El cultivo ilegal de marihuana supone más del 50% del fraude eléctrico en Granada
La laxitud legislativa impulsa un fraude eléctrico en Andalucía que ha crecido un 49% en el último año
Operación de la Guardia Civil en un cultivo de marihuana. | Guardia Civil/ Europa Press
En la provincia de Granada, más de la mitad del fraude eléctrico está relacionado con el cultivo de marihuana, según datos recientes de Endesa. A pesar de que el número de conexiones ilegales destinadas a estas plantaciones ha disminuido en porcentaje, el consumo de energía defraudada por esta actividad ilícita ha alcanzado un 52,12% del total, evidenciando un aumento en su impacto.
Según datos publicados por Granada Hoy, Endesa ha registrado 3.924 expedientes por conexiones ilegales en lo que va de 2024, de los cuales un 13% están vinculados al cultivo de cannabis. Sin embargo, estas plantaciones consumen una cantidad desproporcionada de energía: 22,4 millones de kilovatios hora, más de la mitad de los 43 millones defraudados en toda la provincia.
Potencia y fraude
El problema, según explican ingenieros del centro de control de Endesa a THE OBJECTIVE, se ve agravado por el aumento de la potencia eléctrica en áreas afectadas para evitar cortes de luz que afectan a los residentes legales. Esto genera un efecto indeseado. Una mayor potencia disponible facilita la proliferación de cultivos ilegales.
En la zona Norte de Granada, alrededor del 97% de los apagones tienen como origen actividades relacionadas con la marihuana. En esta área, solo 18 transformadores soportan la sobrecarga generada por estas plantaciones, lo que ilustra la gravedad de la situación.
Agentes de la Policía Nacional destacan cómo las bandas organizadas internacionalmente cada vez se especializan más en entender y controlar el funcionamiento de la red eléctrica de la zona. El movimiento en este contexto por parte de los grupos complica aún más el control del fraude en las investigaciones.
Según estos mismos datos, Granada capital lidera el número de expedientes relacionados con el cultivo de marihuana, con 99 casos documentados en 2024. Sin embargo, otros municipios también registran cifras alarmantes. Pinos Puente, con 84 expedientes, destaca por un consumo desproporcionado: el 69,3% del fraude eléctrico en este municipio está vinculado al cannabis. De manera similar, en localidades como Moraleda de Zafayona, Chimeneas y Padul, la actividad de estas plantaciones supera el 75% del total del fraude energético.
Intentos para mitigar el problema
Ante el incremento del fraude, Endesa ha realizado importantes inversiones para reforzar y digitalizar su infraestructura eléctrica. Esto incluye la modernización de redes y la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial para detectar conexiones fraudulentas. Sin embargo, la empresa señala que el marco legal actual dificulta las intervenciones rápidas, permitiendo que las organizaciones delictivas se reenganchen incluso tras ser desconectadas.
Se hace imperativo adoptar un enfoque de colaboración entre las autoridades, las fuerzas de seguridad y la administración pública. Las trabas regulatorias perpetúan una actuación «un paso atrás», dificultando la protección de la infraestructura y de la población frente a los efectos adversos.
Un lastre regional
Granada es la provincia andaluza más afectada por el fraude eléctrico vinculado a la marihuana. Según los datos publicados por Endesa, Granada registra un consumo defraudado de 25,2 millones de kilovatios hora en lo que va de año. Esto la sitúa muy por delante de otras provincias como Sevilla y Almería, que también tienen problemas significativos en esta materia.
En toda Andalucía, los cultivos de marihuana representan solo el 3% de los expedientes de fraude eléctrico, pero absorben el 26% de la energía defraudada. Esto pone en evidencia la alta demanda energética de estas plantaciones, cuyo consumo puede equivaler al de 80 viviendas por instalación. En Sevilla, un caso representativo fue la reciente operación policial en el Polígono Sur. Tras el desmantelamiento se registró una caída del 40% en la demanda eléctrica de uno de los transformadores más afectados.
Impacto social y económico
El coste del fraude eléctrico es significativo, tanto en términos económicos como sociales. En España, se calcula que estas prácticas generan pérdidas por 2.000 millones de euros anuales, de los cuales un tercio corresponde a plantaciones de marihuana. Además del impacto económico, el uso indebido de la red eléctrica genera riesgos de incendios, cortes de suministro y daños a los residentes legales, que sufren interrupciones continuas en el servicio.
En Granada las plantaciones ilegales han causado cortes masivos que afectan a zonas amplias, generando tensiones entre vecinos, instituciones públicas y Endesa. Este problema es especialmente crítico en barrios como la Zona Norte.
Un fenómeno en expansión
En toda Andalucía, el número de expedientes por enganches ilegales ha aumentado un 49% en 2024 respecto al año anterior. Este fenómeno comienza a extenderse a provincias como Huelva y Málaga, donde las plantaciones se dispersan estratégicamente para dificultar su detección.
Agentes de la Guardia Civil en Almería advierten de que la laxitud legislativa en España sobre esta materia actúa como un imán para grupos criminales interesados en delinquir en territorio español. La tendencia al alza de estas prácticas podría ser solo el preludio de un problema mayor en los próximos años si no se aplica una solución contundente.
