Agricultores en Jaén protestan por la tala de 100.000 olivos para un proyecto fotovoltaico
Los productores aseguran que la medida podría tener graves impactos en la producción de aceite y en la economía local
Instalación de planta fotovoltaica. | Yang Zhisen / Xinhua News
Las organizaciones agrarias en Andalucía han presentado una serie de denuncias tras conocerse la aprobación de un proyecto para instalar una megaplanta fotovoltaica que, según afirman, supondrá la tala de 100.000 olivos en la provincia de Jaén. La idea, impulsada por la empresa Greenalia Solar, prevé la instalación de una planta solar en una vasta extensión de olivares ubicados en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo. La noticia ha desatado fuertes críticas de parte de organizaciones defensoras del campo andaluz, que advierten del daño sin precedentes que esta tala masiva significaría para el medio rural, la economía local y la cultura agraria de la región.
Desde hace décadas, el cultivo del olivo ha sido un pilar fundamental para la economía y la sociedad andaluzas, especialmente en Jaén, reconocida como una de las principales productoras de aceite de oliva en el mundo. Sin embargo, la expansión de proyectos de energías renovables ha comenzado a alterar este modelo de vida. Las organizaciones agrarias y colectivos ciudadanos, como SOS Rural y la plataforma Campiña Norte de Jaén, han señalado que la instalación de estas megaplantas no solo amenaza la biodiversidad y la producción alimentaria, sino también la subsistencia de muchas familias que dependen de la agricultura.
Un informe emitido por SOS Rural detalla que el proyecto de Greenalia Solar abarca una superficie de 895 hectáreas, el equivalente a 895 campos de fútbol, y tendría una capacidad de 254,98 MW. Además, denuncian que el problema va más allá de este proyecto puntual, ya que actualmente existen en proceso de aprobación o construcción otras 18 plantas en la misma comarca, lo que podría incrementar las tierras afectadas en 3.222 hectáreas y sumar la tala de hasta 32.000 olivos adicionales.
Las críticas a esta iniciativa no solo se centran en el impacto ambiental, sino también en los mecanismos utilizados por las empresas para evitar los controles y la resistencia de las comunidades afectadas. Según indican agricultores locales a THE OBJECTIVE, las promotoras energéticas estarían recurriendo a la fragmentación de los proyectos fotovoltaicos, dividiendo las plantas en unidades de menos de 50 megavatios para eludir las evaluaciones y regulaciones ambientales más estrictas.
Esta estrategia, conocida como «troceo de proyectos», ha generado gran malestar en el campo, donde indican que las empresas buscan maximizar sus beneficios a costa del bienestar de la población y del medio ambiente.
Actores económicos
En la misma línea, las plataformas denuncian un proceso de especulación con la tierra que perjudica gravemente a los agricultores. Según han explicado a los medios representantes de la Plataforma Campiña Norte de Jaén, las empresas energéticas ofrecen a los propietarios de tierras un contrato de arrendamiento de entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea al año, con la intención de revender esos terrenos a inversores internacionales a un precio mucho mayor, que podría alcanzar hasta 10.000 euros por hectárea.
Oposición del campo
La comunidad agrícola de Jaén ha organizado varias protestas para expresar su rechazo ante este tipo de iniciativas, sosteniendo que la transición energética no debería llevarse a cabo a costa de la destrucción del entorno rural y del empleo agrario. Bajo el lema «Renovables sí, pero no así», los defensores del campo han puesto de manifiesto que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la preservación del medio ambiente y la agricultura sostenible.
Según adelantaron medios locales, a pesar de la presión social y el peso económico de los olivares en la región, el proyecto sigue adelante. A lo largo de esta semana se prevé que los propietarios de los terrenos inicien los trámites de expropiación, lo que incrementa aún más la incertidumbre y el descontento de los afectados. En respuesta a estas medidas, las organizaciones agrarias y colectivos ciudadanos han solicitado a las autoridades una ordenación territorial que contemple un equilibrio entre el desarrollo de energías renovables y la protección de la agricultura y el entorno natural.
Un notable impacto
Según estimaciones, la destrucción de 500 hectáreas de olivos podría suponer una pérdida de hasta dos millones de euros anuales en rentas por producción de aceite y más de 900.000 euros en salarios derivados de la actividad agrícola, lo cual podría llevar a muchas familias a abandonar la zona en busca de oportunidades laborales en otros lugares.
Otro de los factores que agrava la situación es el contexto actual de sequía en Andalucía, que ha obligado a la Junta de Andalucía a establecer restricciones en el uso del agua, afectando también a los cultivos de regadío. En este escenario, el impacto de las megaplantas fotovoltaicas en el suelo agrario se percibe como una amenaza adicional que pone en peligro la seguridad alimentaria y la sustentabilidad económica de la región.
Aceite de oliva en el punto de mira
Todo esto se produce en un marco en el que la discusión sobre el precio del aceite de oliva ha estado bajo escrutinio público durante los últimos meses, generando preocupación tanto en el sector agrícola como en los consumidores.
Las proyecciones de Cooperativas Agroalimentarias de España señalan que la campaña 2024/25 no logrará satisfacer la demanda, ya que la disponibilidad de aceite será 275.000 toneladas menor que el promedio de las últimas cinco campañas. A esta escasez se suman los datos del Ministerio de Agricultura, que confirman un desequilibrio en el balance de la reciente campaña 2023/24, dejando en vilo la expectativa de una bajada de precios a corto plazo.
