CCOO pide 17 millones al Ayuntamiento de Motril por «vulnerar» el derecho a huelga
El Juzgado de lo Social número 1 ha admitido a trámite la denuncia y el juicio se celebrará el 11 de julio
Ayuntamiento de Motril. | Ayuntamiento de Motril
El sindicato Comisiones Obreras ha exigido al Ayuntamiento de Motril una indemnización de 17 millones de euros por «impedir» que los trabajadores municipales se acojan a su derecho de huelga. Concretamente, la solicitud recoge 25.000 euros por cada trabajador municipal afectado.
La denuncia señala al ayuntamiento por «impedir y coaccionar» a los trabajadores para no secundar la huelga contra la externalización del servicio municipal de limpieza. CCOO afirma que los empleados recibieron advertencias de sanciones e informes disciplinarios, mientras que desde el Ayuntamiento se rechazan estas acusaciones.
En una reciente rueda de prensa, Juan Fernando Hernández, teniente de alcalde de Calidad Urbana, ha recalcado que de ninguna manera se ha lesionado el derecho de huelga de ningún trabajador. La intención del Consistorio, según defiende, ha sido informar a los empleados municipales sobre los errores formales que tenía la convocatoria de la huelga, con el fin de garantizar sus derechos, sin coaccionar ni amenazar a ningún trabajador.
El Juzgado de lo Social número 1 de Motril ha admitido a trámite la denuncia por presunta vulneración del derecho de huelga y libertad sindical. Ambas partes están citadas en el juicio para el próximo 11 de julio.
Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, la demanda ha sido interpuesta sin el conocimiento pleno de todos los funcionarios municipales. Algunos reconocen haber recibido la noticia a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Estudio de otra querella
Los servicios jurídicos de Comisiones Obreras están estudiando otra querella sobre Fernando Hernández «por haber difundido informaciones erróneas de forma malintencionada entre la plantilla municipal y el conjunto de los ciudadanos para intentar desacreditar al sindicato y dividir a la plantilla».
Clara Castarnado, responsable de acción sindical de CCOO, asegura que no se han solicitado 17 millones de euros, sino que se ha exigido una indemnización para los funcionarios que hayan visto amenazado su derecho a la huelga. Castarnado asegura que el sindicato ha pedido lo máximo que contempla la ley y será el juez quien decida lo que cada afectado podrá percibir.
Fernando Hernández sostiene que bajo la cifra de los 17 millones no solo se recogen los 25.000 euros por cada trabajador municipal, sino que 30.000 euros los percibirá el sindicato. Según CCOO, las palabras del edil insinúan que la organización tiene un presunto interés económico detrás de la querella.
El teniente de alcalde de Calidad Urbana subraya que «no hay base que sostenga esta denuncia». Bajo el criterio del Consistorio, la querella interpuesta no recoge cuáles han sido los daños, ni los parámetros de valoración que permitan considerar las razones de la indemnización.
Por otro lado, la representante sindical considera que el concejal debería abstenerse de calificar la denuncia y dejar que el juez sea el que considere las alegaciones interpuestas sobre el Consistorio.
El problema de fondo
El Ayuntamiento de Motril se enfrenta a una fuerte oposición en contra de la privatización de los servicios de limpieza. Hace tan solo unas semanas el equipo de Gobierno hizo público el inicio de la licitación, lo que provocó un fuerte rechazo en el espectro político y sindical.
Tras no llegar a ningún acuerdo con el Ayuntamiento, los sindicatos convocaron una huelga en fechas coincidentes a la Semana Santa. El Consistorio dijo identificar algunos errores de tipo formal en la tramitación de la huelga que provocaba inseguridad jurídica sobre los empleados que quisieran secundarla.
CCOO entiende que bajo esa estrategia residía una manera de coaccionar a los trabajadores que quisieran apoyar la huelga. Hace menos de un mes, trabajadores municipales han iniciado una recogida de firmas contra la privatización del servicio.
El Ayuntamiento de Motril recalca que este contrato de gestión indirecta supone una mejora en el servicio prestado y se adaptaría mejor a las necesidades que precisa el municipio. Además, el Consistorio defiende la licitación con base en las cuantiosas inversiones que requiere el servicio, las cuales no recaerían sobre el presupuesto municipal sino sobre el contrato pactado.
