El Gobierno rechaza «cualquier acción de acoso» contra la familia que logró un 25% de enseñanza en castellano

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reprobado «cualquier acción de acoso» que se haya podido producir contra la familia de la población barcelonesa de Canet de Mar que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijara en, al menos, un 25% el horario lectivo en castellano en el colegio de su hijo. Si bien, la ministra ha puntualizado que desconoce los detalles de la denuncia.

«Desconozco los detalles de las personas que fueron los demandantes y la cuestión del niño, en cualquier caso, de ser así, por supuesto, hay que reprobar cualquier acción de acoso, es intolerable, y esa sería la posición del Gobierno, pero desconozco los detalles», ha precisado Isabel Rodríguez este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así se ha pronunciado al ser preguntada por la denuncia presentada por la asociación ‘Hablamos español’ ante la Fiscalía de Barcelona por los mensajes vertidos en redes sociales contra la familia del menor, uno de los cuales hablaba de «apedrear» la casa donde vive el niño.

La «campaña contra esta familia», según explica la asociación que ha interpuesto la denuncia, surgió después de que una cuenta de Twitter publicara un mensaje informando de la sentencia del TSJC por la que se obligaba al colegio del menor a fijar un 25% de enseñanza en castellano.

«Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 25% en castellano», rezaba el mensaje.

Ley Celaá

En cualquier caso, la ministra se ha remitido a la nueva ley de educación «que claramente habla de alcanzar competencias en ambas lenguas» y ha defendido la «riqueza» de España al tener la lengua castellana y las diferentes lenguas cooficiales.

«No puedo decir nada más, sí reiterar, puesto que estamos en la semana de la Constitución, su artículo 3, que nos habla de la riqueza de nuestro país con la lengua castellana pero también con el resto de lenguas cooficiales. Las lenguas han de ser siempre un elemento de unión para unirnos en la diversidad de nuestro país, y no de confrontación», ha zanjado la ministra.

Govern: «Vulneración al derecho de la mayoría»

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha censurado las «amenazas» que usuarios de redes sociales han dirigido en contra de la familia de Canet de Mar. «Siempre rechazaremos y siempre nos encontrarán en contra de las amenazas o de cualquier acto violento. No hay cabida en nuestra casa, en Cataluña, y este Govern estará siempre en contra de cualquier manifestación de tipo violento, ya sea verbal o física», ha asegurado.

La portavoz del ejecutivo catalán ha pedido «no poner el foco sobre una escuela concreta o un municipio concreto» y ha advertido de que en toda esta polémica sobre el uso de la lengua «los más perjudicados son los menores».

En este sentido, ha advertido de que «es una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y alumnos del centro que un solo alumno obligue a cambiar la lengua del resto»

Fallo del TSJC

El pasado 3 de diciembre se determinó que un grupo de educación infantil (P5) de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) impartirá a partir del próximo jueves, 9 de diciembre, el 25 % de sus asignaturas en castellano por indicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tal y como les ha comunicado el centro a las familias implicadas.

La secretaria general de la consellería de Educación, Patrícia Gomà, ha instado a las familias de la escuela que estén en contra de recibir el 25 % de las clases en castellano a «hacer público su rechazo», después de que los padres de un alumno presentaran una denuncia ante el TSJC.

Patricia Gomà indicó en rueda de prensa que la sentencia es una más de aproximadamente 80 emitidas los últimos años por el TSJC para impartir clases en castellano, «motivada por una familia concreta y para un grupo concreto», ha dicho. Lo que es «relevante» en este caso, según la secretaria, es que se están produciendo más reacciones de familias en contra que en los anteriores ocasiones, por lo que ha instado al resto de familias que rechazan la medida a que lo «hagan público».

Oposición de las familias

Por su parte, Ana Losada, presidenta de la entidad Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), que representa a la familia denunciante, ha confirmado a Efe que en la reunión entre padres y el centro «algunas familias mostraron su rechazo a las medidas cautelares dictaminadas y propusieron el inicio de una recogida de firmas contra la aplicación de la sentencia».

La entidad envió un correo electrónico a la dirección del centro, al que ha tenido acceso Efe, en el que afirma ser conocedora de «una campaña que tiene origen en los padres de algunos alumnos de la clase y que alienta a la recogida de firmas en el centro en contra de la aplicación de la sentencia y propone al AMPA para que se una a todas las posibles acciones de protesta».

Por ello, piden a la dirección de la escuela que «corte de raíz cualquier acción de protesta dentro del centro encaminada a presionar o señalar a la familia, incluida el AMPA». La asociación afirma asimismo que «realizará un minucioso seguimiento de cualquier posible situación que pueda suponer una situación de acoso para la familia y sobre todo para el menor».