Un informe pedido por Aragonès recomienda un mediador y plantea pactar los referendos
Los expertos admiten que una consulta generaría «controversia jurídica» y que el TC podría revisarlo
El coordinador del comité de expertos sobre el referéndum, Marc Sanjaume-Calvets | David Zorrakino (Europa Press)
El grupo de expertos designado por el Govern de la Generalitat para abordar un Acuerdo de claridad ha planteado celebrar referendos pactados en Cataluña o en toda España en que los ciudadanos puedan votar bien sobre la independencia, bien sobre el encaje territorial de Cataluña dentro del Estado y «con algún tipo de quorum». Sin embargo advierten de la «controversia jurídica» que puede generar y además recomiendan la figura de un «mediador».
Así lo recoge el informe del Consell Acadèmic per a l’Acord de Claredat, que su presidente, Marc Sanjaume, ha presentado en rueda de prensa este lunes después de trasladárselo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. El informe también recoge «mecanismos análogos» al referéndum para resolver el conflicto: un acuerdo político entre instituciones representativas o unas elecciones plebiscitarias, fórmula que -advierten- puede ser vista como una estrategia de parte.
Según ha explicado Sanjaume, el informe del Consell busca abrir «horizontes» sobre las vías de resolución del conflicto territorial a partir de experiencias en política comparada, sin prescribir ninguna y sin analizar su viabilidad jurídica. En el informe, consultado por Europa Press, los expertos constatan que existen fórmulas «de parte» y no acordadas para resolver los conflictos territoriales, pero advierten de que, para alcanzar una solución estable, todas las partes deben poder defender sus posiciones.
Tras concretar que hay muchos conflictos territoriales en los que inspirarse, Sanjaume ha admitido que los que implican identidades nacionales y territorios son «difíciles de resolver, lentos y no admiten soluciones únicas o copiadas al pie de la letra», por lo que requieren vías acordadas, reflexionadas y estudiadas.
Según él, un potencial acuerdo de claridad busca las maneras de avanzar, de manera acordada, en la resolución de un conflicto como el catalán, por lo que deberían tenerse en cuenta «los intereses legítimos de los ciudadanos, también los del resto del conjunto del Estado».
El referéndum
En el informe, y a partir de las cinco preguntas que les trasladó Aragonès, el Consell Acadèmic defiende que el referéndum es el «mejor instrumento» para identificar las preferencias de los ciudadanos en un conflicto territorial y legitimarlas democráticamente en una votación. En contrapartida -apuntan-, un referéndum supone reducir cuestiones complejas a una sola pregunta, puede dar lugar a polarización y generar peligro de «manipulación política».
«Sin embargo, cuando el referéndum descansa en un acuerdo entre las partes enfrentadas, existe una buena regulación jurídica que la ampare y garantice sus resultados, y se formula una pregunta clara, los resultados de un referéndum son mucho más precisos y diáfanos que los de unas elecciones», sostienen.
Al mismo tiempo, consideran «muy relevante» en soluciones acordadas el papel del conjunto del Estado, ya sea del Gobierno, el Parlamento o del resto de ciudadanos.
Dos tipos de referéndum
Los expertos señalan que existen dos tipos de referéndum distinto: de inicio (si se convocan para conocer la opinión de la ciudadanía sobre un asunto) o de ratificación (para que la ciudadanía avale o rechace un acuerdo). El referéndum de independencia de Escocia en 2014 obedecía a la primera fórmula, mientras que los referendos previstos para ratificar los estatutos de autonomía corresponden a la segunda, ha detallado Sanjaume.
«Nada impide que estas dos modalidades de referéndum se puedan combinar en un proceso complejo de gestión o resolución de un conflicto», apunta el informe. El documento también se refiere al dictamen del Tribunal Supremo del Canadá sobre la secesión del Quebec de 1998, que señala que los principios rectores de un acuerdo de claridad son la democracia, el imperio del derecho y constitucionalismo, el federalismo y la protección de las minorías.
La armonización de estos principios, según Sanjaume, debería conllevar que pudiera hablarse de todas las opciones sobre el estatus político de Cataluña, desde la autonomía hasta la independencia. También ha avisado de que hay otros actores a tener en cuenta en un acuerdo de claridad, como los entes locales, los subestatales, el resto de territorios del Estado y de comunidades, y los tribunales, como el Tribunal Constitucional (TC).
Tribunal Constitucional y mediadores
Un referéndum de independencia en Cataluña encontraría, según el informe, «controversia jurídica» dentro del marco legal español, algo que, a juicio de los expertos, no debería impedir que se abriera una negociación política al respecto.
«El TC es clave para la viabilidad de un acuerdo de claridad», destacan en el informe, tras constatar que desde 2008 ha tenido una participación reiterada en el conflicto y que la jurisprudencia pone grandes dificultades -precisan- a la autodeterminación territorial. Los expertos también recomiendan la figura de personas o instituciones mediadoras y, aunque no la consideran imprescindible, observan que es una estrategia «al alza» para desencallar conflictos.
Viabilidad y demos
Según el Consell Acadèmic, el referéndum podría celebrarse bien en Cataluña, bien en toda España; en ese último caso -advierten- podría haber un «problema de legitimidad democrática de difícil solución» en caso de que en Cataluña existiera una gran mayoría a favor de la independencia, y en el resto del Estado no.
«Partir de la base de que el único demos relevantes es el del territorio que se quiere separar ignora que una decisión como la independencia impone consecuencias muy relevantes a la ciudadanía del resto del Estado, y que la misma lógica democrática requiere que esta ciudadanía disponga de algún mecanismo de codecisión», añaden.
En cuanto al quórum, los expertos planten umbrales de participación mínima «para garantizar la significación de los resultados», aunque alertan de que, de ser demasiado altos, habría riesgo de campaña en favor de la abstención. En referendos de especial trascendencia política -subrayan- también pueden establecerse mínimos de voto favorable para evitar «la arbitrariedad de mayorías espurias» con una mayoría de poco más del 50% y que podría cambiar poco después.
«Los umbrales de voto mínimo pueden conllevar, sin embargo, una lesión del principio de voto equitativo», por lo que los expertos recomiendan que cuenten con consenso político previo, o que los resultados se ratifiquen en referendos sucesivos o elecciones.
Los negociadores deberían «armonizar»
El Consell concluye que la «definición de una propuesta concreta de referéndum que permita avanzar hacia la resolución del conflicto político entre Cataluña y España debería ser parte del acuerdo de claridad».
Aunque avisa de que no le corresponde proponer una solución concreta, subraya que los negociadores deberían «armonizar y no jerarquizar los principios de democracia, imperio de la ley y constitucionalismo, federalismo y protección de las minorías».
Los efectos políticos
El Consell avisa de que es necesario un consensos sobre la aceptación de los resultados del referéndum y sus efectos políticos, «más allá del carácter jurídicamente vinculante o no» del mismo.
«No hacerlo, pese a haber aclarado la existencia de una demanda política mayoritaria, implicaría por definición no respetar estos principios y podría incentivar intentos de satisfacerla por otras vías», alertan. También apuntan que, en caso de un resultado favorable a un mayor autogobierno, «también requiere un deber de negociación de buena fe» para lograr un nuevo encaje, en sus palabras, de Cataluña dentro de España.
