El Supremo anula los planes lingüísticos de dos escuelas catalanas por rechazar el castellano

Por primera vez, el Tribunal Supremo ha anulado los proyectos lingüísticos de dos escuelas catalanas por no contemplar el español como lengua vehicular, al igual que el catalán, en su plan educativo.

Concretamente, la decisión del Supremo, contra la que no cabe recurso, afecta a dos colegios de Barcelona y Abrera (Barcelona) y supone que la Generalitat de Cataluña tenga que hacer frente a las costas del proceso judicial: 1.000 euros (más IVA) por cada una de las sentencias, según ha adelantado ABC.

De esta manera, los magistrados del Alto Tribunal, por unanimidad, no admiten a trámite los recursos de la Generalitat contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2021 que suspendían los planes lingüísticos de las escuelas públicas de Josefina Ibáñez (Abrera) y Bogatell (Barcelona).

Dichos magistrados defienden que los recursos de la Generalitat no están mínimamente fundamentados para que el Supremo entre si quiera a valorar sobre el fondo de la cuestión, según señala ABC.

Precisamente, los planes lingüísticos de estas dos escuelas públicas fueron los primeros que anuló el TSJC. Desde entonces, la Generalitat ha ido recurriendo al Supremo los planes para potenciar el catalán en detrimento del castellano que la Justicia catalana tumbaba.

Ahora, tras la decisión del Supremo, ambas escuelas tendrán que rehacer sus planes educativos.

El Defensor del Pueblo vigilará que se respeten «los derechos» de los alumnos catalanes

Precisamente ayer, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, señalaba que, aunque se trata de un «asunto judicializado», estarán «atentos y activos» para que se «respeten los derechos de todos» los alumnos en Cataluña.

Asimismo, recordó que, recientemente, la Generalitat aprobó una ley —con el apoyo del 80% del Parlament— «en la que se evita hablar de porcentaje y se concede a los centros —en virtud de su autonomía— la posibilidad de reforzar una u otra lengua en función de su contexto social y cultural, a fin de garantizar el correcto conocimiento del castellano y del catalán».

Durante la tercera mesa de diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán, celebrada el pasado 27 de julio en Madrid, el Ejecutivo apoyó la nueva ley del catalán que suprime el 25% del uso de la lengua en castellano y las dos administraciones acordaron medidas de protección de la lengua catalana, garantizando la autonomía de los centros educativos.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español. De esta forma, ambos ejecutivos reconocieron la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua a su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament.