La Junta de Castilla y León recurre el decreto estatal sobre menores migrantes
El Ejecutivo autonómico denuncia un reparto forzoso que impone gastos sin financiación
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno. | JCyL
La Junta de Castilla y León ha acordado este jueves interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025, aprobado por el Gobierno de España, por el que se establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según información recogida por THE OBJECTIVE, el Ejecutivo autonómico considera que la norma invade competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección y tutela de menores, rompe la autonomía financiera y provoca un agravio comparativo frente a otros territorios.
Castilla y León denuncia una invasión competencial y un perjuicio económico
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional, al entender que el decreto estatal vulnera hasta diez artículos de la Constitución Española por siete motivos distintos. El principal argumento es que el texto invade la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en una materia «tan sensible como la protección y tutela de los menores», que no puede ampararse en las competencias estatales sobre migración y extranjería.
Además, la Junta advierte de que el reparto incrementa el número de personas atendidas por el sistema de acogida sin ninguna contraprestación económica por parte del Estado. Esto supone, a juicio del Ejecutivo, una violación del principio de autonomía financiera y una quiebra del equilibrio territorial, ya que algunas comunidades recibirán financiación íntegra mientras que otras, como Castilla y León, no contarán con ningún tipo de compensación.
El recurso cuestiona la legalidad del decreto y el procedimiento del Gobierno
El Ejecutivo autonómico añade que el Gobierno impone nuevos criterios sin justificar por qué rompe el acuerdo alcanzado en 2022 por mayoría de comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que es el órgano legítimo para establecer este tipo de medidas. Según la Junta, el nuevo protocolo de traslado de menores no se ha consensuado y vulnera los principios de colaboración, cooperación y lealtad institucional.
El recurso también denuncia que el Gobierno recurre a un Real Decreto-Ley para regular materias que exigen una Ley Orgánica, sin justificar una situación de extraordinaria y urgente necesidad, como exige la Constitución. Para el Ejecutivo autonómico, esta fórmula legislativa se ha usado de forma improcedente, con una finalidad política y no jurídica, lo que «adultera el régimen competencial constitucional».