Gibraltar intenta que la OCDE le saque en febrero de la 'lista gris' de paraísos fiscales
El Peñón ultima los detalles de un plan de acción para presentarlo ante la GAFI
Detalle de las señales de trafico que indican la llegada a la pista del Aeropuerto Internacional de Gibraltar. | Nono Rico (Europa Press)
Gibraltar está más cerca de confirmar su partida de la ‘lista gris’ del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). El Peñón se sitúa entre países como Bulgaria, Camerún, Senegal, Turquía o Emiratos Árabes, en una enumeración que recoge a aquellos países y jurisdicciones bajo vigilancia por deficiencias en su acción contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
Nigel Feethman, ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar tuvo un encuentro esta semana con el Grupo de Trabajo MoneyVal (Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), con el objetivo de habilitar un programa para los próximos tres años de cooperación futura.
Raja Kumar, presidente del GAFI, aseguró en octubre que Gibraltar había realizado exitosamente un plan de acción con el fin de erradicar el blanqueamiento de dinero, la financiación del terrorismo y las actividades vinculadas con armas biológicas, química o nucleares.
Sin embargo, el procedimiento e inspección para verificar la retirada de Gibraltar de esta lista se llevará a cabo en febrero de 2024. A través de un comunicado oficial al que THE OBJECTIVE ha tenido acceso, Feetham destacó los esfuerzos que se está realizando desde la esfera política para no figurar en el registro de países.
«La eficacia y la sostenibilidad de la labor de Gibraltar en la lucha contra la delincuencia económica son aspectos fundamentales de nuestro trabajo, que debe continuar sin interrupción si queremos seguir figurando siempre en la lista blanca. Ese es mi objetivo y trabajaré con nuestro excelente equipo para garantizar que lo conseguimos y lo mantenemos», expresó el ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar.
La clasificación en la ‘lista gris’ del GAFI no implica una sanción económica, pero sí repercute en las obligaciones de los bancos europeos, los cuales están sujetos a una mayor regulación de operaciones monetarias.
La ‘lista gris’
En octubre del presente año, Panamá, Islas Caimán, Albania y Jordania fueron apartados de este listado bajo vigilancia. Mientras tanto, Bulgaria fue incluido y se le exige un plan de acción de diez operaciones que incide en una mejora de las investigaciones y acciones judiciales contra el blanqueo de capitales, en los que se introduce la corrupción y la delincuencia organizada.
El documento de MoneyVal recoge que el país mantiene una carencia en las estadísticas de lavado de dinero o financiación de terrorismo, lo que limita la comprensión de las autoridades y su capacidad para reaccionar ante los riesgos.
Croacia y Bulgaria son los únicos miembros de la Unión Europea que figuran en la ‘lista gris’. Algunos de los países que forman parte de este recuento observan esta calificación como negativa a nivel de reputación internacional e independencia económica.
Negociaciones en Londres
La reunión entre el Gobierno de Gibraltar y MoneyVal se produce casi al mismo tiempo que las conversaciones entre la Comisión Europea y Reino Unido. Tras el Brexit, se pretende aclarar el papel del Peñón en el marco de los acuerdos de Bruselas y Londres en 2020.
Uno de los temas enquistados es el uso común del aeropuerto en Gibraltar. La Comisión Europea consideró en 2022 una buena propuesta que años anteriores se había puesto sobre la mesa desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía.
Gibraltar entiende que la operatividad conjunta del aeropuerto restaría «soberanía británica». En la decimocuarta cita también quedan cuestiones pendientes como el derribo de la Verja, donde cabría la posibilidad de que sean agentes de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) los que controlen el paso.
En un periodo inicial de cuatro años, las autoridades policiales españolas ofrecerían apoyo a esta unidad. La disposición de la Comisión Europea y España podría desbloquear esta controversia.
