Intimidación, vandalismo y precios abusivos: así actuaba la mafia del taxi en Sevilla

Una importante operación policial ha devuelto el foco mediático a un problema recurrente de la denominada mafia del taxi que opera en el aeropuerto de Sevilla. En la llamada «Operación Aertase», agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo 18 detenciones, todas ellas relacionadas con prácticas mafiosas en la terminal de taxis del aeropuerto de San Pablo, un escenario de conflictos que se extienden durante más de dos décadas. Este despliegue es el resultado de una investigación de varios meses liderada por la Brigada de Información de la comisaría provincial de Sevilla con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana y la UIP.

Los detenidos, entre ellos más de una docena de taxistas, están acusados de delitos de coacciones, amenazas, daños y pertenencia a organización criminal. Tras pasar a disposición judicial, han quedado en libertad con cargos, pero bajo estrictas medidas cautelares. Se les ha impuesto una orden de alejamiento que les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros del aeropuerto de Sevilla. Esta restricción se extiende también a las personas que pudieran operar utilizando las licencias de los propios investigados mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

La operación tuvo como punto de partida una serie de denuncias presentadas por otros taxistas, titulares de licencias de vehículos de transporte concertado (VTC) y particulares, quienes señalaron durante años las prácticas ilícitas monopolísticas en la parada de taxis del aeropuerto. En el centro de estas acusaciones, así como de la investigación, se encuentra Solidaridad Hispalense del Taxi, una asociación reiteradamente vinculada a estas actividades y que, según fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, utilizaba métodos coercitivos para impedir la competencia en la que se considera la parada de taxis más lucrativa de la capital andaluza.

Actuaciones en la zona más demandada

El aeropuerto de Sevilla se ha convertido, desde hace años, en un enclave estratégico para el gremio del taxi. La parada, con una tarifa única aprobada por el Ayuntamiento en 2001, garantiza ingresos considerablemente superiores a las rutas estándares en el casco urbano. Actualmente, según cifras contrastadas por compañeros del sector, el precio oscila entre 25,70 euros y 28,65 euros, la tarifa más elevada del servicio en la ciudad. Este sistema ha generado desde hace años tensiones continuas entre taxistas independientes, empresas de transporte como Uber y Cabify y las asociaciones tradicionales.

La investigación policial apunta a que un grupo específico de taxistas, agrupados bajo Solidaridad del Taxi, monopolizaba esta parada mediante intimidaciones y actos vandálicos, impidiendo la libre competencia. Entre las coacciones utilizadas por los miembros de esta organización destacan las amenazas directas a otros taxistas y titulares de licencias VTC, impidiéndoles acceder a la parada.

Además, los actos vandálicos eran frecuentes, incluyendo pinchazos de neumáticos, lanzamientos de piedras y ataques con productos corrosivos que dañaban los vehículos de aquellos que intentaban desafiar su imposición. En 2017, el grupo fue investigado por la quema de vehículos de la empresa VTC Cabify durante la Feria de Abril, en un ejemplo claro de las prácticas violentas a las que recurrían. Aunque algunos procesos judiciales anteriores fueron archivados, la operación actual ha sido bien recibida por los afectados durante todo este tiempo.

Medidas judiciales

Tras las detenciones, los 18 taxistas imputados, incluida la junta directiva de Solidaridad del Taxi, han sido puestos en libertad con cargos. Sin embargo, el juez encargado del caso ha impuesto una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto, incluyendo cualquier vehículo que opere bajo sus licencias. Esta decisión busca evitar nuevas acciones que puedan alterar el funcionamiento de la parada mientras continúa la investigación.

Además, otras 20 personas han sido incluidas en la causa como investigadas, lo que sugiere que el alcance del problema podría ser aún mayor. Las diligencias se encuentran ahora en el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, cuyo titular ha adoptado una postura seria para abordar lo que considera una «organización criminal».

Reacciones encontradas

Tras el operativo, la asociación Élite Taxi, otra de las entidades gremiales del sector, emitió un comunicado condenando las «actitudes mafiosas» de Solidaridad del Taxi. Incluso acusaron a Unión Sevillana del Taxi de mantener una manifiesta connivencia con el grupo señalado. Esta rivalidad interna expone las divisiones y tensiones que persisten en un sector frecuentemente marcado por la competencia desleal y los conflictos con las VTC desde sus inicios.

La patronal de vehículos de transporte con conductor, que en esta ocasión no figura como denunciante principal, recordó que ya habían señalado en el pasado irregularidades como la presencia de un bar ilegal gestionado por Solidaridad en las instalaciones del aeropuerto, desalojado finalmente por AENA.

Los conductores más experimentados del sector recuerdan a este medio que el conflicto en la parada del aeropuerto no es nuevo. Desde principios de los años 2000, sucesivos gobiernos locales han tratado de abordar el problema sin éxito. Un intento significativo fue la aplicación de un turno rotatorio para asegurar un acceso equitativo al servicio, pero la medida fue rechazada de manera rápida, a pesar de contar con el respaldo judicial.

El actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha prometido revisar la organización del sector a raíz de estos acontecimientos. A pesar de la desconfianza sobre la resolución definitiva del problema, las asociaciones han mostrado su satisfacción por la contundencia de la respuesta judicial y la investigación policial.