Asaja alerta sobre el impacto del nuevo sistema de cotización agrario
Castilla y León concentra el 61% de los autónomos agrarios frente al 25% nacional
Un agricultor trabaja el campo. | Asaja Castilla y León
El nuevo sistema de cotización para autónomos pone en riesgo las prestaciones sociales del sector agrario, advierte Asaja Castilla y León. Desde enero de 2023, los trabajadores autónomos, incluyendo agricultores y ganaderos, deben elegir una base de cotización anual provisional, ajustada según los rendimientos netos declarados en el IRPF. Este cambio ha generado incertidumbre entre los profesionales del sector debido a la volatilidad económica causada por factores externos como la meteorología y los mercados internacionales.
Informa Asaja en un comunicado que recoge THE OBJECTIVE que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha comenzado a regularizar las cuotas del año 2023 a finales de 2024. Esta regularización ha revelado que muchos autónomos del sector pagaron cuotas mayores a las correspondientes según sus rendimientos netos, lo que les obligará a cotizar por bases más bajas de las deseadas.
Este ajuste, aunque podría parecer beneficioso en términos económicos inmediatos, recortará las prestaciones sociales de los autónomos agrarios, tanto en el corto plazo (bajas laborales, permisos por maternidad o paternidad) como en el largo plazo (pensiones de jubilación). Asaja destaca que esta situación supone un retroceso respecto a las condiciones de 2007, cuando los agricultores y ganaderos disfrutaban de mayores beneficios dentro del Régimen Especial Agrario.
Asaja exige flexibilidad y equidad
Desde Asaja insisten en que el sistema debe revisarse con la participación de organizaciones agrarias que comprenden las especificidades del sector. Argumentan que la mayoría de los agricultores y ganaderos se encuadrarán en los tramos más bajos de cotización, con bases alejadas del mínimo del régimen general, lo que incrementará el perjuicio para estos profesionales.
El colectivo agrario solicita una mayor flexibilidad para elegir bases de cotización superiores, especialmente en años con rendimientos bajos. Asaja subraya que la normativa actual, que permite incrementar la base únicamente a quienes ya tenían bases superiores en 2022, no beneficia a la mayoría y conduce a una progresiva desactualización de las prestaciones.
La organización concluye que los agricultores y ganaderos de Castilla y León, que representan el 61% de los autónomos agrarios frente al 25% nacional, no deberían tener prestaciones inferiores a las que les corresponderían cotizando por el salario mínimo interprofesional (SMI). Exigen un sistema más equitativo y adaptado a las particularidades del sector, garantizando un apoyo adecuado para quienes no alcancen el nivel mínimo de cotización.
