Málaga paraliza y abre expediente por las obras en el nuevo centro de inmigrantes

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha visto sus planes truncados por la petición de comparecencia impulsada por el grupo municipal de Vox. Carmen Casero, concejala de Urbanismo, presentó un expediente de infracción urbanística vinculados a las obras de reforma que se están llevando a cabo en un edificio de Churriana (Málaga) que pretende acoger a más de 200 inmigrantes.

Según fuentes cercanas al Ayuntamiento de Málaga a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los informes impedirán cumplir con los plazos establecidos. Las instalaciones ubicadas en la urbanización de El Olivar pretendían estar listas para finales de mayo del año presente. La paralización de la obra presenta dudas sobre cuándo se podrá continuar con el proyecto en cuestión.

Tras la visita técnica, el informe recoge que los trabajos no coincidían de forma íntegra con una declaración responsable de las reformas llevadas a cabo. Hace tan solo unos días el Ayuntamiento de Málaga ya apuntó que desde Urbanismo solo consta una declaración de responsabilidad pero no figura ninguna licencia de obra mayor para ejecutar las reformas que se han estado presenciando en los meses de abril y mayo.

La concejala de Urbanismo ha querido recalcar que las inspecciones técnicas realizadas han verificado el uso del edificio como residencia de migrantes. Lo que se ha puesto en duda es la legalidad de las obras que se están efectuando en el inmueble.

En este momento, los inmigrantes están cobijados cerca del colegio Unamuno, en el barrio Miraflores de El Palo, pero el acuerdo con el propietario expira en tan solo unos días y la entidad busca soluciones al respecto. La paralización de las obras en la antigua residencia de monjas El Olivar acrecienta las trabas para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Medida controvertida

Al igual que ha ocurrido en otros puntos de España, parte del vecindario se ha reivindicado contra este nuevo centro debido a la «opacidad» con la que actúa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Alejandro Vedia, presidente de la comunidad de propietarios de El Olivar, explicó en Cadena Ser Málaga que las obras empezaron hace más de mes y medio y el procedimiento ha destacado por la falta de información oficial que han percibido los habitantes de Churriana.

Los vecinos han estado poniendo en duda la legalidad de las obras que se han llevado a término en las últimas semanas. Según las declaraciones que los representantes vecinales han transmitido a los medios de comunicación, la declaración responsable que implica una obra menor no corresponde en absoluto con la amplia reforma que se evidencia desde fuera.

Según lo que el Ayuntamiento de Málaga transmitió a los vecinos que solicitaron aclaraciones, la Policía Local no pudo acceder a las instalaciones, así como tampoco lo logró el inspector de Urbanismo anteriormente.

Además, el colectivo vecinal entiende que el inmueble en cuestión no tiene la capacidad suficiente para hospedar a 200 migrantes. Según la declaración de obra nueva, el edificio tiene tan solo 27 dormitorios, 14 con baños y 13 sin baños. Si se pretende dar cabida a todos, las habitaciones tendrían que estar compuestas por ocho migrantes por habitación, una cifra que consideran muy elevada si se tienen en cuenta los metros cuadrados de los cuartos.

Ola migratoria en verano

Según informó THE OBJECTIVE, el Gobierno se prepara ante una próxima oleada migratoria en Canarias que podría marcar un récord en los meses de verano. Frente al colapso de los centros de acogida y la derivación de los adultos a la Península, en las últimas semanas se están realizando reuniones de coordinación entre diferentes ministerios para poder alcanzar diversas soluciones que permitan descongestionar la situación.

Las estadísticas del Ministerio del Interior recogen que en lo que llevamos de año, han sido 15.982 personas las que han llegado a las costas de Canarias, lo que supone un 369,5% más respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, el Ministerio de Migraciones cuenta con unas 50.000 plazas de acogida en todo el país y los centros de acogida se acercan al 100% de su ocupación. La posible llegada masiva en verano y la resistencia municipal presionan al Gobierno a tomar medidas efectivas para los próximos meses.