El Govern cambia la ley para defender a sus altos cargos ante causas de espionaje
El Ejecutivo catalán cuela en la ley de acompañamiento de los Presupuestos que la Generalidad pueda ejercer de acusación popular en casos como el de Pegasus
El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès | Europa Press
El Gobierno de la Generalitat ha colado en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos una modificación de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat, para poder ejercer de acusación popular en los «procedimientos penales por descubrimientos y revelación de secretos cuando la persona perjudicada sea miembro del Govern, alto cargo o empleada pública o se pueda ver afectado el interés general».
Se trata de un nuevo supuesto que permitirá a la Generalitat defender los intereses de las supuestas víctimas en causas como el llamado ‘caso Pegasus’, que ahora investiga la Audiencia Nacional, relativa a la infección de los dispositivos móviles de políticos independentistas, así como del presidente del Gobierno y los ministros Fernando Grande-Marlaksa y Margarita Robles, mediante el software de la empresa israelí NSO Group.
Ley que permita personarse
Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó a la administración catalana personarse en la causa debido a la inexistencia de una «norma legal» que autorizase a la Generalidad a ejercer como acusación popular.
En la ley actual, la Abogacía de la Generalitat puede asumir la representación y la defensa de los miembros del Govern, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados públicos de la administración y de sus organismos, sea cual fuera su posición procesal, «cuando los procedimientos se siguieran por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, salvo que los intereses de los representantes y los de la Generalitat fueran opuestos o contradictorios».
El Govern introduce en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2023 nuevos supuestos en los que la administración catalana también puede personarse, como son los «procedimientos penales por violencias machistas», «delitos de odio» o «derechos del consumidor», entre otros, siempre que cuenten con el permiso de las víctimas. Este cambio legal saldrá adelante siempre y cuando se aprueben las cuentas públicas el próximo 10 de marzo.
Acusar a los culpables y pedir indemnizaciones
Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE creen que es comprensible que, en estos otros casos, la Generalitat ejerza «en defensa del conjunto de la ciudadanía de Cataluña y de la legalidad», pero el hecho de que el Govern introduzca también el supuesto de revelación de secretos ha llamado la atención de estas fuentes. Lo vinculan directamente con las últimas revelaciones sobre el espionaje relativo a los planes del independentismo para la implantación de una república catalana.
«Con ello lo que pretenden es pedir la condena de los culpables de llevar a cabo el espionaje y la indemnización que corresponda por responsabilidad civil», remachan estas fuentes.
Preocupación por el ‘caso Pegasus’
El Ejecutivo de Pere Aragonès está preocupado por las derivadas que pueda acarrear el ‘caso Pegasus’ y el espionaje con mandato judicial realizado por el CNI a al menos 18 líderes independentistas. Como informó este periódico, la salida del vicepresidente y titular de Políticas Digitales Jordi Puigneró del Govern -antes de la marcha en bloque de Junts- se precipitó por su negativa a dejar el móvil fuera de la última reunión del Consejo Ejecutivo que se celebra cada martes con normas muy estrictas sobre el uso de terminales móviles, y por el temor a las investigaciones judiciales sobre el contenido que se pueda hallar en su móvil.
Cabe recordar que el informe de la Guardia Civil entregado a la Audiencia Nacional como parte de las pesquisas sobre el llamado ‘CNI catalán’ sitúa a Puigneró como el principal responsable de «la gestión de estructuras paralelas, ajenas al Estado» para crear un sistema de defensa propio en base a la inteligencia artificial, y que debía servir para la implantación de una eventual república catalana. Los hechos investigados se sitúan a partir de 2018, una vez levantada la intervención de la autonomía catalana en virtud del artículo 155 de la Constitución.
Creación de un sistema de defensa
El Instituto Armado también destacó los contactos directos de los CDR investigados en la Audiencia Nacional con «las más altas esferas directivas soberanistas», como los expresidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, así como el propio Puigneró o la exconsejera Elsa Artadi. Y en el caso del exvicepresidente destituido señalaron que el investigado Miquel Montero de Quadras tenía una «relación personal directa».
Montero de Quadras es considerado uno de los cerebros del ‘CNI catalán’, además de ser miembro de los autodenominados CDR. Se trata de un experto en inteligencia artificial, que se movilizó en el periodo posterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 para tratar de crear un nuevo frente independentista que permitiera consolidar la llamada república catalana por la vía de los hechos.
Ley de acompañamiento
La Ley de acompañamiento es la norma complementaria a la de los presupuestos públicos, que regula materias múltiples, en principio vinculadas a la política económica, pero impropias del contenido de una ley presupuestaria, ya que para esta última se exige un procedimiento legislativo específico.
Por el momento, ERC cuenta con el apoyo del PSC y En Comú Podem para aprobar las cuentas catalanas. Los antiguos socios independentistas, Junts per Catalunya y la CUP, ya han anunciado que no respaldarán los Presupuestos.
Después del debate a la totalidad del proyecto de presupuestos, continuarán su tramitación en comisión. Los debates de totalidad de la asignación por consejerías se realizará entre el 17 y 23 de febrero. Una vez superados, la Comisión de Economía y Hacienda aprobará el dictamen el 3 de marzo. Con todo, y si no hay solicitudes de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, la votación se llevará al pleno el próximo 10 de marzo.
