Castilla y León autoriza los pagos pendientes de la Fundación Serla
Giro radical de la Junta respecto a las políticas que afectan a las subvenciones a patronal y sindicatos
Carlos Fernández Carriedo dando cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno | JCyL
Deesde que se conformó el Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en 2022, las diferentes partidas destinadas al llamado «Diálogo Social», es decir, a los sindicatos y a la patronal, han sido reducidas en algo más de 20 millones de euros por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, dirigida por Mariano Veganzones, según hemos ido informado en THE OBJECTIVE.
Las partidas eliminadas incluyeron las subvenciones para la prevención de riesgos laborales, la mediación del SERLA, y la «reorganización» de los doce millones de euros que se destinaban a los planes de orientación laboral.
Una de las partidas económicas que se eliminaron, servían para hacer frente a los gastos derivados por el servicio de mediación laboral del SERLA, así como la «reorganización» de los doce millones de euros que hasta ahora se destinaban a los planes de orientación laboral. Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha liberado una partida económica para hacer frente a los diferentes gastos pendientes por falta de presupuesto en el SERLA.
Pagos Serla
El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno autoriza a la Fundación a utilizar la aportación económica concedida por la Junta de Castilla y León en marzo para cubrir gastos de arrendamiento, salarios del personal directivo y costes de servicios prestados por empresas y profesionales en la gestión de conflictos colectivos e individuales.
Además, se extiende el periodo de ejecución de estos fondos, permitiendo a la Fundación utilizar la aportación recibida en mayo para cubrir gastos tanto del presente ejercicio como del segundo semestre del año 2023.
Con esta medida, el Gobierno autonómico busca asegurar el funcionamiento pleno del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, facilitando la financiación de su labor mediadora en los conflictos entre empresas y trabajadores, y así evitar su judicialización.
Este acuerdo es resultado del compromiso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con la CEOE CYL, UGT y CCOO, alcanzado en el marco del Diálogo Social, y representa el primer paso para abordar las dificultades económicas de la Fundación. El objetivo del Gobierno es lograr un acuerdo tripartito consensuado, con criterios de eficiencia económica y seguridad jurídica, que brinde estabilidad a la Fundación.
