La Justicia reabre el caso de un guardia civil que murió de covid tras negarle el ingreso en la UCI

La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto la investigación por un presunto delito de negligencia médica en la muerte de un guardia civil retirado que falleció de covid durante la primera ola de la pandemia en el Hospital Universitari General de Cataluña. Los hechos se remontan a la última semana de marzo de 2020. El paciente ingresó con problemas respiratorios en ese centro médico de la localidad de San Cugat del Vallés. Sin embargo, y a pesar de su avanzada edad, se le denegó el ingreso en la UCI y no se le aplicó ventilación mecánica intensiva, según denuncian los familiares.

Un juzgado de instrucción de Rubí había sobreseído el caso en abril del año pasado, al dar por acreditado que «no hay indicios» de que los médicos que le atendieron incurrieran un delito de negligencia. La familia recurrió el archivo de la investigación, insistiendo en que el fallecido no recibió el tratamiento adecuado. Tras analizar el caso, los jueces de la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona han decidido reabrir el caso y han ordenado practicar nuevas diligencias, según un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE y notificado a las partes el pasado 7 de marzo.

Los magistrados acuerdan reanudar el procedimiento a fin de esclarecer dos cuestiones principales. Por un lado, si realmente estaba indicado o no que al paciente se le ingresara en la UCI y se le aplicara ventilación mecánica intensiva. «Si había una posibilidad razonable de que el tratamiento alegado por los familiares fuese efectivo, la falta de aplicación de ese tratamiento puede constituir una negligencia aunque no se tuviera la seguridad de que el tratamiento sería eficaz», señalan los jueces de la Audiencia de Barcelona.

Por otro lado, «en caso de que estuviese indicado», los magistrados de la Audiencia de Barcelona instan al juez instructor a esclarecer si la razón por la que no se le aplicó ese tratamiento es «porque no había medios suficientes en aquel momento». Los hechos se remontan a la última semana de marzo de 2020. El guardia civil retirado ingresó en el Hospital Universitari General de Cataluña, ubicado en la localidad de San Cugat del Vallés y gestionado por la sociedad IDCQ Hospitales y Sanidad, del Grupo Quirónsalud. En aquella época los hospitales y las UCI de casi toda España se encontraban colapsados.

Piden interrogar a la médica, la forense y el hospital

En el auto, los magistrados revocan la decisión del juez instructor de cerrar el caso y piden que se tome declaración a la doctora que atendió al paciente «aunque parece que no fue de ella la decisión de no ingresar al paciente en la UCI» . También instan a llamar a declarar a la médica forense que emitió un informe durante la instrucción del caso, para que «aclare si hubiese sido conveniente» ingresar al paciente en la UCI y aplicarle ventilación mecánica activa el 27 de marzo de 2020 independientemente de si había falta de medios o no en aquellos días para poder trasladarle a urgencias. «Y aunque no se solicite en el recurso, por lo que este tribunal no puede ordenarlo, parece conveniente que por parte del hospital se exponga cuál era la situación en aquellos momentos», añaden.

En el auto, los jueces de la Audiencia de Barcelona, destacan que en el informe de la forense incorporado a la causa se decía que el guardia civil retirado cumplía, al momento de su ingreso, con los criterios de la escala «Rockwood» para recibir ventilación mecánica invasiva, pero solo se le colocó una mascarilla de oxígeno Monaghan. En su reporte, la médica forense añadía que, puesto que el paciente mejoró durante los tres primeros días, «cabría considerar oportuno» no aplicar una intervención médica más invasiva. «Puede compartirse ese razonamiento. Pero entonces parece lógico que deducir que, cuando empeoró progresivamente, sí debió aplicársele la ventilación mecánica invasiva», inciden por su parte los magistrados de la Audiencia de Barcelona.

La propia médica que le atendía llegó a comentar con la UCI la posibilidad de ingresar allí al paciente cuando llevaba tres días hospitalizado y empeorando en su situación, pero desde urgencias no lo consideraron adecuado «por situación clínica y marcadores de mal pronóstico» , indica la Audiencia de Barcelona. «¿Quiere esto decir que no había posibilidades de curación?», se preguntan los magistrados de la Sección Quinta. «Debe dilucidarse si había un tratamiento más adecuado», insisten los jueces de la Audiencia de Barcelona en el auto, fechado el 28 de febrero. «Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, si existía alguna circunstancia que justificara que no se le aplicara ese tratamiento», añaden.

La falta de medios no descarta negligencia

«La sospecha de que si no fue ingresado en la UCI ni se le aplicó ventilación mecánica fue por falta de medios, y no porque ese tratamiento no estuviese indicado, se refuerza a la vista de las alegaciones de la representación procesal del hospital, ya que afirma que se trató de ‘una decisión médica que estuvo sustentada en las recomendaciones para la toma de decisiones de una situación excepcional de pandemia Covid-19’», señala el auto de la Audiencia.

Los magistrados dicen no tener dudas de que se produjo esa situación de forma generalizada, y de que los profesionales médicos tuvieron que realizar un gran esfuerzo y afrontar decisiones difíciles sin la información y los medios idóneos. «Pero eso no puede llevar a que, frente a una denuncia basada en alegaciones razonables, la administración de justicia tenga que suponer que se actuó correctamente», señalan.

«Si no está plenamente justificado que el tratamiento que se le dejó de aplicar era inútil o inadecuado por otras razones, la existencia de circunstancias que hagan que la conducta sea atípica, o la existencia de una causa de justificación para no aplicar ese tratamiento, han de quedar explícita y suficientemente detalladas», añade la Audiencia de Barcelona. «Así lo merece la familia y el fallecido», apostillan los jueces.