Los historiadores de Castilla y León rechazan la Ley de Concordia de PP y Vox
En un escrito conjunto se oponen al texto por «ausencia de rigor histórico y científico»
El presidente de la ARMH, Emilio Silva Barrera, presenta un escrito en las Cortes de Castilla y León | EFE/Nacho Gallego
Más de un centenar de historiadores, investigadores, profesores y representantes de otros ámbitos firman una declaración bajo el título «No hay concordia sin memoria» en la que muestran su desacuerdo con la nueva Ley de Concordia propuesta por el Gobierno de Castilla y León (PP–Vox).
Para los firmantes del texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el proyecto de ley «evidencia un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática» que aseguran, «con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León».
Señalan, como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, que la proposición legislativa apela a un supuesto «rigor histórico» y un «criterio científico» que, en su opinión, «brillan por su ausencia».
Esta declaración, publicada en el blog Conversación sobre la historia, ha sido firmada de momento por otras más de 200 personas y sigue abierta su adhesión. En ellas los autores aseguran que la Ley propuesta «desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes» y se basa en una «visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978».
La represión franquista dejó al menos «16.000 víctimas mortales en Castilla y León»
Los historiadores reconocen que, «si bien es cierto que no existe un relato totalmente consensuado entre historiadores sobre la II República», hay sin embargo, «un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos».
Su normalidad, señalan, «se rompió a raíz del golpe militar del 18 de julio de 1936, que originó la Guerra civil», dejando «16.000 víctimas mortales, como mínimo» en la Comunidad. Por lo tanto, concluyen, «integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la primera transición» resulta «altamente distorsionador de la realidad histórica» y supone «casi tanto como equiparar democracia y dictadura», palabra que no aparece en el texto de la proposición de ley.
Para ellos, sin duda obliga el criterio de «no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las víctimas de la violencia política» pero promulgan «una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas». Igualmente, señalan que evitar la difusión de información sobre su identidad es «como impedir el conocimiento de los hechos históricos».
Respecto a la Comisión de Exhumaciones, los historiadores lo califican de «retroceso» porque «excluye a las asociaciones de memoria histórica, a la universidad, a las Cortes y otros estamentos, a los que se otorgaba una función consultiva».
La Junta aprobó su propio decreto de memoria histórica y democrática de 2018, durante el Gobierno de Vicente Herrera (PP). Asociaciones memorialistas y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez han expresado su rechazo a la proposición de Ley de Concordia, que el Gobierno ha advertido recurrirá en el Cosntitucional.
Los autores de esta declaración critican igualmente la reciente declaración de bien de interés cultural de la `Pirámide de los italianos´ por parte de la Consejería de Cultura, por tratarse, señalan, de un «mausoleo a la memoria de Mussolini y de las tropas italianas que envió para apoyar a los sublevados».
