Critican a Marlaska por mover de Cádiz a Sevilla una patrullera contra los ‘narcos’

El reciente traslado de la patrullera Río Ulla desde la base del Servicio Marítimo en Cádiz a Sevilla ha generado una intensa polémica entre agentes de la Guardia Civil. El sindicato mayoritario Jucil ha manifestado su rechazo a esta decisión, considerándola una medida apresurada y carente de una planificación adecuada para combatir el narcotráfico en el río Guadalquivir, un punto cada vez más estratégico para las redes delictivas dedicadas al tráfico de drogas.

El movimiento de esta embarcación, originalmente asignada a labores de formación, se ha producido con el objetivo de reforzar la vigilancia en un tramo fluvial que se ha consolidado como una ruta alternativa para el narcotráfico tras el aumento de la presión policial en el Estrecho de Gibraltar y otras zonas del litoral andaluz. Con 160 kilómetros navegables entre la desembocadura y Sevilla capital, el Guadalquivir representa un corredor privilegiado para las organizaciones criminales, que aprovechan su complicada geografía, repleta de marismas, ramales y canales secundarios, para evitar ser detectadas.

Jucil critica duramente que esta decisión implique restar recursos a una provincia, como Cádiz, ya saturada por la actividad de los clanes del hachís y la cocaína. Para el sindicato, esta medida no soluciona el problema de fondo, sino que simplemente traslada la debilidad operativa de una zona crítica a otra, sin un refuerzo estructural real ni una inversión sostenida en medios y personal.

Tendencia alcista

Según los datos más recientes, el volumen de droga incautada en la provincia de Sevilla no cesa de crecer. En 2023, se decomisaron cerca de 30 toneladas de cocaína, un 97% más que el año anterior. Sin embargo, según explican a THE OBJECTIVE guardias civiles destinados a la provincia de Sevilla, este incremento no ha ido acompañado de un refuerzo equiparable en recursos. Desde el sindicato se advierte del riesgo de que la provincia se convierta en un nuevo enclave logístico de las mafias, como ya ocurrió anteriormente en el Campo de Gibraltar.

La situación actual del Guadalquivir ilustra la falta de un servicio fluvial especializado, una de las principales reclamaciones de los agentes. Jucil ha solicitado la creación de una unidad permanente de vigilancia fluvial con base en Sevilla, equipada con embarcaciones rápidas, drones y personal cualificado. Según denuncian, actualmente las patrulleras operan con medios insuficientes y obsoletos, incapaces de competir con las modernas narcolanchas que utilizan las mafias, más rápidas y con mayor capacidad de maniobra.

A esta carencia se suma el conocido cierre del grupo OCON-Sur en 2022, una unidad de coordinación que durante cuatro años lideró importantes operaciones antidroga en Andalucía. Desde su disolución, los miembros de la Guardia Civil afirman que las incautaciones en algunas zonas han disminuido, mientras que los clanes han logrado afianzar nuevas rutas, diversificar su actividad y reforzar su presencia en otros corredores, como el Guadiana o el propio Guadalquivir.

Batalla legislativa

Además de los recursos materiales, Jucil también pone el foco en la necesidad de modificar el marco legal para combatir eficazmente fenómenos como el «petaqueo», es decir, el suministro de combustible a narcolanchas. A día de hoy, esta actividad solo está considerada una infracción administrativa, lo que limita la capacidad de respuesta de los agentes. El Senado ya ha mostrado su respaldo a su penalización como delito, y por ello el sindicato insta al Congreso a completar cuanto antes el trámite legislativo.

Otro aspecto que genera preocupación es el nivel de violencia que está adoptando el narcotráfico en el sur de España. Según alerta Jucil, cada vez son más frecuentes los decomisos en los que se encuentran armas automáticas, como fusiles de asalto, y se teme que los enfrentamientos entre clanes o con las fuerzas de seguridad puedan derivar en situaciones extremadamente peligrosas. Por ello, reclaman el uso de armas largas por parte de los agentes desplegados en operaciones antidroga, así como el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo.

¿Menos delitos o menos recursos?

Aunque las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan una caída en las incautaciones de ciertas drogas durante el último año, desde Jucil advierten que esta reducción no se debe a una menor actividad delictiva, sino a la escasez de medios para detectar e interceptar los alijos. Según el sindicato, el abaratamiento del hachís y la cocaína en el mercado negro sugiere que mayores cantidades de droga están logrando entrar en el país sin ser interceptadas.

En municipios sevillanos cercanos al río como Lebrija, Coria del Río y La Puebla del Río, se han detectado numerosos puntos de descarga y almacenaje de droga, algunos incluso en propiedades privadas. En estas localidades, las narcolanchas se mueven con agilidad, aprovechando la escasa vigilancia y la complejidad del terreno. La falta de vehículos todoterreno adecuados, la antigüedad de los coches patrulla y la carencia de drones para labores de seguimiento desde el aire agravan aún más la situación.

Mientras que el Ministerio del Interior insiste en que la inversión total en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar supera los 156 millones de euros desde 2018, los agentes denuncian que esos fondos no se están traduciendo en mejoras operativas. La dotación de vehículos no adaptados al terreno, patrulleras de escasa fiabilidad y la persistencia de zonas sin cobertura efectiva de vigilancia son ejemplos recurrentes de esa falta de adecuación entre la inversión anunciada y las necesidades reales.