La prisión de Alhaurín (Málaga), en alerta tras el uso de drones para introducir droga

La cárcel de Alhaurín de la Torre, en Málaga, vuelve a estar en el punto de mira tras un nuevo incidente relacionado con el uso de drones para introducir objetos prohibidos en su interior. Un dron logró burlar el perímetro del centro penitenciario Málaga I y, aunque fue finalmente interceptado gracias a la rápida actuación de los funcionarios, dejó en evidencia una vez más las carencias tecnológicas y de personal que sufre el sistema penitenciario español frente a esta modalidad delictiva cada vez más extendida.

El suceso ocurrió alrededor de las 3.30 horas en la madrugada del martes, cuando la Guardia Civil detectó la presencia de un dron sobrevolando la zona del Módulo 9 y dio aviso inmediato al personal del centro. Aunque la aeronave no fue visible a simple vista debido a la oscuridad y la rapidez de la operación, los funcionarios iniciaron una inspección preventiva desde el exterior de las celdas para detectar cualquier movimiento sospechoso.

Poco después, el equipo de vigilancia notó una actividad inusual y un fuerte olor a hachís procedente de una celda concreta. Una vez dentro, encontraron a dos internos manipulando una bolsa que contenía dos teléfonos móviles, un dispositivo de tamaño reducido, conocido en el argot carcelario como «piticlín», varios cargadores y cuatro tabletas de hachís, además de una pequeña cantidad de marihuana.

Uno de los reclusos fue trasladado al módulo de aislamiento y todo el material incautado quedó a disposición del juzgado de guardia, que investiga ahora los posibles delitos cometidos. Según ha recogido THE OBJECTIVE, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han denunciado esta situación y han reclamado a la administración medidas urgentes para prevenir nuevos incidentes de este tipo.

La introducción de móviles en prisión no solo vulnera la normativa, sino que facilita la comisión de nuevos delitos desde dentro, como la gestión de redes de narcotráfico, amenazas o incluso extorsiones. Además, estos dispositivos generan tensiones y conflictos entre internos, al convertirse en moneda de cambio o causa de deudas, lo que contribuye al deterioro del clima de seguridad en los módulos.

Déficit de seguridad

Este nuevo episodio con drones ha puesto de relieve una carencia estructural en el sistema penitenciario. A pesar de que la vigilancia perimetral es competencia de la Guardia Civil, una vez dentro del recinto, la responsabilidad recae por completo en los funcionarios de prisiones, quienes se ven obligados a actuar sin herramientas adecuadas para detectar ni neutralizar estas aeronaves, cuyo coste es cada vez más accesible para los grupos delictivos.

CSIF ha vuelto a denunciar la ausencia de tecnología moderna y eficaz capaz de contrarrestar la creciente amenaza de los drones. Entre las medidas que reclaman se encuentra la instalación urgente de inhibidores de frecuencia, sistemas de detección de aeronaves no tripuladas y un aumento de personal que refuerce la vigilancia durante las horas más críticas. A su vez, el sindicato TAMPM ha subrayado que la tecnología empleada por los delincuentes supera ampliamente los medios actuales disponibles en las prisiones, lo que deja a los trabajadores en una posición de clara desventaja.

Tendencia alcista

La Policía Local de Alhaurín de la Torre también se ha visto implicada en la lucha contra este fenómeno de manera paralela. Según informó el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, varios jóvenes alertaron a los agentes el pasado domingo tras encontrar en una construcción abandonada un dron, teléfonos móviles y paquetes sospechosos. El material ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil, que lo relaciona con intentos previos de introducir contrabando en el centro penitenciario.

Estos hechos no son aislados. A finales del año pasado, un informe del Ministerio del Interior ya alertaba de un «incremento exponencial» en el uso de drones con fines delictivos en las cárceles españolas. En el recuento de los primeros nueve meses de 2022, Instituciones Penitenciarias contabilizó al menos 41 incidentes relacionados con aeronaves no tripuladas, lo que indica una tendencia preocupante.

Los sindicatos también han visto la oportunidad tras este nuevo caso de recordar otras reivindicaciones pendientes, como el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la actualización de las relaciones de puestos de trabajo (RPT), más formación especializada y la equiparación con los cuerpos que operan en comunidades con competencias penitenciarias transferidas. Además, solicitan que se agilice la integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas autonómicos de salud, con el fin de cubrir la carencia de médicos en los centros.