Los taxistas andaluces denuncian que las aseguradoras imponen pólizas de 10.000 euros
La asociación Élite Taxi Sevilla afirma que el encarecimiento no está vinculado a la tasa de siniestralidad
Los taxistas en Andalucía han iniciado una campaña contra el aumento progresivo de precios por parte de las aseguradoras sobre sus vehículos. La asociación Élite Taxi Sevilla denuncia que durante los últimos años el sector del taxi viene haciendo frente a una creciente dificultad y encarecimiento desproporcionado en las cuotas que exigen las compañías de seguros.
La situación se ha agravado y extendido en pocos meses. Según defiende el sector, las dos grandes empresas que generalmente daban cobertura a los taxis han iniciado esta «ofensiva», lo que ha provocado una reacción en cadena en las demás aseguradoras. Élite Taxi Sevilla afirma que las compañías restantes se han contagiado de un «miedo irracional que ha hecho que ellas decidan actuar de la misma manera».
Algunos de los taxistas que se han reivindicado a través de este movimiento atestiguan que han sido expulsados de las compañías sin ningún tipo de justificación. Además, según la asociación, las cuotas anuales a las que varios compañeros han tenido que hacer frente ascienden a los 10.000 euros: «Este es un problema que no va a desaparecer solo ni es temporal», reconoce el comunicado.
Rafael Baena, presidente de Élite Taxi Andalucía ha explicado que las expulsiones y rechazos en las renovaciones «están ocurriendo en masa» y de ninguna forma están relacionados «con ningún factor lógico, como podría ser la tasa de siniestralidad».
Relación de las VTC y aseguradoras
Al mismo tiempo que el sector del taxi lucha por el beneplácito de las aseguradoras, desde Élite Taxi Sevilla reconocen que los vehículos VTC de compañías multinacionales como Uber y Cabify no tienen tantos impedimentos para llegar a acuerdos en las pólizas.
Los taxistas reclaman equidad ante las empresas privadas que ofrecen un servicio similar en la ciudad: «No es posible que un servicio público considerado de interés general destaque por la desprotección y tengamos que estar continuamente pidiendo una mejora sobre las condiciones», expresa un taxista a este medio.
Apelación al Gobierno
La asociación de taxistas trata de elevar su queja ante el Ministerio de Transporte y al Ministerio de Economía y Consumo, con la intención de exigir una intervención que permita normalizar la situación. Hasta el momento, según reconoce, los intentos por comunicarles el escenario adverso ante el que se encuentran «solo han servido para dejarnos claro que es una patata caliente que no quieren en su tejado».
Muy lejos de percibir un respaldo por parte de la Administración pública, los taxistas manifiestan que incluso el seguro básico del Consorcio de Transportes exige una cifra «desorbitada» por el seguro básico: «Como Servicio público, el Estado debería asegurarnos unas condiciones dignas y competitivas».
La lucha se extiende
En los últimos días, el debate sobre las VTC se ha extendido. Élite Taxi ha convocado una nueva movilización contra los vehículos de transporte con conductor ilegales en Barcelona. Debido al adelanto electoral, los taxistas no vieron concretada la Ley de taxi que tanta expectación generaba en el sector.
La norma estaba prevista que se aprobara para junio del año pasado. Ante el anuncio de Pere Aragonès, los taxistas afean que el estado de este tipo de empresas haya quedado en un limbo legislativo.
La exigencia del sector es que Uber, Cabify y Bolt sean consideradas como empresas de transporte y que sean solo los coches con licencia legal los que puedan ofrecer sus servicios. Desde Barcelona, también se han denunciado las condiciones que ofertan las aseguradoras, las cuales cifran de 3.000 a 5.000 euros una póliza para una cobertura a terceros.
Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, una de las opciones que se plantean en Barcelona es convocar una huelga en el sector que coincida con el próximo 9 de junio, día que se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo.
Las mismas condiciones
En un comunicado emitido por Élite Taxi, se pide que los vehículos VTC deben ser ajustados a los mismos controles que el taxi. En 2020, la asociación alertó al Sindicato Andaluz de Trabajadores una presunta explotación laboral de los empleados de estas empresas. La denuncia recogía jornadas de entre 12 y 14 horas, falta de zonas de descanso o la eliminación de estos en los periodos de mayor afluencia de viajeros.
La asociación vincula la falta de regulación de estos conductores con las condiciones laborales y los accidentes: «La precariedad laboral y la elevada siniestralidad es algo que queda patente echando un vistazo a las noticias».
Ante la «estricta legislación» a la que se ven obligados los taxistas, exigen los mismos controles y condiciones sobre los conductores de VTC. La laxitud por parte del Ejecutivo central aviva el debate en torno a los «diferentes raseros» que afrontan los empleados que circulan por las calles del país.