El constitucionalismo estudia crear una nueva AMPA catalana para exigir el 25% de castellano

El constitucionalismo cívico catalán está desplegando diferentes estrategias para exigir al Gobierno de la Generalitat que cumpla con las sentencias judiciales que estipulan que al menos el 25% de horas lectivas en las escuelas públicas deben ser en lengua castellana. Una de las más recientes es la de crear una nueva asociación de padres de alumnos que sea una suerte de contrapoder a las actuales ampas y que defienda sin ambajes el bilingüismo. Por esta razón, las entidades Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han puesto en marcha AMPA Total con el objetivo de proteger los derechos lingüísticos de todos los niños en edad de escolarización en Cataluña.

El abogado y presidente de Convivencia Cívica Catalana, Àngel Escolano, explica a instancias de THE OBJECTIVE el plan: «Nuestro objetivo es crear una gran federación catalana de AMPA para que no sea el niño o su familia quien tenga que significarse en cada escuela donde se incumpla la sentencia». Y es que si logran tener 158 ampas constituidas, que representa el 10% de las escuelas de la región, podrán interponer una demanda en toda Cataluña para que todas los centros ofrezcan el mismo sistema.

Antes de la reciente providencia del Tribunal Supremo, cada familia que reclamaba educación bilingüe debía iniciar un nuevo proceso legal para ver sus derechos protegidos, y una vez el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaba sentencia en firme, el centro en cuestión empezaba a cumplir con el 25% de castellano. La ratificación del Supremo de la sentencia del TSJC hace que ahora el 25% de castellano sea de carácter general en todos los centros autonómicos, pero ante el temor a que no se cumpla en algunos de los institutos o escuelas de la Cataluña interior, AMPA Total sería el arma de las entidades constitucionalistas para obligar al Govern a obedecer a los tribunales.

La normativa de AMPAs de Cataluña reconoce su legitimación para representar a los centros. En este sentido, si construyen una una nueva asociación de padres y madres pueden iniciar un incidente de ejecución de la sentencia en las escuelas que no hayan modificado su modelo de inmersión lingüística: «La legitimación es de la gente afectada. En materia urbanística, la ley dice que hay una acción popular y cualquiera puede poner recurso. También en medio ambiente. Pero no en materia lingüística», añade Escolano.

La legitimación es la capacidad de demandar y, en esta polémica cuestión, la tiene Fiscalía, Gobierno, Defensor del Pueblo o también las asociaciones de padres. A su juicio, no está tan claro que otras entidades como Societat Civil Catalana o Asamblea por una Escuela Bilingüe se puedan considerar parte afectada. La jurisprudencia del Supremo es que no se puede crear una entidad ex novo únicamente con el fin de demandar algo: «La autoconfesión de legimitación está prohibida», afirma el presidente de Convivencia Cívica Catalana. Por este motivo, si logran crear una ampa que esté presente en el 10% del territorio sí podrán tener la legitimidad de denunciar aquellos centros que mantengan el modelo monolingüe de la inmersión.

Sin registro de la Generalitat

«Las asociaciones de este tipo tienen un estatus legal que les permite actuar de muchas formas beneficiosas para nuestra lucha, entre ellas, intervenir ante los tribunales representando a sus asociados y son de sencilla creación, tres padres por colegio son suficientes y cada centro puede tener más de una AMPA«, explican a través de un comunicado. En este sentido, no quieren que la pugna se lleve a cabo a nivel raso entre padres de un mismo instituto. La adhesión a su nueva ampa no será incompatible con formar parte de otras ampas preexistentes y serán los miembros de la Federación «quienes darán la cara», ilustra Escolano.

La integración de las pequeñas AMPAS en la grande se hace ante notario, para-afirman- «que no figuren en ningún registro al alcance de la Consejería catalana». Solo los nombres de los miembros de AMPA Total serán públicos. Se tratará de tres personas de convicciones firmes y de la máxima confianza de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana.

Críticas con el Gobierno central

Estas entidades también han expresado en reiteradas ocasiones su malestar con el papel del Gobierno de Pedro Sánchez por «no dar muestras de tener intención de obligarles a cumplir la sentencia». Como informó este medio, ERC se comprometió en privado a dar cumplimiento a las sentencias, pero desde el constitucionalismo cívico consideran que cuánto más se tarde en actuar desde las instituciones mayores dimensiones puede alcanzar la cuestión.

A la espera de las actuaciones concretas que se lleven a cabo, los pronunciamientos de los miembros del Govern no son muy alentadores. Su último acuerdo de dar cobertura legal a los maestros que infrinjan la legislación podría acarreales una condena por malversación.