The Objective
Andalucía

Alerta en el mar de Gibraltar por vertidos peligrosos en una zona de alto valor ecológico

Verdemar exige estudios independientes sobre la calidad del material empleado y su repercusión en la costa andaluza

Alerta en el mar de Gibraltar por vertidos peligrosos en una zona de alto valor ecológico

Vista del Peñón de Gibraltar.

El desarrollo urbanístico en la zona este de Gibraltar vuelve a estar en el centro de la polémica. La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha denunciado recientemente la utilización de escombros procedentes del antiguo vertedero del Peñón como material de relleno para las obras del proyecto Marina Eastside. Como previamente ha informado THE OBJECTIVE, la intervención se sitúa en una Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, reconocida por su valor ambiental y perteneciente a la Red Natura 2000, lo que ha generado una fuerte inquietud tanto ecológica como jurídica.

Según los ecologistas, ya se han ganado al mar unas cinco hectáreas mediante la instalación de piedra de escollera y el vertido de más de un millón de toneladas de materiales, muchos de los cuales podrían estar contaminados. La entidad exige la realización de estudios físico-químicos y biológicos en las costas más próximas de La Línea de la Concepción, especialmente en la playa de Levante, ante el riesgo potencial que estos residuos puedan representar para la salud humana y el equilibrio del ecosistema marino.

El proyecto Marina Eastside, impulsado por el Gobierno gibraltareño y adjudicado a la fundación empresarial TNG Global, contempla la creación de una zona residencial de lujo, un puerto deportivo y espacios comerciales, todo ello sobre terreno ganado al mar. Desde sus inicios, la actuación ha provocado un conflicto diplomático con España, que considera las aguas afectadas como parte de su jurisdicción. A raíz de estas tensiones, se han presentado denuncias ante distintas instancias, entre ellas la Unión Europea, la Fiscalía General del Estado y administraciones autonómicas.

Movilización de fondos

A nivel judicial, la causa por presuntos delitos contra el medio ambiente y el ordenamiento del territorio ya ha llegado a los tribunales españoles. La Fiscalía presentó en mayo una denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea, la cual sigue su curso. Sin embargo, para que Verdemar pueda mantener su papel de acusación popular en el proceso, el juez ha impuesto una fianza de 10.000 euros. Ante esta exigencia económica, el colectivo ha lanzado una campaña de micromecenazgo para reunir los fondos necesarios, advirtiendo que carecen de subvenciones y que su única fuente de financiación proviene de sus socios y simpatizantes.

La situación ha generado un gesto simbólico por parte del presidente del colectivo, quien declinó asistir a una reunión oficial con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en Madrid. En una carta dirigida al ministro, explicó que había decidido destinar el dinero que habría utilizado en el viaje a la fianza judicial, remarcando su compromiso con la defensa del litoral y su frustración ante la falta de apoyo institucional.

Efectos colaterales

Pero las consecuencias del desarrollo urbanístico no se limitan al ámbito ecológico y legal. En Gibraltar, los residentes y visitantes también están percibiendo los efectos de la transformación del paisaje. Usuarios habituales de Eastern Beach, la playa más extensa del Peñón, han reportado durante las últimas semanas la aparición de polvo, cemento y otros restos de obra en la arena, según ha podido contrastar este medio. Las denuncias, difundidas a través de redes sociales y medios como GBC News, apuntan a problemas de salud como irritaciones cutáneas y dificultades respiratorias, especialmente en niños.

Las obras no cesan

Estas molestias coinciden con el avance de la urbanización en la zona, especialmente tras la finalización de las últimas fases del complejo residencial Hassan Centenary Terraces. Las reformas en estas viviendas, unidas a la actividad continua del proyecto Eastside, han incrementado el tránsito de materiales de construcción en un área ya de por sí sometida a una elevada presión humana y urbanística.

A pesar de las quejas, el Ejecutivo gibraltareño ha mantenido el silencio institucional, justificando su falta de declaraciones en la próxima apertura del Parlamento, donde se prevé abordar el asunto. Mientras tanto, los trabajos en la costa este continúan sin pausa visible, modificando de forma drástica una franja litoral anteriormente ocupada solo por el mar.

Desde España, la preocupación es constante, a pesar de la falta de trascendencia a nivel nacional. Las playas de La Línea de la Concepción, próximas al área en cuestión, podrían verse afectadas si se confirma la presencia de materiales contaminantes en los rellenos. Verdemar ha insistido en la necesidad urgente de controles medioambientales transfronterizos que garanticen la seguridad de las aguas compartidas del Estrecho.

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