Gibraltar dificulta a España estudiar el impacto ambiental de sus polémicos rellenos
La intervención de las fuerzas de seguridad gibraltareñas impide evaluar el impacto en la franja de alto valor ecológico
Recreación del Eastside Project. | TNG GLOBAL
El megaproyecto urbanístico que Gibraltar desarrolla sobre terrenos ganados al mar en su costa este ha vuelto a desatar una compleja controversia diplomática. La Fiscalía de Área de Algeciras ha confirmado que España no ha podido llevar a cabo una evaluación científica independiente de los posibles daños provocados en el medio marino por las obras del llamado Eastside Project, debido a la intervención de las fuerzas de seguridad gibraltareñas, que han impedido el acceso a los investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Este organismo público, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tenía asignada la tarea de analizar el impacto de los vertidos de materiales sobre el ecosistema submarino del área afectada. Sin embargo, tal como se recoge en el decreto emitido por el Ministerio Público, adelantado por Europa Sur, su labor de campo ha resultado inviable por las restricciones impuestas por las autoridades del Peñón.
Investigación en marcha
El Eastside Project, adjudicado por el Gobierno gibraltareño a la empresa TNG Global Foundation, contempla la construcción de un puerto deportivo, un hotel, más de 1.300 viviendas, zonas comerciales y una torre de 25 plantas, entre otras infraestructuras. Según informó THE OBJECTIVE, su desarrollo avanza con rapidez sobre una franja litoral que ha sido objeto de relleno mediante el vertido masivo de rocas y escombros. Parte de ese material proviene de una cantera situada en Casares (Málaga), lo que ha contribuido a intensificar el conflicto.
La denuncia inicial fue presentada en octubre de 2024 por Verdemar Ecologistas en Acción, quienes alertaron sobre la posible comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. A partir de esta acción, la Fiscalía General del Estado encomendó el caso a la Fiscalía de Cádiz, que posteriormente lo derivó a Algeciras por razón de competencia territorial. El caso ha sido remitido al Juzgado de Instrucción n.º 2 de La Línea de la Concepción, donde se instruyen las diligencias.
Según el Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil, los rellenos provocan alteraciones significativas en las condiciones físico-químicas del agua y conllevan la destrucción directa de hábitats marinos. La zona en cuestión forma parte de la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental, incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, y es reconocida por su alta biodiversidad y su papel como corredor migratorio de especies.
En su informe, el Eprona señala que las autoridades del Peñón ya fueron advertidas en 2013 por una actuación similar en el mismo sector costero, lo que motivó entonces la apertura de diligencias judiciales. En esta nueva etapa de desarrollo, los vertidos no han sido comunicados ni autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica, que ha confirmado la ausencia de permisos ni notificaciones por parte del Gobierno gibraltareño.
Sin progresos a la vista
Pese a que se ha programado un seguimiento ambiental para principios de 2025, la Fiscalía asegura que, hasta la fecha, no ha habido avances reales en la realización de los estudios. Tampoco se ha solicitado formalmente la colaboración de las fuerzas de seguridad españolas para garantizar la seguridad de los investigadores del IEO en la zona.
En paralelo, se ha investigado la cantera malagueña desde donde se extrae parte del material empleado en los rellenos. Aunque los ecologistas denunciaron su impacto potencial sobre un enclave protegido, las inspecciones del Eprona no han hallado hasta la fecha evidencias de irregularidades. Según la Fiscalía, la actividad de la cantera se ajusta a la normativa y no se ha acreditado que los materiales exportados sean peligrosos o contaminantes.
La construcción continúa
La actuación de las autoridades gibraltareñas también ha suscitado críticas dentro del propio Peñón, sobre todo ante el incesante avance del proyecto a pesar de las contrariedades. Algunos sectores del gobierno local y de la comunidad residente han expresado su preocupación por el ritmo acelerado del proyecto y por sus efectos ambientales.
Por su parte, la promotora TNG Global Realty defiende la legalidad del proyecto y afirma que ha superado las evaluaciones ambientales necesarias, incluidas revisiones por parte de la Comisión Europea desde 2009. Según su versión, el proyecto se ajusta a los parámetros ambientales comunitarios y continuarán con su plan según lo previsto.