La Fiscalía de Barcelona pide archivar la causa por los traslados en residencias
Los magistrados consideran que las acusaciones se tratan de suposiciones y no pueden probarse
Unos ancianos en la puerta de una residencia. | Carlos Castro (Europa Press)
La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se archive la causa sobre el traslado de ancianos a las residencias durante el primer estado de alarma. El magistrado solicita que no se juzguen los delitos de malversación y homicidio imprudente al considerar que se prestó la mayor asistencia médica «posible» en una situación «muy excepcional».
En el escrito de la causa, la Fiscalía pide al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dé carpetazo a la investigación al considerar que no existen «elementos suficientes» para continuar con la causa, en la que, entre otros, se investigaba si el exconseller de ERC Xavier Vendrell fue contratado irregularmente por la patronal de las residencia para gestionar centros alternativos.
La causa se abrió por un atestado de la Guardia Civil a raíz de las escuchas a Vendrell en el caso Volhov, en el que advertía sobre la posible existencia de un delito de malversación y de homicidio imprudente a raíz del traslado de varios pacientes de una residencia de Barcelona a distintos hospitales, los días 2 y 4 de abril de 2020. Cinco de ellos acabarían falleciendo de coronavirus. La Fiscalía concluye que no se ha podido determinar a efectos penales una relación de causalidad directa entre los fallecimientos y el traslado de los ancianos, que se llevó a cabo en una situación que aquellos días «era muy excepcional dado el nivel de saturación de los centros médicos en Barcelona».
Por este motivo, la Fiscalía considera que a los ancianos se les prestó «dentro de las posibilidades, la mayor asistencia médica posible atendiendo a las circunstancias», ya que además por entonces no existía ni protocolo ni normativa sobre cómo se debía hacer el traslado de pacientes de las residencias geriátricas al no publicarse hasta el 15 de abril de 2020.
La Fiscalía defiende que se trata de «suposiciones» y no de hechos probables
La directora de la residencia que compareció como testigo a instancias de la Fiscalía detalló que en el centro había ingresados 64 pacientes, atendidos por 33 personas entre médicos y asistentes las 24 horas del día los siete días de la semana. Si bien, antes del traslado, en plena ola del coronavirus, solo quedaban siete personas asistiendo a los residentes, de las que únicamente dos eran auxiliares de clínica y el resto personal no sanitario.
La Guardia Civil sostenía en un informe remitido al juez que en el traslado se mezclaron pacientes sin síntomas de covid con ancianos que sí presentaban síntomas y que fruto de ello pudieron producirse contagios, a consecuencias de los cuales fallecieron algunos en los días posteriores.
Sin embargo, para la Fiscalía el atestado se basa en «suposiciones», ya que no aprecia «elementos objetivos que lo acrediten», porque los pacientes no habían sido sometidos previamente a ningún test para determinar si tenían coronavirus. «Por lo tanto, es plausible que los mismos ya lo tuviesen antes del traslado o que se contagiasen en las Clínicas a las que fueron trasladados, o como indican en el atestado en el propio traslado», subraya la Fiscalía.
Al no apreciar delito de homicidio imprudente, la Fiscalía cree que tampoco se puede atribuir a la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos asistenciales (ACRA) un delito de encubrimiento por la supuesta negligencia o imprudencia en el traslado.
