Comienza el juicio 'Operación Tentaciones' contra la red de explotación sexual en Valladolid

La Audiencia de Valladolid celebra desde este martes, 3 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay para someterlas a explotación sexual. Las víctimas ejercían esta actividad en verdadera esclavitud. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual, otros de prostitución coactiva; tres de aprovechamiento de la prostitución ajena, uno de tráfico de drogas, otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, blanqueo de capitales, y delito de grupo criminal

La mayor de las penas recae en la presunta jefa, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

‘Pago’ de la deuda

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda donde eran explotadas en la Avenida de Burgos. Ya en el piso, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a saldar con prostitución, para lo cual, la contrataban un fotógrafo profesional que tomaba fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo, vestidas con lencería o semidesnudas, para publicitarlas en las páginas especializadas de contactos sexuales.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Chat ‘Nicole Relax’

Existía un chat ‘Nicole Relax’, donde se comunicaba a las víctimas la presencia de un cliente. Además de los servicios prestados en la vivienda, también ofrecían salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas. La vivienda utilizada tenía cámaras de videovigilancia y audio, para controlar todo lo que sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si estas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en literas, ocupando entre cuatro o cinco una habitación. El resto de estancias eran para la prestación de los servicios sexuales.

Distribución de droga

Además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. En las tareas de captación de mujeres participarían también los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid principalmente para ciudadanos de Paraguay.