Koldo siguió recibiendo 'emails' tras la fecha en la que Transportes asegura que cerró su correo

El relato oficial del Ministerio de Transportes sobre la desactivación del correo corporativo de Koldo García presenta grietas. La versión transmitida a través del Portal de Transparencia sostiene que se dio de baja a la cuenta el 1 de septiembre de 2021, el mismo día en que la Subdirección General de Recursos Humanos comunicó formalmente su cese, fechado el 11 de julio de ese mismo año. Sin embargo, la documentación y las evidencias analizadas en el marco de la investigación judicial dibujan un escenario distinto: el exasesor de José Luis Ábalos siguió recibiendo correos electrónicos en su dirección oficial más allá de esa fecha.

La resolución firmada por la Dirección General de Organización e Inspección es tajante. Según el Ministerio, «el mismo día se procedió con la baja de la cuenta, lo que impide el acceso del usuario y conlleva el bloqueo automático de la dirección de email». Añade además que, una vez desactivada, cualquier mensaje enviado a esa dirección «es rechazado automáticamente por el servidor y no llega al buzón correspondiente», concluyendo que «no ha existido ninguna anomalía». Pero los hechos contradicen esa afirmación. Tal y como revelan fotografías publicadas en exclusiva por THE OBJECTIVE, el correo corporativo de Koldo García —[email protected]— continuó recibiendo mensajes al menos hasta el 23 de septiembre de 2021. Es decir, más de tres semanas después de la fecha en la que el Ministerio asegura que la cuenta ya estaba bloqueada.

Este dato no solo cuestiona la versión oficial, sino que introduce una contradicción relevante en un punto clave: el funcionamiento real de los sistemas internos de comunicaciones del Ministerio. Si, como sostiene Transportes, la cuenta se desactivó el 1 de septiembre y los correos posteriores se rechazaban automáticamente; resulta difícil explicar por qué existen registros que evidencian la recepción efectiva de mensajes semanas después. Pero la discrepancia no termina ahí. La propia resolución del Portal de Transparencia reconoce implícitamente otro hecho significativo: que la cuenta de correo no se desactivó en el momento del cese, sino casi un mes y medio después. Koldo García dejó oficialmente su puesto el 11 de julio de 2021, pero su cuenta no se gestionó hasta el 1 de septiembre. Durante ese intervalo, según la propia Administración, el exasesor mantuvo pleno acceso a su correo corporativo, tal y como ha desvelado este periódico.

Este retraso en la desactivación supone, de por sí, una anomalía desde el punto de vista de la seguridad y la gestión de accesos. Sin embargo, en este caso, el propio Ministerio admite que ese principio no se aplicó. Más aún, la resolución explica que las comunicaciones de bajas se realizan «cada uno o dos meses», lo que introduce un margen de retraso estructural en la desactivación de cuentas. En la práctica, esto implica que durante semanas —o incluso meses— antiguos cargos pueden seguir teniendo acceso a sistemas internos sin ningún tipo de restricción. En el contexto del caso Koldo, este extremo adquiere una relevancia especial. No se trata de un empleado cualquiera, sino de una figura central en una investigación que analiza posibles irregularidades en la contratación pública durante la pandemia. El acceso prolongado a un correo corporativo no solo permite recibir información, sino consultar comunicaciones previas, documentos adjuntos y circuitos internos de decisión.

Además, habría un elemento adicional que refuerza las dudas sobre la versión oficial. Según fuentes de la investigación, en el volcado del correo electrónico que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando aparecen registrados mensajes recibidos el 1 de febrero de 2024 en la bandeja de «correo de prioridad alta». Este dato sitúa la actividad de la cuenta muy por encima de cualquier fecha reconocida por el Ministerio. Los investigadores no han podido determinar, por el momento, si Koldo García tuvo acceso efectivo a esos correos en fechas tan avanzadas. Sin embargo, lo que sí queda acreditado es que los mensajes llegaron a su dirección corporativa. Es decir, que el canal de comunicación siguió activo o, como mínimo, operativo en términos de recepción.

Este punto resulta clave: la afirmación del Ministerio de que los correos enviados tras la desactivación son automáticamente rechazados queda en entredicho si existen registros que demuestran lo contrario. O bien el sistema no funcionó como se describe, o bien la cuenta no fue realmente bloqueada en los términos que se sostienen oficialmente. La propia resolución introduce otra variable significativa: la conservación de copias de seguridad del correo. Aunque el Ministerio afirma no disponer de una normativa específica sobre el periodo de conservación, reconoce que, al tener conocimiento de una investigación en curso, decidió preservar los datos vinculados a la cuenta de usuario.

La contradicción entre la versión oficial y las evidencias documentales abre así un escenario complejo. Por un lado, Transportes sostiene que actuó conforme a los procedimientos y que no hubo ninguna anomalía. Por otro, los datos apuntan a que el correo siguió recibiendo comunicaciones más allá de la fecha de cierre y que, en cualquier caso, permaneció plenamente operativo durante semanas después del cese. No se trata de un detalle menor. El correo corporativo es una herramienta clave dentro de la Administración: canaliza información interna, convocatorias, decisiones estratégicas y, en muchos casos, documentación sensible relacionada con contratos públicos. Mantener activa —o semioperativa— una cuenta asociada a un cargo cesado implica un riesgo evidente. En este contexto, la cronología resulta determinante. Koldo García cesa el 11 de julio de 2021. Su cuenta, según el ministerio, se desactiva el 1 de septiembre. Sin embargo, hay pruebas de recepción de correos al menos hasta el 23 de septiembre de ese año. Y, según el análisis de la UCO, existen registros de actividad incluso en febrero de 2024.

Ese acceso resulta especialmente delicado si se tiene en cuenta que Koldo García, tras salir del ministerio, siguió manteniendo relación con empresas beneficiadas por la trama investigada. La UCO ha documentado pagos mensuales de hasta 6.000 euros percibidos por el exasesor en esos años, según conversaciones intervenidas. El riesgo evidente es que la información obtenida a través de su correo oficial pudiera haber sido utilizada en beneficio propio o de terceros. La investigación del caso Koldo ha ido estrechando el círculo en los últimos meses, y uno de los puntos más sensibles —como ha revelado THE OBJECTIVE— se sitúa en el ámbito ferroviario. En concreto, en los desvíos del tramo cordobés en el que se produjo el accidente de Adamuz, hoy considerado la zona cero de la tragedia. ADIF adjudicó en 2023 las obras de renovación de esos desvíos a una UTE integrada por empresas que figuran en la investigación de la UCO por presuntos amaños de concursos públicos.