Gibraltar eleva la tensión con España y reactiva la orden de detención al pescador de La Línea
Jonathan Sánchez será previsiblemente juzgado el próximo 19 de febrero por nuevos cargos
La tensión entre España y Gibraltar aumenta en plenas negociaciones. El Tribunal de Primera Instancia ha emitido una nueva orden de detención contra Jonathan Sánchez, patrón del barco «Mi Daniela», al que se le acusa de vulnerar las leyes de pesca en base a lo recogido por el Tratado de Utrecht de 1713.
El joven gaditano fue acusado de faenar en aguas gibraltareñas y le han sido presentados nuevos cargos. Según las autoridades inglesas, Sánchez habría realizado sus labores pesqueras con redes y rastrillos, métodos tipificados como prohibidos según la legislación de Gibraltar. Los hechos ocurrieron en los meses de mayo y julio de 2023.
El magistrado Karl Tonna ha emprendido la nueva orden de detención respaldada por una fianza de 150 libras. Según Gibraltar Chronicle, si Sánchez es identificado en zona gibraltareña podría ser arrestado, con la posibilidad de acceder a la fianza y comparecer al día siguiente ante los tribunales.
El pescador linense admitió públicamente que no se presentaría a la citación de la Justicia con fecha del pasado lunes. Sánchez explicó a los medios que no había recibido ningún tipo de notificación referente al juicio.
La Justicia inglesa, por su parte, defiende que la citación para el 1 de diciembre fue entregada en octubre por la Policía de Gibraltar. En un video publicado por el joven en redes sociales se observa cómo una embarcación de agentes se acercan a «Mi Daniela» para leer los cargos que se imputan a Sánchez.
Además de un uso ilegítimo de las artes de pesca según la legislación gibraltareña, Sánchez es acusado por la pesca de especies en peligro de extinción y por obstrucción de un funcionario público.
Incrementa la presión
Según medios de Gibraltar, la Fiscalía ha presentado nuevos cargos contra Jonathan Sánchez por una supuesta navegación peligrosa o amenazas a las autoridades. Por ello, el pescador linense tendrá que enfrentarse a otro nuevo juicio que se celebrará el 19 de febrero. La audiencia ha estimado tal fecha con el fin de asegurarse que la citación se entrega en tiempo y forma al acusado, incluyendo una traducción certificada del contenido.
El patrón ha defendido desde el inicio que las supuestas infracciones que recaen sobre él fueron realizadas en aguas españolas, por lo que debería ser juzgado en función de la legislación de su país y de la normativa impuesta por la Unión Europea.
Escenario de acuerdos
Los hechos se suceden en un contexto donde la Comisión Europea y Reino Unido tratan de alcanzar un punto medio sobre el papel de Gibraltar tras el Brexit. Sin fecha definida para la decimoquinta reunión, el Peñón busca definir varias líneas en el marco de los acuerdos de Bruselas y Londres en 2020.
Como informó THE OBJECTIVE, uno de los temas de mayor controversia es el uso común del aeropuerto de Gibraltar. Mientras que la Comisión Europea ha respaldado la iniciativa del Gobierno central y la Junta de Andalucía, que incita a la utilización conjunta del aeropuerto, Gibraltar ha manifestado que la operatividad de esta idea restaría «soberanía británica».
En el mensaje de Año Nuevo emitido por GBC, el principal ministro de la colonia, Fabián Picardo, aseguró que el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido está cerca, tildando la posible resolución como una «conclusión satisfactoria».
Picardo avisó de que algunos aspectos de debate podrían causar malestar en la población, pero todo ello era una medida con el fin de «no arruinar el futuro de nuestros hijos en aras de una ventaja política».
Aunque pudiera parecer un mensaje dirigido para justificar las concesiones que realizaría el Peñón, el principal ministro también fue muy claro con respecto al uso compartido del aeropuerto y a la presencia de agentes Frontex en la Verja. Picardo aseguró que no habría ninguna concesión referente a la soberanía ni sobre ninguno de sus componentes.
Según una entrevista a Jonathan Sánchez recogida en Europa Sur, el patrón reflexionó sobre el escaso apoyo que ha sentido por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y la Secretaría General de Pesca. Las autoridades europeas y españolas se verán obligadas a pronunciarse ante el caso de Jonathan Sánchez mientras se aspira a culminar con las negociaciones.