El Govern ha recaudado 244.000 euros en multas desde 2019 por no rotular en catalán
La Agencia Catalana de Consumo ha expedientado a 150 empresas en los últimos tres años por «vulnerar los derechos lingüísticos»
La Agencia Catalana de Consumo, organismo dependiente de la Generalitat, ha sancionado desde 2019 a 150 empresas por vulnerar «los derechos lingüísticos de los consumidores» o «incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa». En total, y según ha podido saber THE OBJECTIVE, ha recaudado 243.848,38 euros en sanciones en los últimos tres años (de 2019 a 2021).
Estas «vulneraciones» están establecidas por el Código de Consumo de Cataluña, y pueden ir desde no rotular en catalán a no disponer en los restaurantes de cartas y menús en esta lengua. También se multa si no hay información de «carácter fijo, catálogos, presupuestos, facturas o instrucciones» en catalán, según reconoce el Govern en la respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este periódico.
La Agencia Catalana de Consumo no detalla el motivo de la infracción, así que no se puede saber en qué tipo de vulneración incurrieron las empresas sancionadas, pero desde el Ejecutivo catalán explican que «es relativamente frecuente que un mismo establecimiento tenga varios incumplimientos respeto a los derechos lingüísticos».
Asimismo, señalan que, por lo que respecta a cobros, no siempre se ejecutan en el mismo año que la sanción fue impuesta: «Muchos han de ir por la vía ejecutiva, y en algún caso, se llegan a cobrar mucho tiempo después de ser impuestas».
150 empresas sancionadas por el Govern
De acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Empresa y Empleo, en 2019 hubo 86 expedientes contra empresas y recaudaron 25.087, 50 euros. En 2020, año de la pandemia, se interpusieron 46 expedientes, e ingresaron en las arcas públicas un total de 96.361,88 euros. Por último, en 2021, hubo 18 expedientes abiertos y recaudaron 122.399 euros.
Esta disparidad entre los expedientes abiertos y las cantidades económicas recibidas se debe, precisamente, a esta situación de que no todas las empresas optan por pagar la sanción en el año que fue impuesta. A veces, los casos se solucionan «a través de una mediación». También se ofrece la posibilidad de entrar en «arbitraje», pero solo si la compañía investigada accede a ello.
Presión del independentismo
La Plataforma per la Llengua, la autodenominada ‘ONG del catalán’, ha lanzado varias campañas para movilizar a sus simpatizantes con el fin de que el catalán sea el idioma que predomine en Cataluña. En su campaña navideña de 2022, la entidad señaló a las compañías de juguetes Famosa, Mattel y Bizak por no doblar sus anuncios en catalán.
En la misma línea, denunciaron ante la Generalitat a las marcas de ropa Bimba y Lola, Pepe Jeans y Levi Strauss por no etiquetar sus productos en la lengua autóctona. A su juicio, estas tres empresas mostraron «una actitud hostil» hacia su propuesta de incorporar el idioma en el etiquetado de los artículos que comercializan en Cataluña y, por esta razón, optaron por informar a la administración catalana para que tome medidas. También colapsaron dos restaurantes de las franquicias Five Guys y Surf House de Barcelona por no tener sus cartas en catalán.
Esta entidad de la órbita del nacionalismo recibió 955.307 euros en subvenciones públicas y privadas en plena pandemia y se ha convertido en uno de los pilares que usa la administración catalana para garantizar que no se excluya el catalán, aunque muchas de sus prácticas han sido criticadas por ser una «persecución» de facto del castellano.
La Ley del Código de Consumo fue aprobada por el Parlamento catalán en 2010 y, entre otros aspectos, obliga a usar el catalán en los servicios y/o productos que se venden en la región.