La Generalitat se vuelve a saltar la Constitución con la creación de un cuerpo diplomático propio
El anteproyecto de ley que se ha enviado al Parlamento catalán choca con el artículo 149.1 de la Carta Magna
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. | Foto: EP
El Govern catalán que preside Pere Aragonès vuelve a saltarse la Constitución española al aprobar este martes el anteproyecto de ley para la creación de «un cuerpo de acción exterior e Unión Europea», que -una vez aprobado- desplegará en sus delegaciones o ‘embajadas’ en el extranjero y con el que quiere asemejarse al cuerpo diplomático que tiene el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
La consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret, indicó en rueda de prensa que con este «paso adelante» se impulsa un «cuerpo de servidores públicos especializados en las relaciones internacionales», por lo que sugiere que habrá oposiciones como las que tienen los aspirantes a diplomáticos en la actualidad.
Serret indicó que este equipo especializado en Relaciones Internacionales «estará presente en los diferentes departamentos del Govern y lo justificó porque la acción exterior es «transversal» al interlocutar «en los diferentes ámbitos sectoriales y en las diferentes políticas públicas a nivel internacional».
«El cuerpo de acción exterior debe permitir retener el talento que tenemos en el Govern y captar, impulsar una carrera profesional que reconozca estas competencias, ser un polo de atracción y dinamizar la formación y el reconocimiento de profesionales en relaciones internacionales», insistió la consejera catalana, quien huyó en 2017 a Bélgica al igual que Carles Puigdemont y otros miembros del Ejecutivo catalán.
Serret, condenada por desobediencia en el ‘procès’
La política de ERC regresó a España en 2021 y fue juzgada por un delito de desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le impuso finalmente un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros por su papel en el procès cuando era titular de Agricultura.
Serret dejó claro que este cuerpo estará «integrado por el personal especializado en el ámbito de las relaciones internacionales, el cual desplegará la acción exterior del Govern». El anteproyecto de ley se tendrá que tramitar ahora en el Parlamento catalán. «La Generalitat tiene una larga trayectoria en el desarrollo de la acción exterior catalana, que es una prioridad del Gobierno, y con el cuerpo de acción exterior y Unión Europea da un paso adelante en el despliegue de sus competencias», apuntó el Ejecutivo de Aragonès en un comunicado.
«La Administración catalana dispondrá ahora de las herramientas para definir los requisitos profesionales que diferencian al personal encargado de implementar la acción exterior del Govern. De esta forma, se podrá tener en cuenta el valor añadido de la especialización en este ámbito, que requiere perfiles profesionales muy específicos», se indicó en un comunicado.
Este cuerpo de acción exterior y Unión Europea «también permitirá atraer talento especializado en las relaciones internacionales de fuera de la Administración catalana». Un equipo de personas que «hasta ahora no encontraban su encaje laboral en la Generalitat y que ahora tendrán la posibilidad de incorporarse a un grupo mucho más específico, que tendrá en cuenta la experiencia académica y profesional en las relaciones internacionales».
Serret subrayó que en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley se han mantenido conversaciones «con los distintos sindicatos del ámbito de la función pública, el Colegio de Profesionales de la Ciencia Política y la Sociología de Cataluña (Colpis), el personal del Departamento de Acción Exterior y Unión Europea, así como el resto de departamentos de la Generalitat, y varios grupos parlamentarios».
El paso dado por la Generalitat fue criticado desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado y vicepresidente de Impulso Ciudadano, recordó que el artículo 149.1 de la Carta Magna confiere al Estado la «competencia exclusiva» en el ámbito de las relaciones internacionales.
Este es el segundo intento de la Generalitat para poner las bases de una diplomacia catalana. Puigdemont puso en marcha el llamado Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como Diplocat, un ente que fue clausurado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy durante la aplicación del artículo 155 en la comunidad autónoma. En aquel momento se esgrimió la Constitución para cerrar el ente autonómico.
El Tribunal de Cuentas fijó en diciembre de 2022 en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ‘embajadas catalanas’ y Diplocat. En este sentido, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzó los 9,5 millones de euros.
