UGT Castilla y León plantea un ERE que afectará al 40% de la plantilla por el recorte de Vox
UGT se suma a CCOO en el recorte de personal después del recorte presupuestario de la Junta de Castilla y León propuesto por Vox
Manifestación UGT | Telemadrid
El recorte presupuestario llevado a cabo por la Junta de Castilla y León, planteado fundamentalmente por la formación que lidera Juan García-Gallardo a sindicatos y patronal, está «causando estragos» en las cuentas de los dos sindicatos principales en la Comunidad, CCOO y UGT.
El recorte presupuestario ha obligado a UGT a rectificar en la política de personal y desde el sindicato han querido descargar la responsabilidad sobre la Junta de Castilla y León, a quien responsabiliza de la situación por retirar los fondos de los planes Diálogo Social, que llevaban en funcionamiento por más de dos décadas.
Estos programas, financiados íntegramente por la Junta, permitía a UGT contratar personal para cubrir las necesidades y poder llevar a cabo los diferentes programas de Prevención de Riesgos Laborales, Inmigración y Orientación para el trabajo se han quedado sin cobertura.
Si ayer era noticia la presentación de un ERTE que afectará a 54 trabajadores de CCOO que publicamos en THE OBJECTIVE, hoy publicamos la intención del sindicato UGT de presentar un ERE que afectará a más de 70 trabajadores en Castilla y León.
La política de restricción en le gasto propuesta por el consejero de la Junta, Mariano Veganzones, del Grupo de Vox, está obligando a los sindicatos a replantear y rediseñar sus plantillas de personal.
La reorientación del llamado «gasto superfluo» ha supuesto un recorte importante en la partida presupuestaria que habitualmente iba dirigida a cubrir los gastos sindicales. Según han hecho público desde el sindicato UGT ejecutará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 76 de sus 188 trabajadores de su área administrativa, según hemos podido conocer en THE OBJECTIVE.
Recortes sindicatos y patronal
Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se ha reducido en algo más de 20 millones de euros las diferentes partidas destinadas al llamado Diálogo Social, al eliminar seis millones de euros en subvenciones para prevención de riesgos laborales, la mediación del SERLA, así como la «reorientación» de los doce millones de euros que hasta ahora se destinaban a los planes de orientación laboral (PROA).
El consejero de Industria, Mariano Veganzones detalló en su momento que la partida para la Dirección General de Riesgos Laborales quedaba reducida un 38,9 por ciento, hasta alcanzar los 26,5 millones de euros que responde «a una gestión más eficiente y eficaz» de los créditos destinados a las políticas de prevención de riesgos laborales y relaciones laborales.
Esta «reorientación del gasto supérfluo», tal y como la definió Veganzones, supone, por una lado «que vamos a hacer mucho más con menos», según señaló el propio Veganzones, y por otro, la reconversión de las partidas dirigidas a subvenciones de sindicatos a actividades en materia de prevención y que se concretan en seis millones de euros menos para las acciones de prevención de riesgos.
Es clave para la sostenibilidad del estado del bienestar.
El estado clientelar es el estado del bienestar para unos pocos, la clase política dirigente y sus apoyos y el sector sindical , cultural y mediático que comparten , con ellos, el banquete de los ingresos públicos. La manera que un estado clientelar se convierta en un estado del bienestar es que los contribuyentes eliminen a los intermediarios que roban los recursos públicos para su beneficio electoral y/o personal y por ello, los políticos gestionan mejor los recursos.
Lo normal en una democracia es que los servidores públicos ( del estado) ayuden en evitar que a este se le priven de recursos para atenciones claves ( ejm sanidad) y acabe convirtiendo en un estado clientelar con una” corrupción estructural”
Antes de su fallecimiento ( 16/7/2021),el conocido economista ,Gay de Liébana nos dejó esta recomendación , que fue publicada en numerosos medios. “en España se registran ineficacias presupuestarias que podrían resolverse «si somos capaces de eliminar la gigantesca industria política que se ha generado y que consume cerca de 25.000 millones de euros al año».Hay mucho que recortar para mejorar la financiación de la sanidad, y la justicia ( entre otras).
Hala, hala, a levantar el país. A trabajar un poquito.