La Mesa del Parlament decide suprimir los sueldos a los funcionarios que no trabajan

La Mesa del Parlamento catalán ha acordado por unanimidad, a propuesta de la presidenta, Laura Borràs, suprimir el artículo 79 de los Estatutos del régimen y del Gobierno interior del Parlament (ERGI), que regula las llamadas «licencias por edad» del personal funcionario de la Cámara, con el fin de acabar con los sueldos dorados de los 21 empleados y que representaba un desembolso de 1,7 millones de euros anuales para la institución.

La supresión definitiva del artículo se deberá aprobar en la Comisión de Asuntos Institucionales, que es la comisión legislativa competente en materia de función pública, pero todos los partidos con representación en la Mesa del Parlament han realizado el primer paso con el objetivo de ponerle fin y después de que trascendiera en los medios la existencia de estos privilegios. La noticia, destapada por el diario Ara, se bloqueó durante nueve meses y derivó en una serie de dimisiones de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información por no ser suficientemente transparente.

Según el reglamento de la Cámara autonómica, antes de la aprobación definitiva, corresponde a la Mesa Ampliada, formada por los miembros del órgano de gobierno del Parlament y un diputado de cada grupo parlamentario sin representación, la elaboración de la propuesta de modificación del ERGI. Además, el Consell de Personal, una suerte de comité de empresa del ente, deber ser escuchado preceptivamente. Como informó THE OBJECTIVE, el único sindicato representado en este órgano es La Intersindical-SPC, una central independentista y que mantuvo silencio al conocerse la polémica sobre los desorbitantes sueldos.

En la reunión de la mesa de este martes, la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp, también ha presentado un informe para avanzar en la transparencia de la Cámara y plantear varias modificaciones. Este informe se ha tramitado a los grupos de la Cámara para que hagan preguntar y puedan hacer aportaciones.

Espaldarazo encubierto a Borràs

Asimismo, la Mesa también ha admitido a trámite la propuesta del PSC, ERC, JxCat, En Comú Podem y la CUP para crear una ponencia conjunta que elabore una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara. La propuesta recoge el punto 29 de la resolución del debate de política general, en que la Cámara «se compromete a impulsar una reforma del reglamento del Parlament que modernice el funcionamiento y lo adapte a la sociedad catalana del siglo XXI».

En este punto también se acuerda «blindar [el Parlament] ante las coacciones externas que solo tienen como objetivo limitar el debate y la acción política de los representantes de los ciudadanos de Cataluña». Una referencia velada a los requerimientos de los tribunales para que algunos diputados, como Pau Juvillà, de la CUP, no deban abandonar su escaño tras una sentencia condenatoria. Un caso parecido al de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que tiene una causa abierta en el tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un presunto caso de corrupción de su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

La también dirigente de JxCat ha cuestionado la «injerencia» de los tribunales en la vida parlamentaria por su implicación en un caso de corrupción y ha instado a las otras fuerzas independentistas y soberanistas de la Cámara a desoír lo que digan los tribunales.

«Anomalía»

Una vez apareció en los medios la información, Borràs salió al paso para afirmar que ya se estaba corrigiendo «la anomalía». En un primer momento se decidió pasar de cinco a tres años el periodo de tiempo que los funcionarios más antiguos de la institución podían acogerse a este régimen por edad. Pero las discrepancias entre partidos y la ofensiva de la oposición obligó a los partidos de gobierno a dar por finiquitados estos privilegios.

Cabe recordad que esta situación se inició con la presidencia de Ernest Benach, en 2008, y que no ha sido hasta este 2022 que ha salido a la luz. En una entrevista a este medio, el exletrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, cuestionó la falta de transparencia, los «bloqueos» por parte de otras comisiones para controlar la información que se facilitaba a los ciudadanos y optó finalmente por dimitir de la comisión de Transparencia: «O estoy en un órgano serio o no quiero estar», afirmó.