ZP, talante… ¿o p'alante?

Cuenta un testigo directo de los hechos que, en plena campaña electoral de 1996, pocos años después del inicio del juicio de los GAL, con el clima de polarización acorde con los escándalos que acorralaban al Gobierno de Felipe González (la financiación irregular del Partido Socialista y los escándalos de corrupción), el rey emérito Juan Carlos I mandó un emisario al presidente José María Aznar para bajar el diapasón de los ataques contra Felipe González porque «en este país no se puede juzgar a un presidente del Gobierno». Mucho han cambiado los tiempos; o quizás, no tanto.

Muchos de los veteranos de profesión recuerdan lo vivido en el ocaso del felipismo y encuentran notables paralelismos. Pero es ahora un expresidente del Gobierno quien está en la diana de los escándalos mientras una duda recorre España desde hace meses; desde los partidos políticos a las redacciones de noticias, desde las mesas de tertulias a las barras de bar en hora punta entre café y porras: ¿Van a juzgar a Zapatero? El nivel de inquietud del PSOE se mide por la soledad del aludido, pese a haberse adherido estratégicamente a la campaña de Pedro Sánchez contra los bulos. A este Quijote ya no le escolta ningún Sancho que le disuada de luchar contra los gigantes, porque hace tiempo que perdió la capacidad de fabular ante la evidencia de los hechos. 

Tanto es así que todo un expresidente del Gobierno se vio forzado a formalizar en el Senado su condición de lobista y a reconocer al diario El Mundo que obtuvo 450.000 euros por servicios de consultoría de la empresa Análisis Relevante, poco después de que esta cobrara una cantidad prácticamente idéntica por servicios de consultoría global a la aerolínea Plus Ultra. Este es un hecho incontestable, un ancla que nos permite fondear en este mar embrutecido de la actualidad, y que José Luis Rodríguez Zapatero no ha sido capaz de explicar, en ninguna de sus intervenciones recientes: ni en la Cámara Baja ni en su reciente entrevista en Onda Cero.

‘Julito’, la intersección entre ZP y Plus Ultra

En la intersección de ambas operaciones —las consultorías de Zapatero y las de Plus Ultra— estaba Julito, amigo personal del expresidente y administrador único de una empresa con cero empleados y sin más proveedores que Zapatero y sus hijas. Como desvelamos en THE OBJECTIVE, los investigadores sospecharon desde su inicio que se trataba de una sociedad pantalla, y que Julio Martínez Martínez no era ni más ni menos que el presunto testaferro del expresidente. Y ante eso, Zapatero sólo tiene dos opciones: decir la verdad o guardar silencio. Y ha optado por lo segundo, aliñado con el cuestionamiento a los periodistas que destapan sus actividades de lobista amigo de dictadores.

¿Es su condición de lobista algo ilegal? En absoluto. Pero el hecho de que un expresidente del Gobierno reconozca su dedicación al lobby internacional nos lleva a pensar que lo que oculta es el resto del iceberg. Y la investigación a Julito que se instruye en la Audiencia Nacional estrecha el cerco sobre él. El exjefe del Ejecutivo niega tajantemente su participación en el rescate de Plus Ultra. Su papel en el rescate lo desvelamos en THE OBJECTIVE cuando publicamos las presiones que dirigía sobre Ábalos para agilizar el rescate a través de su secretario de Estado Pedro Saura, afín a Pepe Blanco y a Zapatero. Tres fuentes distintas han reconocido públicamente estas presiones: Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. Los tres fueron testigos directos de una reunión con Zapatero en el Ministerio de Transportes —que desvelamos Teresa Gómez y yo misma— en la que el asesor del ministro dijo: «Estos se van a forrar con el rescate de Plus Ultra».

El tiempo suele poner las cosas en su sitio. Y, por ello, el mismo Ábalos, que nos desmintió el encuentro y las presiones de Zapatero en julio, las confirmó meses después, cuando su inminente ingreso en prisión le aclaró la memoria. Por el motivo que sea, Zapatero obvió este reconocimiento en su comparecencia en la Cámara Alta, optando por una desactualización deliberada de la hemeroteca. Será la Justicia la que determine quién ha dicho la verdad y quién ha mentido; y si teníamos razón los que nos hemos anticipado a desvelar su presunto papel en un entramado de blanqueo de capitales y utilización de un rescate gubernamental de 53 millones y una comisión millonaria de la que se habría beneficiado —o no— un exmandatario español por primera vez en democracia.

De momento, habrá que esperar un mes más para el primer paso, el levantamiento del secreto de sumario que pondrá las cartas boca arriba en torno a la relación que tenía Zapatero con Julito. Se verán sus conversaciones, sus correos, la relación con Delcy Rodríguez, sus viajes… Veremos cuándo, cómo y por qué viajaban juntos a Venezuela, y por qué Julito tenía una «extraordinaria relación» con Delcy tras ser introducido por Zapatero. Y ojalá sepamos también si Zapatero hizo o no uso del Falcon del Ejército del Aire, y si los partes de vuelo a los que tuvo acceso visual este periódico son documentos reales o no, como dice el expresidente del Gobierno. Se verá entonces quién mintió y si alguien ha podido falsificarlos para dañar al presidente. Un periodista debe contemplar todos los escenarios, incluso cuando sus ojos pueden comprobar el sello oficial de color rojo del Ejército del Aire.

No todos los periodistas están dispuestos a publicar la verdad

De momento, los movimientos que rodean a Zapatero son elocuentes, incluso inquietantes. Tras desvelar este periódico la «explosión controlada» por parte de la llamada «cloaca policial» en torno a él, con la intención de controlar la investigación y cerrarle el paso a la UCO de la Guardia Civil, Zapatero ha iniciado una campaña de blanqueamiento en mítines del partido, comisiones parlamentarias y medios de comunicación. En el PSOE deslizan ya que «fue él quien pidió ir a cuatro mítines en la campaña» para simular un supuesto respaldo del partido, aunque el rictus serio de Pedro Sánchez en el cierre de la misma, la actitud mendigante y solitaria del expresidente y la ausencia de pronunciamientos públicos en su defensa parecen apuntar a una operación efecto Fairy, no tanto encaminada a limpiar, como a repeler al elemento tóxico que podría manchar a la organización. Un posible preludio del siguiente paso en el manual anticorrupción del PSOE: el luto, el repudio a «esa persona que ya no está en el partido» y hasta, en ocasiones, la consideración de persona «anecdótica».

No parece probable que lleguemos a eso tratándose del gurú electoral de Sánchez, su mediador en Ginebra y la persona que desbloqueó la legislatura ficticia que aún perdura. También es probable que, pese a la distancia en público, el Gobierno utilice todos los resortes a su alcance para que el hombre que vendía talante en público y reclamaba «crispación» en privado nunca sea juzgado, por falta de pruebas para incriminarle. Puede que el reproche no acabe siendo penal, sino moral, por establecer vínculos con dictaduras corruptas que le han contagiado actitudes represoras hacia la prensa libre de las democracias y laxitud en sus relaciones comerciales y negocios. Llegará la hora de la verdad, de demostrar si, verdaderamente, el lobista amigo de dictadores ha podido incurrir en algún ilícito penal que pueda tener recorrido jurídico e, incluso, derivar en una condena, tanto en el escándalo del rescate de Plus Ultra como en lo relativo al negocio del petróleo o la presunta financiación del PSOE o la Internacional Socialista, como ha afirmado con rotundidad Víctor de Aldama.

Treinta años después de esa llamada del rey a José María Aznar, está por ver si España está también preparada para ver a un expresidente del Gobierno juzgado. Porque, desgraciadamente, ni todos los periodistas están dispuestos a publicar la verdad, ni todos los jueces a juzgarla, ni todos los políticos a reconocerla y denunciarla. Quizás España no esté preparada para juzgar todavía a un expresidente.

Aunque quizá —quién sabe— ni siquiera sea España la que le investigue. O la que lo acabe juzgando.