La Guardia Civil y la Policía de Cataluña exigen la ejecución del 25% para todos los centros educativos
Policía en una manifestación en Cataluña. | europa press
La Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña reclaman al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la ejecución de la sentencia del 25% para todos los centros de enseñanza para que sus hijos puedan estudiar en español. Muchos aseguran que no encuentran colegios en español.
De esta forma, Jucil, la entidad más representativa del Instituto Armado -en coordinación con las plataformas Hablamos Español y Convivencia Cívica, y con el apoyo del sindicato de policías nacionales, Jupol-, dado que ha transcurrido los plazos previstos para la ejecución voluntaria de la sentencia por parte de la Generalidad de Cataluña, presentarán mañana un recurso ante el TSJC para «lograr que todos los centros de enseñanza de Cataluña tengan que introducir el español como lengua vehicular en, al menos, un 25% de horario lectivo en todos los niveles educativos: al menos una asignatura troncal en Primaria y dos en Secundaria», informa Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana en un comunicado.
Por su parte, como informó THE OBJECTIVE, el Departamento de Educación no ha comunicado a los equipos docentes ningún cambio general y ha delegado a las escuelas esta responsabilidad. Y la administración estatal, que es parte legitimada para iniciar un incidente de ejecución, tampoco tiene previsto involucrarse en el procedimiento.
El Gobierno afirmó tener el compromiso de ERC, que es el partido que controla la Consejería de Educación, de que no se desacatarían las resoluciones judiciales. Y aunque admitieron que ellos tienen potestad de pedir esa ejecución de la sentencia, no contemplan llegar a este escenario.
Así, Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español presentarán la solicitud de ejecución de sentencia en nombre de JUCIL para que se declare inejecutable parcialmente la sentencia respecto al primer trimestre del año 2022, reconociendo el derecho de los afectados a ser indemnizados con 450 euros por el daño moral producido (ampliándose dicha indemnización con 450 euros más por cada trimestre en que el fallo sea inejecutable parcialmente por causa del incumplimiento de la Administración) y que se proceda a ejecutar forzosamente el fallo de la Sentencia.
