El Gobierno impide a Mango el uso de un alga invasora de Cádiz en plantillas de zapatos
El Miteco bloquea un proyecto que prometía retirar 1,2 millones de kilos de algas de las costas andaluzas
Recogida de algas. | Ayuntamiento de La Línea
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), dirigido por Sara Aagesen, ha denegado la autorización para la recolección y comercialización del alga invasora Rugulopteryx okamurae, frustrando así un proyecto que aspiraba a fabricar cuatro millones de plantillas de zapatos para la firma Mango a partir de esta biomasa marina. El proyecto, impulsado por la Sección de Educación Permanente (Seper) de Tarifa y la empresa alicantina Eldaplant, se presentaba como una solución innovadora y sostenible ante uno de los mayores retos ambientales del litoral andaluz.
Desde su detección en 2015 en aguas próximas a Ceuta, esta especie asiática ha proliferado sin control en las costas del sur peninsular, cubriendo los fondos marinos y dificultando tanto el turismo como la pesca artesanal. Pese a los numerosos estudios que alertan sobre su impacto en la biodiversidad, las Administraciones públicas siguen sin articular una respuesta eficaz para su gestión y aprovechamiento.
Un proyecto disruptivo
El proyecto SeaSoft, desarrollado por estudiantes y docentes de la Seper Tarifa, logró demostrar que esta alga puede convertirse en una alternativa viable al plástico en la industria del calzado. Con apenas 300 gramos de Rugulopteryx okamurae se consigue una plantilla con propiedades equivalentes a las sintéticas, tanto en resistencia como en coste. A partir de estos ensayos iniciales, Eldaplant produjo 3.000 prototipos, tras lo cual se firmó un preacuerdo con una filial de Mango para abastecer de cuatro millones de unidades.
La producción, prevista inicialmente para otoño de 2022, implicaba la retirada de 1.200 toneladas de biomasa invasora de las playas del Campo de Gibraltar, transformando un residuo problemático en un producto útil. Además, se contemplaba la creación de una planta de procesamiento en Tahivilla, en la comarca de La Janda, con el objetivo de generar empleo rural y dinamizar económicamente una zona afectada por la despoblación.
Sin embargo, la respuesta del Miteco, recibida tras casi tres años de espera y a la que THE OBJECTIVE ha tenido acceso, ha echado por tierra la iniciativa. El departamento ministerial argumenta que el alga, al estar catalogada como especie exótica invasora, solo puede ser recogida en el marco de planes de gestión aprobados por las comunidades autónomas. Según la resolución, la «falta del instrumento específico correspondiente en materia de gestión del alga» imposibilita llevar a cabo la propuesta. La contrariedad ve la luz al conocerse que Andalucía, por su parte, carece actualmente de un plan de gestión para esta biomasa, lo que deja en suspenso cualquier aprovechamiento comercial.
Sin una ruta clara
Este vacío normativo ha generado un bloqueo institucional que ya había afectado a otros proyectos similares, como el de Futuralga, centrado en la fabricación de envases biodegradables. Mientras tanto, los ayuntamientos afectados, como los de Tarifa, Barbate, Conil o Algeciras, deben asumir los crecientes costes de limpieza, que en algunos casos alcanzan casi un metro de altura en las playas. En 2024, la Diputación de Cádiz ha incrementado en un 25% el presupuesto destinado a la retirada del alga, hasta alcanzar los 340.000 euros.
El impacto socioeconómico de esta especie se extiende también al sector pesquero. Los bancos de Rugulopteryx okamurae dificultan las labores de pesca, provocando la desaparición de especies y obligando a las flotas a desplazarse entre caladeros. En paralelo, el turismo sufre las consecuencias de unas playas cada vez más cubiertas por esta biomasa, que aunque no es tóxica, resulta desagradable para los bañistas y poco atractiva para el visitante.
En busca de respuestas
Ante la negativa del Miteco, los impulsores del proyecto han anunciado la interposición de un recurso de alzada. Un abogado, antiguo alumno del centro educativo, se encargará de presentar esta alegación en los próximos días. Más allá del caso concreto, el equipo de SeaSoft reclama una revisión en profundidad del marco normativo que impide dar salida a toneladas de residuos marinos que hoy terminan en vertederos con un alto coste económico y ambiental.
El Ministerio había autorizado en el pasado a la Seper Tarifa a recolectar hasta 90 toneladas anuales de alga con fines exclusivamente educativos y científicos. Esta recolección permitió probar con éxito aplicaciones como fertilizantes orgánicos eficaces. No obstante, la posibilidad de escalar a un modelo industrial y comercial, incluso cuando se cuenta con el respaldo de una marca internacional, ha quedado paralizada por la actual legislación.
La Junta de Andalucía, por su parte, ha reclamado en varias ocasiones que el Gobierno central facilite una vía legal para aprovechar la biomasa de Rugulopteryx okamurae. Su delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido, ha señalado que existen empresas, tecnología y conocimiento científico suficientes para convertir este problema ecológico en una oportunidad dentro de un modelo de economía circular. Sin embargo, insiste en que sin un cambio normativo, los municipios seguirán asumiendo los costes y se perderán oportunidades de desarrollo sostenible.