Los agricultores de Jaén exigen paralizar la tala de olivos para construir megaplantas solares

El auge de los grandes proyectos de energía fotovoltaica en Andalucía está generando una intensa polémica social y territorial, especialmente en localidades como Lopera, Jaén. Allí, numerosas fincas agrícolas están siendo expropiadas para instalar paneles solares, lo que implica la tala de olivos centenarios, un patrimonio natural, cultural y económico de gran valor para la región. Este proceso ha desatado una fuerte movilización de agricultores y colectivos rurales que exigen a la Junta de Andalucía la suspensión inmediata de estas actuaciones, cuestionando la autorización oficial de estas megaplantas.

A pesar de las protestas y el creciente rechazo social, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene su postura firme y no accede a paralizar la tala de olivos en Lopera, una de las zonas más afectadas. El gobierno regional considera estas infraestructuras como un elemento esencial para la transición energética que Andalucía debe llevar a cabo, por lo que defiende la continuidad de los proyectos. Sin embargo, los agricultores argumentan que esta transición no debe hacerse a costa de la destrucción del olivar tradicional, base histórica de la economía local.

Recientemente, un grupo de aproximadamente cincuenta olivareros afectados por estas expropiaciones fue recibido en el Parlamento de Andalucía por representantes del partido Vox, tras no haber podido acceder a una protesta organizada por la plataforma SOS Rural en Sevilla, coincidiendo con una cumbre de la ONU en la ciudad. Según ha sabido THE OBJECTIVE, en esta reunión los agricultores manifestaron su indignación y preocupación por perder tierras y un legado agrícola que se ha transmitido por generaciones, expresando además su descontento con la falta de respuesta y sensibilidad de la administración autonómica.

Fase de evaluación ambiental

El principal conflicto gira en torno al Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en Lopera, que actualmente está en fase de evaluación ambiental por parte de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La decisión sobre este plan podría ser determinante para frenar temporalmente nuevas licencias para instalaciones solares en la comarca. También está en cuestión la viabilidad ambiental de un cuarto parque fotovoltaico en Lopera, cuya aprobación está pendiente por si afecta al hábitat del alzacola rojizo, un ave protegida cuya presencia ha motivado alegaciones para impedir la autorización del proyecto.

En el plano legal, la problemática se enmarca en una normativa que ha facilitado el despliegue de renovables en suelo rústico sin establecer restricciones contundentes para proteger el suelo agrícola y el entorno rural. La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 y reformada en 2022, ha otorgado un carácter ordinario a las instalaciones renovables en este tipo de suelo, lo que ha provocado críticas por parte de asociaciones ecologistas y organizaciones del mundo rural.

Movilización masiva

Las plataformas rurales, encabezadas por SOS Rural, reclaman al Gobierno autonómico la suspensión inmediata de cualquier obra que implique la destrucción de olivos centenarios. Esta agrupación ha recopilado más de 128.000 firmas en apoyo a su campaña contra la tala de estos árboles emblemáticos. Asimismo, exigen una nueva legislación que proteja específicamente la superficie agraria útil y defienda la continuidad de la actividad agrícola tradicional en Andalucía.

Por otra parte, grupos ecologistas como Alianza Energía y Territorio (Aliente) y MACROrenovablesNO han llevado esta protesta más allá de las fronteras andaluzas, organizando una concentración en Bruselas frente al Parlamento Europeo para denunciar los megaproyectos eólicos y solares que, según sostienen, ponen en peligro el medio ambiente y el territorio a nivel europeo.

La respuesta de la Junta

La Junta de Andalucía ha respondido a SOS Rural con una carta en la que defiende que los procesos de autorización de estas infraestructuras son rigurosos, transparentes y participativos. El gobierno autonómico indica que la ubicación de las plantas solares corresponde a promotores privados, quienes eligen los terrenos en función del recurso solar disponible y la proximidad a la red de transporte y distribución eléctrica. También señalan que cuentan con la llamada «Licencia Social Operativa», que supuestamente asegura la aceptación social de estos proyectos.

Esta respuesta ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de los agricultores y las plataformas rurales, que consideran que la normativa vigente es inmoral y no refleja el sentir de quienes están perdiendo sus tierras. Según SOS Rural, la Junta ignora la magnitud del rechazo social, así como las consecuencias económicas y culturales de las expropiaciones forzosas.

En términos económicos, los afectados alertan que el suelo agrícola es clave para la soberanía alimentaria y la economía rural andaluza. La conversión de estas tierras en infraestructuras energéticas supone un daño irreparable para el sector agrícola, y cuestionan la declaración de utilidad pública de estos proyectos, ya que la energía producida se vende generalmente a grandes industrias y no a la población en general.

Por su parte, la Junta insiste en la importancia estratégica de las energías renovables para cumplir con los compromisos internacionales contra el cambio climático y la descarbonización de la economía.