), Juan Bordera (periodista y político español), Sergio Toribio (mecánico naval español), Rima Hassan (europarlamentaria francesa), el político Mandla Mandela (nieto de Nelson Mandela) y Thiago Ávila (activista brasileño).