Podemos rechaza recibir en el Congreso a las familias que piden bilingüismo en Cataluña
El grupo socialista se ha reunido este martes con representantes de ‘Escuela de Todos’. El jueves lo harán los grupos de PP, Vox y Ciudadanos
El grupo de Unidas Podemos en el Congreso es el único de los grandes partidos estatales que ha declinado recibir a representantes de Escuela de Todos, la plataforma que agrupa a las familias y entidades catalanas que piden el 25% de castellano en las aulas de la región exigido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Desde esta entidad del constitucionalismo cívico catalán iniciaron este martes una rueda de encuentros a nivel nacional para intentar convencer al Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad que pueda revertir ipso facto la actual situación de parálisis a la hora de ejecutar la sentencia en firme antes de que termine el plazo para hacerlo, el próximo 30 de agosto.
En el marco de estos encuentros, el portavoz de Educación de En Comú Podem y Unidas Podemos, Joan Mena, ha rechazado recibirles por la posición favorable de su partido al «modelo de inmersión lingüística» y por considerar que hay que abordar el debate desde «razonamientos pedagógicos y no políticos». En el intercambio de correos electrónicos a los que ha accedido THE OBJECTIVE, el dirigente morado afirma que «tergiversar y simplificar posiciones no ayuda en un debate serio y riguroso como debería ser este».
«Nuestro grupo está comprometido con los derechos lingüísticos de todos los catalanes y las catalanas; sean castellanoparlantes o catalanoparlantes. Justamente por eso, defendemos el modelo de inmersión lingüística, porque es el que ha garantizado la doble competencia lingüística con la que disfruta universalmente la ciudadanía catalana escolarizada en el modelo de educación pública catalana», abunda el portavoz.
«El único que se dedica a la política es usted»
Por su parte, desde Escuela de Todos le recuerdan que ningún miembro de Escuela de Todos está en la política activa: «El único que se dedica a la política es usted, ninguno de los miembros de Escuela de Todos es político».
«Le hemos indicado claramente el objetivo de nuestra reunión, el problema es que usted considera que luchar porque todos los alumnos catalanes puedan estudiar también en castellano es una cuestión política y no pedagógica. Supongo que cuando a principios de la democracia se tuvo que luchar para conseguir que los alumnos catalanes pudieran estudiar en catalán era también una cuestión política», concluyen.
Reunión con el PSOE, pero no con Podemos
El impasse en el que se encuentra actualmente la aplicación de la sentencia, con la cuestión de inconstitucionalidad sobre la mesa, ha motivado que la plataforma de familias que agrupa a la Asociación por una Escuela Bilingüe, parte legitimada en la causa ante la Justicia catalana, vuelva a movilizarse para intentar que la acción de los partidos políticos pueda dar un vuelco a la situación actual.
El primer encuentro se ha realizado este martes por vía telemática con las diputadas Luz Martínez Seijo y Sonia Guerra, del grupo socialista. Según afirman las fuentes consultadas, la reunión no pudo ser presencial porque una de las diputadas estaba fuera de la capital. Los siguientes encuentros se producirán el próximo jueves, en la Cámara Baja, con los portavoces de Educación del PP, Ciudadanos y Vox.
El propósito de Escuela de Todos es plantear a los partidos políticos la necesidad «de terminar con la situación de bloqueo provocada por la no aplicación de la sentencia del 25% de enseñanza en castellano». El mismo jueves Ana Losada, portavoz de Escuela de Todos y presidenta de Asamblea por una Escuela, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, y Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana, darán cuenta ante los medios del contenido de los encuentros.
En manos del Gobierno
Como informó este diario, el Gobierno puede frenar de forma inmediata las leyes catalanas contra el 25% de castellano. El artículo 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que la impugnación del Gobierno a una ley autonómica tenga efectos inmediatos.
El resto de partes implicadas, ya sea la Asamblea por una Escuela Bilingüe, o los partidos políticos o 50 diputados y senadores, pueden presentar también sus recursos, pero solo la impugnación del Gobierno tiene la particularidad de poder frenar el decreto ipso facto.
El artículo 161.2 de la Constitución, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional, prevé que si el Gobierno impugna una disposición o resolución de una comunidad autónoma el Tribunal Constitucional debe suspender automáticamente su vigencia y pronunciarse sobre la suspensión de forma definitiva en un plazo máximo de cinco meses. Esto no impide que se pueda tomar la misma determinación si son otras las partes que impugnan, pero no de forma inmediata ni ni por imperativo legal.
