Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, ha alegado que las cuentas bancarias que gestionaba en Andorra «no recibieron nunca ingresos vinculados a la administración pública» ni tuvieron relación con «influjo» sobre funcionarios o adjudicación de contratos.
Así lo ha esgrimido en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, remitido a la Audiencia Nacional con el que solicita su absolución en el juicio por cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos, asociación ilícita y blanqueo de los que le acusa Fiscalía, que pide 29 años de cárcel para él, así como nueve para su padre y entre 8 y 14 para el resto de sus hermanos.
Jordi Pujol Ferrusola, que ya permaneció siete meses en prisión preventiva por esta causa, ha aseverado que «nunca ha desplegado conductas simulatorias» con relación a los fondos recibidos del «legado» de su abuelo, Florenci Pujol, «para aparentar origen distinto» y ha desvinculado las cuentas en Andorra que gestionaba de dinero público.
«Las cuentas bancarias en Andorra gestionadas en el ámbito de desarrollo de su actividad empresarial o de administración y gestión del legado de su abuelo, Florenci Pujol, sean en ANDBANK, sean en BPA, no han recibido nunca ingresos vinculados a la Administración Pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas», aduce en su escrito.
Tampoco, sostiene la defensa, guardan «relación o vínculo con gestión, invitación sugerencia o influjo sobre funcionarios o autoridades para el dictado de resoluciones de adjudicación de contratos públicos».
El primogénito de los Pujol Ferrusola apunta también que la adquisición en 2012 de la estructura de la fundación KOPELAND a través de su empresa BPA SERVEIS S.A, previo asesoramiento bancario de la Banca Privada d’Andorra, y en la que figuraba como «beneficiario», se llevó a cabo «sin ocultación».
«Titularizar vía persona jurídica ni introduce bastardo enmascaramiento de origen de fondos, ni dificulta la identificación del titular ante autoridades fiscales o judiciales, como evidencian las propias comisiones rogatorias libradas y las respuestas en que, sin subterfugios, se vincula al beneficiario con la entidad», apostilla.
Asimismo, recuerda que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado «una prolífica actividad empresarial como administrador y accionista de compañías mercantiles«, una «ingente y heterogénea actividad» que ha desligado de la supuesta trama delictiva.
«Ninguna de esas actividades como fuentes de ingreso han tenido conexión, vínculo o relación con la actividad de la Administración Pública y, singularmente, con la adjudicación por licitación de contratos públicos de obra, servicios o cualesquiera actividad pública de resolución en esferas de contenido económico», recalca.
En este sentido, también ha destacado que sus actividades empresariales no han llevado jamás a «sugerir, invitar o desplegar influjo» sobre trabajadores públicos para hacerse con la adjudicación de contratos y recuerda que la investigación no ha podido identificar «una sola autoridad resolvente que, por influjo o sugerencia (…), pudo torcer su voluntad decisoria en beneficio de una concreta compañía».
«La acusación, tras siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales, ha conseguido singularizar diez expedientes administrativos en los que, sin embargo, no se ha evidenciado torcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución y, aún menos, intervención directa o indirecta del presidente de la Generalitat de Cataluña ejerciendo influjo por prevalimiento o de Jordi Pujol Ferrusola terciando o induciendo la resolución en determinada dirección y beneficio propio o de tercero por él auspiciado», subraya su abogado, Cristóbal Martell.
De hecho, destaca que «un buen número» de las resoluciones administrativas «incuestionadas e incuestionables en su adecuación a derecho» fueron dictadas por «resolventes que pertenecen a equipos de gobierno del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) o Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)» y no a Convergència.
Por su parte, Oriol Pujol, el único de los hijos del expresidente de la Generalitat que se dedicó a la política -que abandonó en 2014 por el caso de corrupción ITV-, alega que su familia no es una «asociación constituida para delinquir» y asegura que no ha existido entre ellos «más acuerdo que el de admitir el ingreso en sus cuentas de los fondos opacos situados en el extranjero».
En su escrito de defensa, el abogado de Oriol Pujol, Javier Melero, asegura que este consideró «por completo verosímil» que los fondos ocultos en Andorra procedían de un legado del abuelo Florenci, aunque insiste en que no participó en la generación o gestión de los fondos y que en 2010 canceló su cuenta y renunció a ese dinero, que fue transferido a su hermano mayor, Jordi.
Además, sostiene que cuando ejerció como secretario general de Industria de la Generalitat -entre 2002 y 2003- no participó en las adjudicaciones a Entorn Ingenyeria i Serveis, vinculada al Grupo Emte, de Carlos Sumarroca, imputado en el caso por el supuesto pago de comisiones.
Operación Cataluña
Oriol Pujol también denuncia que el inicio de las diligencias a su familia se enmarca en el ámbito de la denominada «Operación Cataluña», que sitúa bajo la dirección presuntamente del entonces ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, por lo que reclama que se proceda a la desclasificación de todos los documentos relacionados con esta supuesta trama.
En la misma línea exculpatoria, Josep Pujol -para quien la Fiscalía pide 14 años de cárcel, asegura que en algunas de las operaciones en que participó con sus empresas, como Diagonal Mar o Cat Helicópters, no se produjo ninguna «sugerencia, incitación, influjo, ni la más remota intervención» por parte del entonces presidente catalán para que fructificaran.
«Nunca en el desarrollo de su empeño profesional y en su trayectoria vital ha conocido ni tenido noticia directa o indirecta de que su hermano Jordi ni ningún otro de sus hermanos hubiere desplegado bajo remuneración económica o sin ella conductas de obtención de contratos públicos o adjudicaciones públicas con contenido económico para terceros bajo el amparo del ascendente del propio apellido por razón de la condición de ser hijo del president», expone.
