Sánchez advierte a Castilla y León que debe responder al requerimiento del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este jueves a la Junta de Castilla y León que debe responder al requerimiento de incompetencia que le trasladó el Ejecutivo ante las medidas anunciadas para evitar abortos y no es posible que se limite a no admitirlo.

«Con todo el respeto institucional que merece cualquier gobierno autonómico, pero también con contundencia, el Gobierno de Castilla y León sabe que tiene que responder al requerimiento y sabe que el Gobierno de España va a velar para que se cumplan los derechos de los españoles y españolas vivan donde vivan», ha recalcado.

Sánchez ha hecho estas advertencias a la Junta de Castilla y León en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al presidente francés, Emmanuel Macron, con motivo de la cumbre bilateral de Barcelona y después de que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco decidiera inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento recibido.

Sánchez ha subrayado que cualquiera que sepa de derecho administrativo es consciente de que un requerimiento se tiene que contestar y no se puede desestimar. «Se tiene que responder por parte de la Junta de Castilla y León», ha recalcado.

Más allá de esa cuestión, ha resaltado que no puede haber ambigüedades cuando se está hablando de derechos fundamentales.

Por eso ha recordado que, después de que se diera a conocer el «acuerdo o no acuerdo, no sé cómo calificarlo» -ha apostillado-, lo que el Gobierno ha planteado es una supuesta invasión de competencias.

En la competencia del Ejecutivo central es donde ha dicho que se encuentra la defensa del derecho de las mujeres y, por tanto, la igualdad entre españoles vivan donde vivan. «También en Castilla y León», ha resaltado.

Castilla y León rechaza el requerimiento

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha acordado inadmitir el requerimiento del Consejo de Ministros sobre el protocolo para embarazadas y ha argumentado que no se ha producido ningún acuerdo en este sentido que vulnere la legislación vigente.

En concreto, con el informe favorable de los servicios jurídicos, la Junta de Castilla y León y emitido un escrito de contestación al Gobierno central en el que se insistió en «la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento» y señala que el Estado «pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas», en relación a las explicaciones del vicepresidente, Juan García-Gallardo, sobre este protocolo que él denominó ‘provida’.