Un fallo judicial en Algeciras refuerza la lucha contra el 'petaqueo' de combustible a narcos

La Audiencia Provincial de Cádiz ha sentado un precedente que podría cambiar el enfoque judicial sobre el suministro de combustible a las narcolanchas en Andalucía, conocido como «petaqueo». La Sección Séptima, con sede en Algeciras, ha revocado la libertad provisional de un detenido que transportaba más de 5.000 litros de gasolina, al considerar que su conducta supone un riesgo consciente y voluntario para la seguridad colectiva, en virtud del artículo 568 del Código Penal.

Según ha adelantado Europa Sur, esta resolución abre una nueva senda para la persecución penal de quienes abastecen de combustible a las lanchas rápidas utilizadas por las redes de narcotráfico y contrabando. Hasta ahora, la falta de pruebas directas sobre la vinculación de los «petaqueros» con estas organizaciones criminales ha dificultado su imputación penal, limitando las sanciones a faltas administrativas.

Un posible precedente

El auto se basa en que la gasolina es una sustancia inflamable cuya tenencia y transporte en grandes cantidades sin autorización puede considerarse delito, independientemente de que exista o no un propósito delictivo concreto.

El artículo 568 del Código Penal castiga con penas de entre tres y ocho años de prisión el almacenamiento o transporte no autorizado de sustancias explosivas, inflamables o incendiarias. Según los magistrados, esta norma puede aplicarse al suministro ilegal de gasolina, una actividad hasta ahora tratada como infracción administrativa, salvo en casos donde se han presentado pruebas irrefutables de su relación con el narcotráfico.

En este caso, el investigado fue interceptado con 164 petacas de gasolina, superando los 5.000 litros, que, según la Fiscalía, estaban destinadas al abastecimiento de embarcaciones usadas para el tráfico de drogas. Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras le concedió la libertad provisional sin fianza, pero la Fiscalía recurrió la decisión, logrando su revocación por parte de la Audiencia Provincial.

Diversidad de opiniones

A pesar de esta decisión, la aplicación del artículo 568 a estos casos no está exenta de controversia. Existen interpretaciones divergentes en distintas audiencias provinciales e, incluso, dentro de la propia Audiencia de Cádiz. La Sección Cuarta, por ejemplo, ha mostrado posturas diferentes respecto a la inclusión del «petaqueo» en esta figura penal.

Algunas voces argumentan que la tenencia de gasolina en sí misma no debería ser considerada delito, ya que su uso principal es lícito. Sin embargo, la Audiencia de Cádiz sostiene que el riesgo inherente a su almacenamiento y transporte en grandes cantidades sin autorización justifica su consideración como delito, al margen de su posible destino final.

El Tribunal Supremo podría tener la última palabra si la defensa del investigado decide recurrir. Los ojos se fijan en este caso, ya que la última palabra del alto tribunal sentaría jurisprudencia sobre la aplicabilidad del artículo 568 a este tipo de actividades.

La transversalidad del caso

Mientras tanto, en el ámbito político, el Partido Popular ha instado al Congreso a acelerar la tramitación de una proposición de ley que endurecería las penas para quienes suministren gasolina a las narcolanchas. Presentada en diciembre, esta iniciativa legislativa propone castigar con hasta ocho años de prisión a los «petaqueros», equiparándolos a otros colaboradores del narcotráfico.

El diputado del PP de Cádiz, Ignacio Romaní, ha denunciado recientemente que la tramitación de esta propuesta ha sido aplazada en seis ocasiones, impidiendo su debate y posible aprobación. Además, ha recordado que su partido también ha propuesto aumentar las penas por tráfico de drogas y castigar con mayor severidad los ataques a las fuerzas de seguridad por parte de narcotraficantes.

Como informó THE OBJECTIVE, la Guardia Civil ha reiterado la urgencia de tomar medidas para frenar esta actividad, que ha proliferado en toda Andalucía. Localidades como Chiclana de la Frontera, son conocidas como un punto de abastecimiento para narcolanchas en Cádiz. Los cuerpos de seguridad han detectado estructuras criminales organizadas que almacenan y distribuyen combustible a gran escala y piden una reacción ágil.

Problema en expansión

El tráfico de gasolina para las narcolanchas se ha extendido a lo largo del litoral andaluz, desde el Cabo de Gata hasta el Estrecho de Gibraltar. Las autoridades han detectado métodos cada vez más sofisticados, como el uso de embarcaciones recreativas y el almacenamiento en viviendas y naves industriales.

En este contexto, los llamados «petaqueros» no solo se encargan de suministrar combustible a las narcolanchas, sino que también proveen otros materiales esenciales según las necesidades de estas embarcaciones, lo que refuerza la complejidad de su imputación penal. Ante esta dificultad, la Fiscalía concuerda con la Audiencia de Cádiz, ya que lleva bastante tiempo sugiriendo considerar la gasolina como una «sustancia inflamable» para facilitar su encaje en el marco legal y mejorar su persecución judicial.

A pesar de los esfuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, la falta de un marco legal claro ha dificultado la lucha contra esta práctica. La reciente resolución de la Audiencia de Cádiz podría marcar un antes y un después en la persecución del «petaqueo», si finalmente el Tribunal Supremo ratifica esta interpretación del Código Penal.