Vox denuncia acoso laboral en el Parlament de Cataluña. «Trabajamos como sardinas enlatadas. No hay espacio suficiente y durante la pandemia no se ha podido respetar la distancia de seguridad», revela un empleado. Tras las elecciones autonómicas celebradas el 14 de febrero, PSC, independentistas y comunes acordaron crear un frente común para silenciar al partido de Santiago Abascal. Un cordón sanitario que afecta también a los espacios de la Cámara. En el reparto, los partidos pactaron enviar a Vox[contexto id=»381728″] a la buhardilla, unas dependencias que no se utilizaban desde hace varias legislaturas. La formación también se quejó de que la asignación les perjudicaba, al recibir una extensión menor que la de otros grupos con menos diputados. Aunque el Parlament les ha habilitado otra oficina, aseguran que el espacio sigue siendo insuficiente.
«No nos quieren ver las caras», lamenta Joan Garriga, portavoz de Vox en el Parlament. Fuentes de esta institución remarcan que son los partidos los que se encargan de distribuir los espacios. Socialistas, independentistas y comunes se encargaron de alejar a los 11 diputados de la formación de Abascal y a sus nueve empleados a una zona remota. Evitan así que sus miembros se mezclen con el resto de diputados y asesores. Los demás partidos ocupan los espacios «nobles», situados en la planta principal del edificio. Las ubicaciones más valoradas son para PSC y ERC, las formaciones que cosecharon mejores resultados en los comicios. Sustituyen en esa ubicación a Ciudadanos y Junts per Catalunya, sus antiguos inquilinos.
A Vox se les emplazó a la buhardilla con la excusa de que era el octavo y último grupo en llegar a la Cámara. Ante la necesidad de buscar nuevos espacios, se les encontró acomodo en un lugar que, hasta ahora, se usaba para funciones ajenas a los grupos parlamentarios. Los cálculos de la formación «marginada» es que recibieron 101 metros cuadrados, lo que suponía un «agravio comparativo» al repasar la extensión asignada al resto de grupos con similar o menor representación. La CUP, por ejemplo, consiguió 158 metros cuadrados con dos diputados menos, y Ciudadanos, con la mitad de escaños, obtuvo 118. «Vox salía claramente perjudicada en el reparto», insiste Garriga. Dice que solo hay que mirar los ratios. Su partido disponía de 9,1 metros cuadrados por diputado, mientras que otros grupos con menos representantes les doblaban en espacio, como el caso de Ciudadanos, que cuenta con 19,6 metros por parlamentario.
«Ninguna intimidad»
Con esas cifras en la mano, Vox registró el 9 de marzo una solicitud de reconsideración instando a la jefa de Infraestructura, equipamientos y seguridad del Parlament a modificar el reparto. Incluso plantearon una querella penal contra los funcionarios por prevaricación. «Nos pidieron que la retiráramos, que era una decisión política y que les habían obligado. Nos dieron una nueva oficina (la cuarta); 30 metros cuadrados más. Con ellos, dejamos de ser la fuerza con menos ratio por diputado, pero aun así, no basta», reconoce Garriga a THE OBJECTIVE. Afirma que el suyo es el único grupo que no tiene despacho propio para el portavoz ni sala de reuniones. Y se queja de las condiciones en las que trabaja una veintena de personas que no tienen «ninguna intimidad».
«Cuando hablamos por teléfono, tenemos que salir al pasillo. Y, además, a la buhardilla no llega el timbre de las votaciones», insiste el portavoz parlamentario de la cuarta fuerza política en Cataluña. «Somos muchos en un espacio reducido y así no se puede trabajar. El ruido es tal, que nos han tenido que poner unos biombos aislantes para podernos concentrar», explica una trabajadora del grupo. Demandan más espacio para mejorar sus condiciones laborales y ejercer de la mejor manera posible su labor de oposición, pese a los vetos políticos que aseguran sufrir. Destacan que, en lo que va de legislatura, han llevado al Parlament 67 proposiciones sin que se haya aprobado ninguna por culpa del «veto» al que están sometidos por el PSC, los comunes y los independentistas.
Una discriminación que, sostienen, no solo sufren en la Cámara autonómica. También la padecen en otras instituciones. El viernes, la formación denunció la falta de pluralismo y veracidad en la radiotelevisión pública. Vox se queja de que TV3 y Catalunya Ràdio vulneran la neutralidad ideológica y la obligación de difundir las actividades de su grupo parlamentario, por lo que formuló una denuncia ante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), el órgano encargado de regular el sector en la región. Acompaña la queja de una batería de ejemplos, algunos de ellos sucedidos durante la última campaña electoral o el pleno de investidura, pero también declaraciones de colaboradores de esos medios o la ausencia de profesionales en las ruedas de prensa que convocan. La formación de Santiago Abascal aboga por eliminar este organismo público, dotado con un presupuesto de casi seis millones de euros.
