Andalucía pedirá un trato singular en materia de inmigración ante el riesgo de colapso
Los servicios de protección de menores en Andalucía se encuentran al límite, según reconoce la Junta
Llegadas de Cayucos a Canarias en abril de 2024. | Mercedes Menéndez (Zuma Press)
La Junta de Andalucía ha levantado la voz en defensa de su situación particular como comunidad autónoma fronteriza en el contexto de la creciente llegada de menores migrantes no acompañados. Este tema será central en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, programada para el miércoles. La consejera de Inclusión Social, Loles López, se refirió recientemente a la saturación del sistema de protección de menores en Andalucía y ha acusado al Gobierno central de tratar a estos menores como «mercancía».
Fuentes cercanas al Gobierno andaluz consultadas por THE OBJECTIVE han confirmado a este medio la urgencia con la que se pedirá al Ejecutivo central la toma de decisiones sobre la región, poniendo especial hincapié en la excepcionalidad que define a Andalucía en la cuestión migratoria, teniendo en cuenta la carga significativa que está soportando la comunidad debido a su ubicación geográfica.
La comunidad autónoma ha recibido casi 2.000 menores migrantes sin referentes familiares en lo que va del año, un incremento de 500 con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación ha llevado a que las plazas del sistema de protección de menores estén operando al 115% de su capacidad.
López ha pedido «información, planificación, coordinación y financiación» al Gobierno central, acusándolo de imponer la propuesta de reparto de estos menores sin la adecuada consulta con las comunidades autónomas. La gestión de los menores no acompañados recae en las comunidades autónomas, lo que ha llevado al Ministerio a considerar una modificación de la Ley de Extranjería para establecer mecanismos obligatorios de distribución. A Andalucía se suman otras regiones fronterizas en su reclamo por la «singularidad» como Canarias, Ceuta y Melilla.
La propuesta
El pacto entre Canarias y el Ministerio de Política Territorial busca establecer un mecanismo de reparto obligatorio de menores cuando una región exceda el 150% de su capacidad de acogida. Este modelo, similar al utilizado en la distribución de refugiados en la UE, se basa en criterios como renta, desempleo, población y plazas disponibles. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la propuesta como «sensata» y «equilibrada», destacando que sigue los criterios consensuados en 2022.
Esta estrategia, aplicada en Europa, se activa cuando un territorio supera un umbral específico de capacidad de acogida, y se basa en varios criterios para determinar cómo se realizará la distribución. La Junta ha querido expresar en los últimos días la insuficiencia de sus recursos y presionar así para el reconocimiento de su singularidad como región fronteriza, lo que implica que debería recibir un trato especial y recursos adecuados para manejar esta compleja situación.
Loles López expresó en su comparecencia que el problema debe atajarse de raíz y no extenderse por el resto de las comunidades autónomas sin ningún tipo de control: «Lo que queremos en las comunidades autónomas y, sobre todo, en Andalucía, es una gestión para que estos menores tengan los derechos, la atención y oportunidades que se merecen», remarcó Loles López.
Resistencia en las comunidades
El texto propuesto para la reforma de la Ley de Extranjería ha sido elaborado en colaboración entre el Gobierno central y el autonómico de Canarias. Este incluye la modificación del artículo 35 de la ley para activar el reparto de menores cuando la capacidad de acogida de una región supere el 150%. Actualmente, Canarias enfrenta una situación crítica con casi 6.000 menores no acompañados, superando ampliamente su capacidad de acogida.
Aunque la mayoría de los grupos en el Congreso, excepto Vox, están dispuestos a apoyar la reforma, persisten algunas resistencias. La iniciativa debe convencer a los populares, ya que gobiernan en 11 de las 17 comunidades autónomas, por lo que la coordinación entre los Gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central será clave si se quiere llegar a un punto común de interés.
Mientras eso se debate, Junts trata de salir por la puerta de atrás condicionando su apoyo a la exclusión de Cataluña del reparto obligatorio, argumentando que está negociando el traspaso de competencias en materia de inmigración. La Junta de Andalucía, por su parte, ha destacado que desde noviembre de 2023 ha acogido a 454 menores que inicialmente fueron trasladados como adultos. Esta situación ha generado un costo de 3.5 millones de euros para la las arcas andaluzas.
Un problema con trayectoria
El conflicto no resulta una novedad para Andalucía. En 2018, la comunidad autónoma ya había enfrentado una crisis similar, con la llegada de casi 3.500 menores no acompañados en un año, lo que representaba el 36% del total de menores extranjeros en España. La presidenta de la Junta en aquel entonces, Susana Díaz, había demandado una gestión más coherente y equitativa de los menores entre las comunidades autónomas.
La situación de Andalucía no ha cambiado mucho hasta ahora, a pesar de la urgencia de un problema que se extiende por varias regiones de la península. Los ojos están puestos en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, la cual será un escenario crucial para debatir y posiblemente avanzar hacia una solución que equilibre las cargas y responsabilidades entre las diferentes comunidades autónomas. Andalucía intentará exigir un poco más debido a la particularidad geográfica de su territorio.
