Castilla y León reduce la exclusión social pese a que 352.000 personas siguen en riesgo
Alcanza un 85,1% de población integrada, por encima del 80,7% nacional, y reduce la exclusión al 14,8%, frente al 19,3% en España
Presentación del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León. | Archidiócesis de Burgos
A pesar de los grandes datos macroeconómicos, las cifras récord en empleo y el buen comportamiento de las empresas, las exportaciones y los diferentes sectores económicos, Castilla y León, como el resto de comunidades, arrastra un problema crónico de exclusión social que afecta a una parte de la población. El avance económico no logra compensar unas desigualdades que se enquistan con el paso de los años.
Tras los peores meses de la COVID-19, tal y como hemos podido conocer en THE OBJECTIVE, la Comunidad no recupera los niveles de integración social previos a la pandemia. El Informe FOESSA señala que, aunque aparece una ligera mejoría, la situación global en 2024 sigue por debajo de la de 2018, un dato que refleja la profundidad del desafío social.
Exclusión social
La integración plena baja al 55,2%, la integración precaria sube al 29,9% y la exclusión social alcanza el 14,8%, lo que supone 352.000 personas fuera de los márgenes de plena participación social.
Estos datos forman parte del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, presentado esta mañana en el Consejo Económico y Social (CESCYL) por Pedro Fuentes, del Comité Técnico de la Fundación FOESSA. En la rueda de prensa también han intervenido Enrique Cabero, presidente del CESCYL, y Guenther E. Boelhoff, presidente de Cáritas Autonómica.
El estudio se integra en los 22 informes territoriales elaborados dentro del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Se basa en la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA 2024), realizada a 12.289 hogares en todo el país. En Castilla y León, el trabajo de campo permite contar con una radiografía detallada y comparable de la evolución social reciente.
En términos generales, la Comunidad mantiene una posición mejor que la media estatal. Presenta un 85,1% de población integrada (frente al 80,7% en España) y un menor nivel de exclusión social (14,8% frente al 19,3%).
Sin embargo, esta ventaja no ha evitado que la recuperación tras la pandemia sea más lenta. Entre 2021 y 2024, la exclusión solo retrocede 3,2 puntos en Castilla y León, frente a los 4,1 puntos del conjunto del país. La exclusión severa sí mejora de forma similar, con una caída de 3,9 puntos tanto en la Comunidad como a nivel estatal.
La vivienda, principal factor de exclusión: uno de cada cinco hogares afectados
La vivienda continúa siendo el ámbito donde la exclusión golpea con más fuerza. Uno de cada cinco hogares (20,1%) y el 18,5% de la población sufre algún problema relacionado con el acceso o mantenimiento de una vivienda adecuada. Mientras el impacto entre la población se mantiene estable respecto a 2018, la afectación en los hogares crece con claridad: del 15,8% al 20,1%.
El encarecimiento del mercado residencial, con una subida del 31,5% desde 2018, explica buena parte de esta presión. Afecta tanto al acceso a la compra como al alquiler, donde se concentra un alto número de hogares con rentas bajas.
Los gastos excesivos de vivienda, que afectan al 18,4% de la población, se han disparado 10 puntos en seis años. Es ya el factor con mayor peso en la exclusión social en Castilla y León. Persisten, aunque con menor incidencia, la tenencia precaria y los problemas de habitabilidad.
Uno de cada cuatro jóvenes está en exclusión social
La juventud es uno de los colectivos más golpeados. Entre las personas de 18 a 29 años, la exclusión alcanza el 24,6%, muy por encima de la media del 14,8%. El informe identifica tres barreras que se acumulan: la dificultad para acceder a un empleo estable, la insuficiencia salarial y la imposibilidad de asumir los costes de una vivienda.
Esta triple limitación agrava la vulnerabilidad estructural de los jóvenes desde 2018 y los convierte en un grupo prioritario para las políticas de inclusión.
Más de 260.000 personas no pueden cubrir gastos médicos básicos
La dimensión sanitaria también muestra un deterioro evidente. Más de 260.000 personas se han visto obligadas a renunciar a medicamentos, prótesis o tratamientos por motivos económicos. En total, el 11,2% de la población tiene dificultades económicas que afectan directamente a su salud, 3,5 puntos más que en 2018.
Estas carencias no solo comprometen el bienestar físico, sino que agravan la vulnerabilidad social de los hogares, ya que dificultan la continuidad de tratamientos, el acceso a productos sanitarios básicos o el control de enfermedades crónicas. La salud se consolida así como una dimensión crítica donde la pobreza material tiene un impacto directo y acumulativo.