La Junta inadmite el requerimiento para financiar el SERLA remitido por el Ministerio

La Junta de Castilla y León recibió el pasado 10 de marzo un requerimiento judicial por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social por el que se insta a reponer el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), un servicio que a día de hoy no ha dejado de prestarse.

En la respuesta a este requerimiento, la Consejería que dirige Mariano Veganzones argumenta que no existe ninguna obligatoriedad de financiación del SERLA.

Para inadmitir la resolución enviada por el Ministerio de Yolanda Díaz, Veganzones se basa en que el acuerdo de financiación suscrito entre la Junta de Castilla y León y los firmantes del III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL) perdió su vigencia el día 2 de octubre de 2020.

Este acuerdo fue denunciado en la legislatura pasada por parte de la entonces Consejería de Industria y Empleo y no se alcanzó un acuerdo de financiación con los sindicatos y la patronal, razón por la cual no se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023 ninguna consignación presupuestaria para la financiación del SERLA.

Según los responsables de la Consejería, siendo la ley de Presupuestos la que fijó la financiación de la Fundación SERLA, no cabe un requerimiento previo a la vía judicial por parte del Ministerio, puesto que correspondería manifestarse al Tribunal Constitucional.

Además, en la contestación remitida por la Junta, se indica que el recurso se ha presentado fuera de plazo por parte del Ministerio puesto que la ley estipula que los requerimientos deben producirse en un plazo de dos meses desde que se hubiera conocido la inactividad. La eliminación de aportación a la Fundación SERLA fue aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 29 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 31 de diciembre.

Financiación del SERLA

El SERLA tiene su base en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores; nació en el año 1996 del acuerdo entre CEOE Castilla y León, UGT y CC.OO., y ha trabajado como organismo independiente para solucionar conflictos laborales vía mediación/conciliación, evitando así el coste económico y de tiempo que implica acudir a la vía judicial.

Según fuentes de la Patronal, en el supuesto de eliminar la financiación pública de este servicio, serían las empresas las que asumirían los gastos de personal anuales del SERLA.

Es por ello por lo que desde la Junta de Castilla y León han presentado un Plan de Viabilidad en la que hay un recorte de gasto superfluo que supuestamente hará que el servicio sea más operativo y mantenga el servicio público.