Castilla y León exigirá al Gobierno de España la gestión del Ingreso Mínimo Vital
Castilla y León solicitará la gestión del IMV en las mismas condiciones que el País Vasco
El juego de cesiones al que se ha propuesto jugar el presidente del Gobierno esta legislatura ha comenzado y cada cesión a uno de sus socios de Gobierno, vendrá acompañada de una serie de exigencias del resto de Comunidades Autónomas que no pueden, ni deben consentir un trato desigual hacia sus administrados.
En tiempo récord, sin luz ni taquígrafos, ni el más mínimo consenso entre Comunidades Autónomas, el Gobierno de España ha traspasado las competencias de la gestión del IMV al País Vasco, lo que ha supuesto que de forma inmediata, Andalucía y Castilla y León se hayan lanzado a exigir el mismo trato.
Cabe destacar que desde Castilla y León se solicitó el traspaso de dicha competencia justo en el momento de ponerlo en funcionamiento, en plena pandemia de Covid 19 en el año 2020, algo que fue negado por el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
Solicitud de la Junta
La Junta de Castilla y León ha asegurado que va a exigir al Gobierno de España la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este miércoles su cesión a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.
En concreto, según han informado a Europa Press, información de la que nos hacemos eco en THE OBJECTIVE, fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León sí reclamará la gestión del IMV como ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.
Ingreso Mínimo Vital
Esta prestación se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones.
La intención inicial del Ministerio encabezado por José Luis Escrivá, era llegar a más de 850.000 familias, alcanzando en estos momentos a 690.000 familias.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias, pese a que hasta ahora, la puesta en marcha del IMV, está generando no pocos dolores de cabeza tanto a los solicitantes, que tienen que enfrentarse a un procedimiento enfangado y extremadamente burocratizado, como a los funcionarios que lo tienen que gestionar, que se han visto en muchos casos sobrepasados por la carga de trabajo.